Comisión de Movilidad exhorta a autoridades estatales a reforzar políticas de seguridad vial para motociclistas

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“2025, Año de la Mujer Indígena”

LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”

Boletín No. 3014 

• También, a publicar los estudios técnicos que justifican el aumento de $1.50 pesos a la tarifa del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo en la Ciudad de México

La Comisión de Movilidad, que preside la diputada Patricia Mercado Castro (MC), aprobó por unanimidad dos dictámenes con punto de acuerdo dirigidos a reforzar políticas de seguridad vial para motociclistas, y publicar los estudios técnicos que justifican el aumento de $1.50 pesos a la tarifa del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo en la Ciudad de México.

 El primero, exhorta a las secretarías de Movilidad, Seguridad Ciudadana y demás instancias competentes de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus competencias, diseñen e implementen estrategias integrales de prevención y seguridad vial bajo el enfoque de sistemas seguros previsto en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de reducir los siniestros y muertes de motociclistas.

El diputado proponente, Pedro Vázquez González (PT), señaló que el uso de la motocicleta es un fenómeno relativamente nuevo y ya se considera como un transporte cotidiano y una actividad laboral que ha beneficiado la movilidad y la economía de miles de familias, pero también ha presentado un aumento alarmante en los índices de siniestros viales.

De Morena, la diputada Alma Delia Navarrete Rivera felicitó al diputado Vázquez González y externó su preocupación ante la problemática descrita, ya que la cultura vial en México es casi nula.

La diputada Mercado Castro recordó que anteriormente sostuvieron distintas reuniones con sectores de la población como trabajadores, empresas de plataformas, organizaciones de motociclistas y sociedad civil, así como autoridades de movilidad para resolver esta situación. Agregó que para el próximo año se comprometen a recabar todas las propuestas que se compartieron en las distintas mesas para analizar qué actualizaciones son necesarias en la ley antes referida a raíz de este problema.

Por otra parte, aprobaron hacer un llamado a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México paran que publique los estudios técnicos que justifican el aumento de $1.50 pesos aplicado a la tarifa del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo en la Ciudad de México, autorizado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No.1728 Bis de fecha 31 de octubre de 2025, conforme a lo previsto en los artículos 165 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y 4, 13, 15 y 67, fracción XII de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Esto, con el objetivo de garantizar las condiciones de accesibilidad y eficiencia del derecho a la movilidad para la población de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), especialmente para los grupos más vulnerables como mujeres, estudiantes y personas cuidadoras.

Asimismo, para que, en el ámbito de su competencia y en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 76 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se fortalezcan los convenios de coordinación metropolitana en materia de movilidad, incluyendo aquellos orientados a la programación y asignación de recursos.

Precisa que el objetivo es destinar un flujo constante y multianual de financiamiento para la infraestructura, operación y mejora de la calidad del servicio de la red integral de movilidad de la Ciudad de México.

La instancia legislativa reconoce que el incremento tarifario en el transporte público de la Ciudad de México impacta directamente a millones de personas que dependen de este servicio para ejercer su derecho a la movilidad; por ello, las tarifas deben ser razonables, proporcionales y acordes con la capacidad de pago de las familias.  

Señala que las autoridades capitalinas aseguran que las nuevas tarifas se determinaron con base en un análisis técnico, social y financiero amplio, por lo que es indispensable que estos estudios se hagan públicos, a fin de garantizar la certeza de que el aumento tarifario se ajuste a los principios establecidos en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. 

De MC, el diputado Hugo Manuel Luna Vázquez propuso elaborar un análisis comparativo de las 32 entidades de la República para saber cuál es el marco jurídico de su mecanismo para el análisis de la tarifa de transporte público, así como elaborar un capítulo comparativo de cómo sucede en las zonas metropolitanas, particularmente en las que son interestatales, que les permitan encontrar coincidencias y áreas de oportunidad.

La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz (PAN) pidió que se dé cumplimiento a lo que la ley local señala, es decir que sean públicos los estudios para que sean del conocimiento de la ciudadanía.  

El diputado del PT, Luis Fernando Vilchis Contreras sugirió solicitar a las autoridades correspondientes la información, “porque un exhorto de esta naturaleza yo lo considero políticamente incorrecto”.  

  Para la diputada Mayra Espino Suárez (PVEM), el punto de acuerdo está perfectamente bien argumentado y dijo que las y los legisladores tienen derecho a realizar este tipo de exhortos y solicitudes de información que afectan directamente a la ciudadanía y al bolsillo de las familias.  

Asuntos generales

La diputada Mercado Castro informó que, derivado del caso de las carreras clandestinas en Puebla, la secretaría técnica ya se encuentra elaborando un documento conforme a la evidencia nacional e internacional para contar con un análisis contrafactual, que a través de una proyección de los escasos datos que hay en la materia proporcione una aproximación a los resultados de la posible regulación de esta materia.  

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