Continúa Foro virtual “Ruta PEF 2023: Construyendo un Presupuesto para la Niñez y la Adolescencia”

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Boletín No. 2734

Continúa Foro virtual “Ruta PEF 2023: Construyendo un Presupuesto para la Niñez y la Adolescencia”

• Especialistas presentaron propuestas y necesidades de recursos para ese sector

En el segundo día de trabajos del foro virtual “Ruta PEF 2023: Construyendo un Presupuesto para la Niñez y la Adolescencia”, organizado por la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que preside la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), se escucharon propuestas y necesidades de recursos para esta población.

La secretaria de la Comisión, diputada Norma Angélica Aceves García (PRI), explicó que el fin es escuchar a especialistas, organizaciones de la sociedad civil y dependencias que trabajan directamente con niñas, niños y adolescentes, a fin de conocer su visión y análisis derivado del PPEF 2023, pues lo que compartan formará parte de la opinión técnica que emita esta instancia legislativa.

“Es de suma importancia conocer de primera mano las problemáticas relacionadas con la niñez y la adolescencia, sobre todo las vinculadas con los recursos que tienen un impacto directo e nla materialización de sus derechos”, indicó.

La diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN), también secretaria de la Comisión, se pronunció por alcanzar un presupuesto a la altura del trabajo, esfuerzo y pasión por el bienestar de la niñez que tienen las asociaciones y organizaciones civiles, pues son una expresión clara de la preocupación de la sociedad civil por las niñas, niños y adolescentes.

Puntualizó que ésta es una Comisión de trabajo de todos los partidos, por lo que “buscaremos mejorar la situación de la niñez”. Reconoció la calidad y el profesionalismo con que las organizaciones de la sociedad civil responden a este tema; “ojalá que la política pública esté a la altura”, enfatizó. 

Intervención de especialistas

En su ponencia “Aproximaciones para comprender la importancia de la salud mental de niñas, niños y adolescentes”, Malcom Aquiles Pérez, gerente de Política Pública de World Vision México, aclaró que ésta no se trata sólo de la ausencia de trastornos, pues existen afectaciones piscosociales y de discapacidad que requieren recursos para garantizarles una vida en plenitud.

Señaló que en 2020 decidieron suicidarse mil 150 menores, es decir un promedio de tres casos por día. “Sabemos por personal de primer contacto que son problemas que no fueron atendidos o canalizados, por lo que esto es un reflejo de situaciones críticas”.

En su presentación “Protección de los derechos humanos para niñas, niños y adolescentes desde el Presupuesto 2023”, Patricia Vázquez del Mercado, directora ejecutiva de Fundación Juntos con las Niñas y Niños, dijo que la violencia ha sido una de las consecuencias de la pandemia por Covid-19 en todas las familias, sin importar el nivel socioeconómico o lugar de origen. Pidió reflexionar sobre la necesidad de asignar recursos pues datos de la UNICEF indican que uno de cada dos niños en el mundo sufrió algún tipo de violencia. 

“Si invertimos en estrategias de prevención habrá un impacto contundente en el desarrollo de las familias, pero en la propuesta presupuestal actual vemos con preocupación que hay reducción en muchos programas y a la estructura programática, como la atención a la primera infancia”, subrayó.

En su oportunidad, Araceli González Zaavedra, coordinadora del proyecto “Protejamos a las niñas, erradiquemos el embarazo infantil”, de Equifonía, se refirió al presupuesto municipal para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y establecer recursos para erradicar el embarazo infantil, pues hay nueve mil 91 casos de niñas menores de 15 años en gestación, lo que profundiza sus condiciones de pobreza.

Expresó que, para avanzar en su eliminación, se debe garantizar presupuesto, producir servicios con perspectiva municipal, destinar insumos y personal con capacidades adecuadas, difundir servicios para niñas, niños y adolescentes y mejorar el acceso a detección y la intervención de procuradurías municipales e instituciones preparadas. 

Julieta Patricia Gutiérrez Suárez, líder del área de Monitoreo y Evaluación de REINSERTA, presentó la ponencia “Infancias y adolescencias expuestas a la violencia, retos de intervención” enfocada en la población que nació y vive en prisión con sus madres, que tienen a sus mamás ahí o que en algún punto de su adolescencia o tuvieron una comisión delictiva.

Se pronunció por atender la problemática con sensibilización porque estos menores son los más invisibilizados. Planteó una reingeniería presupuestal que priorice al sector focalizando los factores asociados a la violencia; construir alianzas estratégicas para aumentar la efectividad de los presupuestos y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencias, para transformar sus vidas mediante nuevas oportunidades. 

El presidente de Impacto Social Metropolitano, MetGroup, Rodolfo Córdova Alcaraz, se refirió a la importancia del presupuesto para la niñez migrante. Explicó que en el Sistema Nacional DIF hay una bolsa de recursos por mil 500 millones de pesos para subsidios, cuyo destino no es claro, por lo que la negociación presupuestal es una oportunidad para analizar cuánto de eso se puede canalizar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y fortalecer su trabajo.

Agregó que COMAR no tiene capacidad para procesar las solicitudes que recibe, que pasaron de mil 200 en 2013, a 131 mil en 2021; tiene únicamente 19 agentes con capacidad para firmar el reconocimiento de refugio a extranjeros y el Anexo 18 asigna cinco millones de pesos para la atención de niñas, niños y adolescentes, que no son suficientes dada la dimensión del problema, cuando “hay mil 500 millones en subsidios que no sabemos a dónde se van”.

Con el tema “Retos de intervención y presupuesto en la prevención, atención y desvinculación de la niñez víctima de reclutamiento y utilización”, Erika Salas Mayme, encargada de Legislación y Políticas Públicas, en la Red por los Derechos de la Infancia en México, manifestó su preocupación por que en el PEF 2023 no se reflejan recursos para programas que atiendan factores asociados a la captación de menores por parte de grupos criminales, pues han aumentado los casos donde la niñez es desaparecida. 

“Es una de las más graves formas de violencia, atenta contra su dignidad, su derecho a la educación, a una vida libre de violencia y al libre desarrollo de la personalidad”, consideró.

Con la ponencia Análisis del Presupuesto para la Infancia con Discapacidad, Mariangie Silveyra Baquedano, directora de la asociación civil Educación Especial MAS+, apuntó que hay una deuda histórica porque la discapacidad se aborda con visión asistencial y rehabilitadora, en donde se les concibe como sujetos de beneficio económico, pero no se les ve desde una perspectiva humanista, se dejan de lado sus necesidades y las situaciones en que se les vulneran sus derechos.

Puntualizó que se requiere capacitar médicos para generar mayor empatía al momento de recibir a un bebé, diagnosticar o dar noticias sobre la salud, pues desde ahí no hay respeto a las familias. “Es un tema de sensibilización”.

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