Responsabilidad penal A SERVIDORES PÚBLICOS

Responsabilidad

penal A SERVIDORES

PÚBLICOS

Juan Manuel Hernández Licona

En ocasiones escuchamos, ya sea en una plática coloquial, en una conferencia, en la televisión, en la radio o bien, leemos en Internet, el periódico o revistas, que al hacer mención de la persona que trabaja para el gobierno, se utilizan indistintamente las denominaciones de funcionario público, empleado público o servidor público.

El manejo indiferenciado de dichas denominaciones no constituye mayor problema, pues al final todos ellos son trabajadores del gobierno en cualquiera de los Poderes de la Unión o de los organismos constitucionalmente autónomos. Sin embargo, si se pretende hablar con precisión, es indispensable estudiar y advertir que sí existen diferencias entre las denominaciones de funcionario público, empleado público y servidor público.

El funcionario público es aquella persona física que tiene a su cargo el ejercicio de una función pública, ya sea por elección ciudadana o por designación directa y que cuenta con cierta categoría, es decir: su cargo forma parte de los grados superiores de la estructura orgánica, ejerce su autoridad mediante el uso de medios coercitivos, sus funciones impactan directamente a la sociedad, representa la voluntad del Estado y tiene alta responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

El empleado público es una denominación que corresponde a los trabajadores del Estado de menor categoría. Sus actividades no son complejas ya que sus funciones no impactan directamente a la sociedad, no representan la voluntad del Estado y son sujetos de responsabilidad, pero en menor medida que los servidores públicos.

La denominación de servidor público surge en la Constitución Federal, en virtud de una razón muy lamentable, pues tuvo que ver con la pésima atención que brindaban los funcionarios o empleados públicos a la población.

Fue por ello que el 28 de diciembre de 1982, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas constitucionales y legales, con el propósito de renovar las bases legales para prevenir y sancionar la corrupción y los malos tratos en el servicio público. Una de esas reformas se refiere a la denominación del término servidor público, que desde esa fecha se aplica a los trabajadores del gobierno, independientemente de su jerarquía, rango, origen o lugar de empleo, cargo o comisión.

La nueva denominación de servidores públicos tuvo y tiene el propósito de contribuir no sólo a desterrar la prepotencia, negligencia y desdén con que solían conducirse diversos servidores públicos de cualquier nivel, sino también de generar conciencia en la propia comunidad sobre la función servicial que aquellos desempeñan y la posibilidad de exigirles el estricto cumplimiento de sus funciones, así como el respeto a los derechos e intereses de los gobernados.

Puede afirmarse que servidor público puede percibirse como un término genérico y el funcionario público y el empleado público, son las especies.

Responsabilidad de los servidores públicos

Cuando en el desempeño de sus funciones los servidores públicos incumplen con las obligaciones que la Constitución o la ley les imponen, se generan responsabilidades a favor de los sujetos lesionados o del Estado mismo, las cuales pueden presentar características diferentes, en razón del régimen legal aplicable, de los órganos que intervienen, de los procedimientos para su aplicación, y de la jurisdicción a cuya competencia corresponde su conocimiento.

En México, actualmente, el régimen de responsabilidades de los servidores públicos federales abarca diversas clases, a saber:

La responsabilidad política, que es aquella en la que pueden incurrir ciertas categorías de servidores públicos de “alta jerarquía”, cuando, en el ejercicio de sus funciones, cometen actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

La responsabilidad penal que tiene lugar cuando cualquier servidor público comete un delito.

La responsabilidad administrativa derivada de que cualquier servidor público, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, falte a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público.

La responsabilidad civil que se origina cuando un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, causa daños patrimoniales –materiales y morales o sólo materiales o sólo morales– a particulares.

La responsabilidad resarcitoria que tiene lugar cuandoservidores públicos causan un daño o perjuicio, estimable en dinero, al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, o bien al de los locales y municipales, en sus respectivas haciendas.

Tal sistema de responsabilidades se basa en un principio de autonomía, de acuerdo con el cual para cada tipo de responsabilidad se establecen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de ellas coincidan, de modo que un servidor público pueda ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado por diferentes vías y con distintas penas.

Responsabilidad penal de los servidores públicos en México

Abarca un área limitada. Emerge toda vez que el comportamiento del servidor público sea antijurídico y culpable, que haya tenido lugar en el ejercicio de la función pública y que encuentre tipificación en el Código Penal o en las leyes especiales.

Conforme a la fracción II del Artículo 109 de la Constitución Federal: “La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal”, de tal suerte que el Código Penal Federal comprende una serie de delitos en las que el sujeto activo necesariamente debe tener la calidad de servidor público, por ejemplo: ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, tráfico de influencia, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, etc.

Para estos delitos se asignan penas tales como: privación de la libertad, sanción económica, destitución e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas, así como el decomiso de bienes cuya legal procedencia no se logre acreditar.  Ahora bien, para proceder penalmente contra los servidores públicos, primero hay que distinguir si se trata de servidor público de alto nivel o no. Los que no son de alto nivel no gozan de fuero, y por tanto no se requiere de un procedimiento previo para que sean juzgados. Para los servidores públicos de alto nivel jerárquico que gozan de la protección constitucional (denominada fuero), se requiere primero desahogar el procedimiento denominado declaración de procedencia,[1] como requisito previo para proceder penalmente contra el funcionario. Los sujetos que gozan de protección constitucional están referidos en el artículo 111 constitucional.

Responsabilidad penal de los servidores públicos en Francia

El sistema de responsabilidad penal de los servidores públicos en Francia se rige por tres reglas:

1. El código penal francés establece tipos penales especiales para servidores públicos, sin importar la jerarquía de su nombramiento, ni si están adscritos a alguno de los poderes federales, tales como: ataques contra el gobierno cometidos por personas que ejercen una función pública; ataques a la libertad individual; discriminación; ataques a la inviolabilidad del domicilio; atentados contra el secreto de la correspondencia; exacciones arbitrarias; cohecho pasivo y tráfico de influencias cometidos por personas que ejercen una función pública y cobro ilegal de comisiones; atentados contra la libertad; malversación de fondos.

Estos delitos sancionan a todo servidor público que haya cometido la conducta penal y las sanciones pueden consistir en multa o prisión, e incluso, en determinados casos la pérdida de los derechos civiles, cívicos y familiares; la prohibición para ejercer cargos públicos o para ejercer la actividad profesional o social; el decomiso de dinero o bienes que recibió ilegalmente por parte del delincuente, con la excepción de los artículos sujetos a la restitución y la difusión de la sentencia.

2. Tratándose de miembros del parlamento, éstos gozan de un tipo de “fuero constitucional”, lo que quiere decir que no pueden ser arrestados sin autorización de la Cámara. Esta es una figura similar a la declaración de procedencia que tenemos en México. Cabe decir que el “fuero” no procede en caso de flagrancia. En resumen, para que puedan ser procesados los miembros del parlamento francés, primero tiene que obtenerse la autorización de la Cámara a la que pertenezcan, y luego ser llevados ante la justicia penal, a menos que el delito se haya cometido en flagrancia, en cuyo caso no se requiere de dicha autorización.[2]

3. Existen disposiciones constitucionales específicas en materia de responsabilidad penal para los servidores públicos que forman parte del Gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo. No aplican para los miembros del parlamento ni del Poder Judicial. También se advierte una especie de fuero constitucional, pues para proceder penalmente se requiere la aprobación de una Comisión de Admisión.[3] 


[1]     El procedimiento de declaración de procedencia está previsto en el artículo 111 constitucional y en el capítulo III de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y tiene los siguientes rasgos: Es no jurisdiccional. A través de la declaración de procedencia se autoriza el inicio de un procedimiento penal, ante las autoridades competentes contra servidores públicos investidos de inmunidad. No resuelve el fondo de la cuestión planteada, sino que, sin prejuzgar, se remueve un obstáculo para que se pueda actuar penalmente contra el servidor público; es un requisito de procedibilidad. Tiene el objetivo de que mediante una instancia ante la Cámara de Diputados, se autorice para que las autoridades competentes puedan proceder penalmente -por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo- contra servidores públicos que gozan de inmunidad. Es de la competencia exclusiva de la Cámara de Diputados, la cual declarará si ha o no lugar a proceder penalmente contra el inculpado; se caracteriza por su carácter unicameral.  No se aplica sanción alguna, simplemente la Cámara de Diputados declarará, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado para que retirada la inmunidad, en su caso, la persona quede a disposición de la justicia ordinaria. La finalidad de la declaración de procedencia es determinar si ha lugar o no a proceder contra el inculpado. Si la declaración es que sí ha lugar, éste será separardo para que quede sujeto a proceso penal.  Si el proceso penal culmina en sentencia absolutoria el sujeto podrá reasumir su función. La declaración de procedencia sólo tendrá lugar mientras el servidor público funja en su encargo, pues su propósito es retirarle la inmunidad de que goza, separándolo de la función pública, para ponerlo a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados son inatacables.

[2]     El artículo 26 de la Constitución Francesa establece que ningún miembro del Parlamento podrá ser procesado, perseguido, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio de sus funciones. En materia criminal o correccional, ningún miembro del Parlamento podrá ser objeto de arresto o de cualquier otra medida privativa o restrictiva de libertad sin autorización de la Mesa de la Cámara de la que forma parte, aunque establece la siguiente salvedad: no será necesaria dicha autorización en caso de crimen o de flagrante delito o de condena definitiva.

En consecuencia, si un miembro del Parlamento de Francia comete algún delito, antes de ser llevado a los tribunales competentes, es indispensable que se obtenga la autorización de la Mesa de la Cámara a la que pertenezca. Si se obtiene la autorización, podrá ser llevado a los tribunales; en caso contrario, tendrá que esperar a que concluya su mandato, para iniciar el proceso sin obstáculos.

[3]     La Constitución Política de Francia en el Título X denominado responsabilidad penal de los miembros del Gobierno, refiere que los miembros del Gobierno serán responsables penalmente de los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones y tipificados como delitos en el momento en el que los cometieron. Sin embargo, al igual que los miembros del Parlamento, para juzgar a los miembros del Gobierno se requiere de una aprobación previa, lo que da a entender que gozan de una protección constitucional.

Para ser juzgados se exige, como requisito de procedibilidad, la presentación de una denuncia, si no hay tal no se inicia procedimiento alguno. Esta denuncia debe presentarse ante una Comisión de Admisión, por cualquier persona que se considere ofendida por un delito cometido por un miembro del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.

Esta Comisión de Admisión estudia el asunto y puede tomar dos opciones:

a)Considerar que no hay elementos y entonces archivar el asunto.

b)Considerar que sí hay elementos y enviar el expediente al Fiscal General del Tribunal de Justicia de la República, para que en dicho tribunal se desahogue el procedimiento por la probable comisión de un delito a cargo del servidor público del Gobierno. Dicho Tribunal de Justicia de la República, por disposición expresa, estará vinculado por la tipificación de los delitos, así como por la determinación de las penas, tal como resulten de la ley.

Juan Manuel Hernández Licona

 

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