Comisión de Presupuesto se reúne con presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia estatales

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Boletín No. 4511

• Plantean inquietudes y requerimientos presupuestales para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se reunió con 25 presidentas y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de la República, con el fin de conocer sus inquietudes, preocupaciones y requerimientos presupuestales para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 

Implementación necesita colaboración entre Poderes 

El presidente de la Comisión, diputado Erasmo González Robledo (Morena), expresó que es la oportunidad de escuchar los requerimientos y reflexionar sobre la homologación de las normas procesales en materia civil y familiar, pues el pasado mes de abril de 2023 se aprobó la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Indicó que el reto es hacer frente al tema de implementación y respetar el plazo para lograrlo. “Hay una necesidad de trabajar en conjunto para tener una justicia más eficiente y equitativa para todos los ciudadanos; la implementación efectiva del Código requiere de la colaboración estrecha entre los poderes Legislativo y Judicial”.

Por ello, dijo, estamos reunidos para escuchar cada una de sus inquietudes y necesidades en relación con la homologación de las normas procesales; reconocemos que cada entidad federativa tiene sus propias particularidades, de ahí que es fundamental tener en cuenta su experiencia y conocimiento para lograr una armonización adecuada.

“Nuestro objetivo es fortalecer y agilizar la justicia civil y familiar en todo el país, evitando divergencias y obstáculos innecesarios que puedan generar inequidades; la homologación de las normas procesarles nos permitirá establecer estándares comunes que garanticen una justicia pronta, expedita y de calidad, y responder a las necesidades de la sociedad. Es tarea de todos buscar que la impartición de justicia sea cada vez más accesible y confiable”, añadió.

Se requieren recursos presupuestales, financieros y operativos

El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), llamó a realizar importantes reformas a los transitorios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y autorizar recursos federales y locales suficientes para implementar la aplicación del mismo.

“Venimos 25 presidentas y presidentes de los tribunales para exponerles por qué estamos en un estado de alarma, en el cual, si no se tienen las mismas condiciones de legalidad presupuestales, orgánicas y financieras para todos los tribunales de las entidades federativas de ninguna manera se podrá garantizar un sistema de impartición de justicia en condiciones de igualdad en donde se respeten los derechos humanos de acceso a la justicia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva”, subrayó.

Precisó que un Poder Judicial sólido y fuerte debe contar con los recursos presupuestales, financieros y operativos que garanticen la solución pronta, expedita y digna del conflicto y la paz social, con el fin de establecer condiciones dignas de igualdad y de calidad para prestar sus servicios de impartición de justicia. Hizo entrega de un paquete provisional de un ejercicio financiero de cada estado para observar la magnitud del presupuesto que necesitan.

Diputadas y diputados

La diputada Lidia García Anaya (Morena) reconoció que la implementación de la reforma del Código de Procedimientos Civiles y Familiares “merece toda nuestra atención y responsabilidad” y asumió “el compromiso de establecer las estrategias desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para la implementación de fondos plurianuales y programas de apoyo para la infraestructura y seguridad pública”.  

La diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) afirmó que implementar el nuevo sistema de justicia requiere presupuesto para infraestructura y capacitación. Propuso que los poderes judiciales locales lleven la voz predominante en el proceso y reconoció su legítima preocupación por el tema presupuestario. Planteó elevar de cuatro a ocho años el tiempo para su implementación. 

A su vez, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) reconoció que se tienen muchos retos para que funcione el sistema de justicia civil y familiar, por lo que la Cámara de Diputados debe estar a la altura del momento histórico y asignar recursos para el nuevo sistema. Se pronunció por dotar de presupuesto a los poderes judiciales locales porque de eso depende su independencia y autonomía.

Del PVEM, el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis estimó que la expedición del Código “no significa que de la noche a la mañana se vayan a superar los problemas relacionados con la justicia cotidiana en nuestro país, el verdadero desafío será la implementación”. Resaltó la importancia de conocer la visión de quienes integran las instituciones que llevarán a cabo los cambios para establecer una agenda conjunta que permita la asignación oportuna de los recursos presupuestarios. 

Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, sostuvo que esta reunión “no tiene precedentes, es histórica” y hay voluntad de la Cámara de Diputados de dialogar; celebró su realización para marcar una ruta sobre el presupuesto que se requiere y propuso que el siguiente paso sea reunirse con el secretario de Gobernación. 

La diputada Mirza Flores Gómez (MC) expresó que no puede haber justicia sin presupuesto, y se pronunció por dar recursos para implementar el nuevo sistema, digitalizar procesos, fortalecer mecanismos de justicia alternativa y sistemas internacionales para que la justicia llegue a todo el país. Pidió generar presupuestos suficientes y responsables para lograr los objetivos del nuevo Código.

Del PRD, el diputado Miguel Ángel Torres Rosales sostuvo que se debe atender el planteamiento presupuestal de los poderes judiciales; “hay recursos, sólo falta voluntad”. Señaló que se debe hacer lo necesario para que funcione el nuevo Código y “este ejercicio deberá obligarnos a hacer los ajustes, también para dar una temporalidad mayor a su aplicación general”. 

Presidentas y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia estatales

Del Tribunal de Zacatecas, Arturo Nahle García, afirmó que la implementación del nuevo sistema requiere presupuesto para concretarse; planteó etiquetar y aumentar los recursos gradualmente; además, reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para este propósito. 

El magistrado Alejandro Isacc Fragozo López, de Baja California, solicitó que en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación se prevea un dispositivo claro para implementar el nuevo sistema que, de otra manera, “no podremos sacarla los estados”.

En tanto, la magistrada de Campeche, Virginia Leticia Lizama Centurión, resaltó que los recursos son necesarios para atender a la población más vulnerable que son niñas, niños adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y de la tercera edad.  

El magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup, de Coahuila, consideró que el nuevo Código es un avance en la impartición de justicia en México, y su implementación requiere asignación de recursos específicos. Planteó crear un fondo nacional de apoyo para la administración de justicia local.

De Colima, el magistrado Juan Carlos Montes y Montes, afirmó que la falta de autonomía e independencia en la gestión financiera es un área de oportunidad que aflige a la mayoría de los tribunales, ya que implementar nuevos modelos de justicia representa una tarea compleja cuando no se tiene el recurso. 

Yolanda de la Torre Valdéz, presidenta del Tribunal de Durango, destacó que el reto es implementar e implantar la justicia para las y los mexicanos; por ello, es justificable un fondo para fortalecer a los tribunales del país, así como analizar la infraestructura para juicios en línea y la oralidad en materia civil y familiar. 

El magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez, de Guerrero, solicitó destinar un ramo presupuestal para los Poderes Judiciales locales que les permita avanzar en infraestructura y capacitación de personal. “No nos abandonen, somos los que damos estabilidad a las entidades y si no contamos con ustedes no podremos hacerlo”.

En su oportunidad, la magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría, de Hidalgo, dijo que se deben considerar recursos financieros para lograr la transición y tomar en cuenta la situación de cada poder judicial, sus realidades y diferencias, así como preservar las innovaciones que algunos ya han implementado.

Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente de Jalisco, estimó que la legislación es necesaria para tener justicia digital y actualizarla, “pero no lo podemos hacer sin presupuesto; necesitamos adoptar un nuevo sistema actual, moderno, que garantice una justicia pronta y expedita, pero sin dinero será imposible”.  

El magistrado Jorge Reséndiz García, del Supremo Tribunal de Michoacán, afirmó que toda reforma legislativa debe acompañarse de presupuesto para su implementación y consolidación. El sistema que está por iniciar requiere salas de oralidad, equipamiento y personal.

De Nayarit, la magistrada presidenta Rocío Esther González García, indicó que las reformas en esta materia son bienvenidas, “pero complican presupuestalmente”. Se pronunció por un proceso de asignación de recursos para lograr un servicio de calidad y manifestó el compromiso de ejercerlos con honestidad y transparencia.

Su homólogo de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, manifestó que es necesario asignar recursos federales a la implementación del nuevo Código, pues si se hace con presupuesto estatal, “el resultado será un sistema de justicia asimétrico: fuerte, sólido y bien construido en los estados ricos, pero definitivamente con muchas limitaciones en las entidades más pobres”. 

Del Tribunal de Querétaro, la magistrada Mariela Ponce Villa admitió que se les traslada “una responsabilidad en la que los culpables vamos a ser nosotros, los poderes judiciales, si no tenemos el presupuesto para implementar y darle celeridad a la justicia familiar”. 

El magistrado presidente de Sinaloa, Jesús Iván Chávez Rangel, detalló que destinar una partida de recursos o la creación de un fondo permitirá, con hechos y certezas, de que “estaríamos hablando de la aprobación de un presupuesto con perspectiva de género y de infancia”.

En representación del presidente del Tribunal de Sonora, Jorge Luis Moreno Moreno se pronunció por hacer lo necesario para implementar el nuevo Código en lo mejores términos, pues representa un gran reto para los poderes judiciales locales al introducir la oralidad en los juicios, lo cual tiene un alto costo. 

El presidente del Tribunal Superior de Tamaulipas, David Cerda Zúñiga, refirió que el Congreso tiene competencia exclusiva en materia procesal y no puede dejar a las legislaturas locales la responsabilidad de financiar la implementación del nuevo sistema.

La presidenta del Tribunal Superior de Tlaxcala, Mary Cruz Cortés Ornelas, subrayó que la implementación de este nuevo sistema sólo se va a lograr de manera “coordinada con los poderes judiciales, el Poder Ejecutivo en cada entidad y con el apoyo de los recursos federales”. 

Por su parte, el tesorero de la Conatrib, Sergio Fontes, hizo entrega de un estudio preliminar en el que se estiman requerimientos por 56 mil millones de pesos para los 32 Tribunales locales en los próximos cuatro años para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

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