Comisión de Igualdad de Género se reúne con asociación civil para orientar la armonización legislativa del derecho al cuidado

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“2025, Año de la Mujer Indígena”

LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”

Boletín No. 2791 

La Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Anais Miriam Burgos Hernández (Morena), se reunió con integrantes de MIDI, Mujer Ideas Desarrollo e Investigación S.C., para presentar criterios orientadores para la armonización legislativa del derecho al cuidado.

 

Burgos Hernández expresó que es importante que la sociedad civil ayude a desmenuzar cuáles son las leyes en las que se tiene que trabajar para hacerlo de manera coordinada, así como con la Secretaría de las Mujeres y las dependencias para ir todas juntas construyendo esta sociedad del cuidado.

Destacó la aprobación en el Anexo 31 de 461 mil millones de pesos que implican el inicio de la construcción de una infraestructura, porque ese rubro va dirigido a una sociedad de cuidados. El planteamiento de la presidenta de la República es ir paso a paso, primero ver con qué se cuenta, qué es lo que hace falta y cómo seguir aplicando para echar a andar la ley general.

La diputada Anayeli Muñoz Moreno (MC) manifestó que lo que se tiene que llevar a la agenda legislativa y contar con presupuesto, son los cuidados, porque al final se ha llevado la igualdad sustantiva a la Constitución, pero si no hay un sistema de cuidados no se va a avanzar hacia la igualdad. Por ello, reconoció que en el presupuesto ya aparece el nuevo Anexo.  

La diputada Mariana Benítez Tiburcio, de Morena, señaló la importancia de los insumos por parte de la asociación, porque es un trabajo largo y extenso la revisión de más de 37 leyes. Añadió que este año se tienen que identificar cuáles son los recursos que las dependencias utilizan con perspectiva de cuidados para avanzar a la par con el gobierno.  

La consultora MIDI, Marta Tagle Martínez, presentó los resultados del proyecto desarrollado con el apoyo de Open Society Foundation, el cual se constituye de tres componentes. El primero, la realización de asambleas participativas comunitarias sobre cuidados, el segundo reunió testimonios de mujeres jornaleras y trabajadoras del campo, y el tercero es una propuesta de criterios orientados al trabajo legislativo para la armonización normativa de cuidados.

Úrsula Sánchez Solano, de Open Society, explicó que el proyecto representa la semilla para avanzar en la democratización del acceso al cuidado y que los aportes recabados por MIDI están disponibles para fortalecer el trabajo legislativo. Presentó la guía de Criterios Orientadores para la Armonización Legislativa en Materia de Cuidados, la cual busca facilitar las labores legislativas mediante un análisis estructurado del derecho al cuidado.  

La consultora Erika Coronel Pérez señaló que se realizó un análisis de 37 leyes relacionadas con el derecho al cuidado y para cada una se identificó su tipo, materia y objeto para determinar el alcance de cada norma y evitar incluir disposiciones fuera de su ámbito. Subrayó que este ejercicio, junto con la investigación documental sobre el derecho al cuidado y la armonización legislativa, permitió construir los criterios que se presentan a la Comisión.

En otro punto del orden del día, las y los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género desecharon propuestas en materia de violencia en el ámbito familiar y de patrimonio y acceso a la vivienda de mujeres víctimas de violencia, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.

 

Asuntos generales

En este apartado, la diputada Burgos Hernández informó sobre la reunión que tuvo con la Secretaría de las Mujeres, las presidentas de las Comisiones de Igualdad de Género de congresos estatales y con representantes de los poderes Ejecutivos estatales para proponer la armonización de los códigos penales con relación al abuso sexual y plantear una ruta de trabajo para la armonización legislativa en materia de igualdad sustantiva y contra las violencias hacia las mujeres.

Explicó que derivado de esta reunión, se elaboró el llamado Pacto de Xicoténcatl por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en el cual se reconoce que la violencia sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres, que el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violencias con estándares de debida diligencia reforzada.

También, la normalización social y la impunidad institucional incrementan el riesgo y reducen la libertad de las mujeres y las niñas y que ninguna mujer debe enfrentar sola un sistema que históricamente ha minimizado, negado o justificado la violencia sexual.

Añadió que las asistentes de los tres niveles de gobierno se comprometieron a llevar a cabo siete acciones concretas y con base en dicho pacto se propuso una campaña nacional para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, así como establecer un compromiso público y permanente para avanzar de manera coordinada hacia la erradicación de estas violencias.

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