Comisión de Vigilancia analiza con funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación la fiscalización de la Cuenta Pública 2023

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“2025, Año de la Mujer Indígena”

Boletín No. 1115

• Diputadas, diputados y funcionarios abordan los temas de gasto federalizado y de cumplimiento financiero, así como asuntos jurídicos

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, encabezada por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), se reunió con los auditores especiales de Gasto Federalizado y de Cumplimiento Financiero, así como con el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con motivo del informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023

 El presidente de la Comisión precisó que en el ejercicio 2023 la ASF reportó cerca de dos mil 246 auditorías, de las cuales mil 959 corresponden a la fiscalización del gasto federalizado; es decir, la mayor parte de las auditorías individuales las hace Gasto Federalizado, toda vez que ahí llegan muchos de los recursos, por lo que en esta mesa de trabajo se va a tener el cúmulo en cuanto a monto y número de auditorías más importante que lleva a cabo la Auditoría. 

También, dijo, se identificaron más de 40 mil 800 millones de pesos observados y como resultado de ello la ASF promovió dos mil 500 acciones de responsabilidad administrativa sancionatoria y generó dos mil 298 pliegos de observaciones y mil 385 recomendaciones. Por ello, indicó, se requiere que en esta mesa de trabajo los funcionarios aclaren cómo se ha comportado y el porqué de los montos observados. 

Respecto a la auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, indicó que, aunque son menos auditorías --288 auditorías para el ejercicio 2023-- sí hubo un incremento de 279 que se tuvieron en el ejercicio 2022, toda vez que ella vigila el gasto que hacen las secretarías de Estado. 

Intervención de diputadas y diputados

La diputada Gissel Santander Soto (Morena) se congratuló por los resultados obtenidos con la aplicación en las Auditorías Colmena y celebró la estrategia Colmena 2.0 prevista para el siguiente informe, porque ello facilitará la rendición de cuentas del gasto federalizado en los municipios. Solicitó detalles específicos de la auditoría número 1656 ya que representa un impacto importante en Puebla, la cuarta ciudad más importante del país.

En tanto, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena) señaló que, de acuerdo con los resultados de la ASF, los estados y municipios no son capaces de recaudar ni de manejar de manera eficiente sus finanzas, por lo que cuestionó si el Estado mexicano debe avanzar en el proceso de centralización de la administración pública. 

También de Morena, la diputada Karen Yaiti Calcaneo Constantino, expresó que la Cuenta Pública 2023 muestra una reducción en el número de acciones emitidas, lo que genera una preocupación sobre la efectividad del seguimiento que realiza la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. Consideró necesaria una explicación sobre por qué a pesar del aumento en auditorías y montos observados, las acciones emitidas han disminuido.

El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena) solicitó que en próximos informes mencionen cuántas sentencias existentes en las instancias jurisdiccionales se echaron para atrás, así como las causas de las mismas. Cuestionó en qué ayudaría convertir a la Auditoría Superior de la Federación en un Tribunal de Cuentas, tal como existe en países sudamericanos y europeos. 

Del PAN, el diputado Enrique García López puntualizó que se persigue la claridad de las cuentas y no el volumen de las auditorías. Dijo que después de realizadas éstas se debe tener la certeza de que los fondos se devuelven a la Tesorería de la nación. Destacó la importancia de conocer qué alcances tiene la Auditoría, así como los retos y desafíos que tiene con los órganos internos de control.

A su vez, la diputada Estefanía Gutiérrez Valtierra (PAN) reconoció el trabajo que hace la ASF y subrayó que la fiscalización a la Cuenta Pública no solo es un trámite burocrático, es la garantía de que el dinero se usa correctamente y que cuando hay irregularidades debe haber denuncias. “En Acción Nacional siempre vamos a abogar por el uso eficiente, eficaz, legal y transparente de los recursos de todas y todos”.

El diputado Ricardo Gallardo Juárez (PVEM) dijo que el Buzón Digital tiene cuatro años de haberse implementado, por lo que solicitó información sobre cuáles son los principales retos que enfrentan al usar dicha herramienta, cómo se han resuelto, y sobre qué resultados destacan en cuando a eficiencia, eficacia y alcance de la fiscalización con esta herramienta.

En su turno, el diputado Eruviel Ávila Villegas (PVEM) consideró que si bien el país ha avanzado en la digitalización y profesionalización de los métodos de fiscalización, se debe mejorar el proceso. Propuso crear una mesa de trabajo entre funcionarios y el Congreso de la Unión para generar una ley que regule la Inteligencia Artificial en materia de auditorías.

Para el diputado Gerardo Olivares Mejía (PT) los hallazgos de la Cuenta Pública 2023 muestran que a pesar de los esfuerzos de fiscalización aún persisten deficiencias en la administración del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en diversas entidades y montos por aclarar, por lo que es necesario precisar cómo garantiza la ASF que los ajustes se justifiquen y no reflejen fallas en la supervisión previa del ejercicio del gasto.  

Nora Yessica Merino Escamilla, diputada del PT, estimó fundamental que se refuerce la planeación y el seguimiento de las auditorías para evitar que los problemas de observación persistan año con año. Ejemplificó que, en el caso del rubro del Fomento al Turismo, el 99.98 por ciento de los montos por aclarar corresponden al Tren Maya, el cual ha sido objeto de 11 auditorías en distintos aspectos.

También del PT, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez (PT) planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de evaluación y la integración de los expedientes que la ASF presenta ante las autoridades judiciales, así como que se cumplan los estándares probatorios exigidos por FGR. Además, revisar si la Auditoría tiene la facultad para presentar denuncias por irregularidades detectadas en las auditorías y evitar que los casos son rechazados.

El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) consideró importante auditar cada peso que se gasta y que sean cada vez más las entidades federales las que se fiscalicen. Preguntó cuáles han sido los principales obstáculos estructurales para garantizar que los recursos transferidos a los gobiernos locales se ejerzan de manera eficiente. Externó su preocupación por tener observaciones por más de 51 mil 979 millones de pesos. 

Por MC, la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez pidió saber qué se hace respecto a los montos observados, ya que la finalidad de las auditorías es el retorno de los recursos públicos. En este sentido, se mencionan 27 mil millones de pesos recuperados, pero qué porcentaje corresponde del monto observado. También solicitó respuesta en torno a qué áreas de oportunidad se tienen para que los estados trabajen coordinadamente con los municipios y faciliten la labor de la Auditoría.

Gasto Federalizado es el más bajo en los últimos 23 años: Emilio Barriga

Emilio Barriga Delgado, auditor especial de Gasto Federalizado de la ASF, expuso que en la Cuenta Pública 2023 este rubro fue el nivel más bajo en los últimos 23 años, al representar el 29.4 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación que se asigna a las entidades federativas, municipios y los organismos públicos.

Detalló que la composición del Gasto Federalizado está dividida en dos grandes rubros: el programable que son los recursos que están etiquetados con fines específicos como salud, educación, seguridad pública; y los de libre disposición que son las participaciones federales, mismos que han cobrado mayor importancia en relación, debido a la eliminación de programas que se transferían a gobiernos estatales y municipales en el Ramo 23.

Indicó que el Gasto Programable representa un poco más del 50 por ciento del gasto federalizado, montos que son utilizados para los presupuestos de las entidades federativas, los cuales representan cerca del 83 por ciento de su recurso. 

Apuntó que la implementación de innovación y plataformas tecnológicas han impactado favorablemente, ya que de 2018 a la fecha se ha logrado recuperar 27 mil 200 millones de pesos, recursos que se reintegran a las entidades fiscalizadas durante el proceso de auditoría.

De igual manera, detalló en el rubro de municipios y alcaldías, se pasó de 3 mil 481 millones de pesos por aclarar a 15 mil 835 millones de pesos; es decir, se incrementó en más del 350 por ciento, mientras que en las entidades federativas se elevó en más del 37 por ciento, al pasar de 16 mil 616 millones a 22 mil 797 millones de pesos, todo ello --agregó-- por el uso de herramientas digitales.

Añadió que las auditorías forenses permitieron que en la Cuenta Pública 2023 se lograra como resultado en montos por aclarar más tres mil 700 millones de pesos. Adelantó que para la Cuenta Pública 2024 de inicio se realizarán mil 784 auditorías, en un nuevo modelo denominado “auditorías integrales”, lo cual permitirá auditar más entes.

Auditorías sobre cumplimiento financiero

Claudia María Bazúa Witte, auditora especial de Cumplimiento Financiero, explicó que el universo de entes fiscalizables es de 367, de los cuales 333 son entidades, 20 dependencias, 9 organismos autónomos, tres del Poder Judicial y las dos cámaras del Poder Legislativo. La muestra auditada fue en ingresos de 0.7 billones de pesos, en egresos 1.6 billones y en cuentas de balance 0.2 billones para un total de 2.5 billones de pesos auditados. 

Detalló que se practicaron 288 auditorías a 125 entidades fiscalizadas en forma directa y 40 entidades vinculadas. Se emitieron en total mil 561 acciones que consisten en 480 pliegos de observación de 9 mil 513.2 millones de pesos, 15 solicitudes de aclaración que representaron un monto de mil 664.7 millones de pesos; 555 promociones de responsabilidad sancionatoria, 472 recomendaciones y 39 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Se tuvieron recuperaciones por 432.3 millones de pesos durante la ejecución de las auditorías. 

Respecta a los resultados de los poderes Legislativo y Judicial, indicó que se auditaron cuatro entes que fueron las cámaras de Diputados y de Senadores, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; se tuvieron 13 acciones, un pliego de observación por 240 mil pesos, dos promociones de responsabilidad sancionatoria y 10 recomendaciones; y recuperaciones por 730 mil pesos. 

En cuanto al Poder Ejecutivo en las dependencias, dijo que se revisaron 16 secretarías de Estado con 73 auditorías y se tuvieron 302 acciones, 150 pliegos de observación que importaron un monto de mil 421.2 millones de pesos, 63 recomendaciones y seis promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Las recuperaciones fueron de 259.9 millones de pesos.  

Sobre Poder Ejecutivo en las entidades, realizaron 206 auditorías y se tuvieron mil 190 acciones, 319 pliegos de observación por 8 mil 80.3 millones de pesos, 15 solicitudes de aclaración que importaron mil 664.7 millones de pesos, 451 promociones de responsabilidad, 375 recomendaciones y 30 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Las recuperaciones fueron de 171.4 millones de pesos.  

Precisó que se auditaron cinco órganos autónomos: Banco de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; se derivaron 56 acciones, 10 pliegos de observación que sumaron 11.5 millones de pesos, 19 promociones de responsabilidad, 24 recomendaciones y tres promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Las recuperaciones fueron de 60 mil pesos. 

Asuntos Jurídicos de la ASF

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, Víctor Manuel Andrade Martínez, explicó que entre sus principales funciones está promover e intervenir en los juicios contenciosos y de amparo en los que la Auditoría sea parte, presentar denuncias penales con base en los dictámenes técnicos recibidos para tal efecto, y coadyuvar con la autoridad ministerial y jurisdiccional en los procesos penales. 

Además, sustanciar a petición de las unidades administrativas auditoras el procedimiento para la imposición de multas, instruir los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y sustanciar los procedimientos de responsabilidades administrativas con base en la Ley General de Responsabilidades.

Mencionó que la facultad de la ASF para imponer multas surge de la revisión de la Cuenta Pública de 2009 y a la fecha se han impuesto 493 multas, 108 a servidores públicos y 385 a personas físicas o morales de carácter privado. Al día de hoy se ha cobrado un monto de 8 millones 726 mil y está en proceso de ejecución por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 10 millones 178 mil, esto equivale a que ya son resoluciones firmes de imposición de multa.

En cuanto a las denuncias penales, precisó que la ASF debe cabalmente analizar la documentación y presentar una denuncia, respetar los principios constitucionales de imparcialidad, legalidad, confiabilidad. El total de denuncias de hecho histórico que ha presentado la ASF, que implican de las cuentas públicas 1998 a 2001, es de mil 190, alrededor del 70 por ciento de esas denuncias se encuentran activas ante la Fiscalía General de la República o las instancias jurisdiccionales. 

Mencionó que otra de las funciones que realiza la ASF son los juicios de amparo, en donde se ha intervenido en 537 juicios de amparo, de los cuales 474 están concluidos y de esos 460 han sido favorables para la Auditoría. Otro tema, es el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, en donde se iniciaron 4 mil 801 asuntos y están resueltos cuatro mil 564, esto involucró a 16 mil 82 presuntos responsables, se celebraron 42 mil 52 audiencias y se cuenta con un registro público de sancionados que es de 4 mil 356 y de marzo de 2018 a febrero de 2025 se incrementó en 3 mil 382 dicho registro. 

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