Comisión de Vigilancia recibe Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

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Se reúne con el auditor especial del Gasto Federalizado, y con el titular de Asuntos Jurídicos de la ASF

Boletín No.3874

Comisión de Vigilancia recibe Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

• Se reúne con el auditor especial del Gasto Federalizado, y con el titular de Asuntos Jurídicos de la ASF

• Diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios expusieron sus inquietudes 

 

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se reunió con el auditor especial del Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado, y con el titular de Asuntos Jurídicos de la ASF, Víctor Manuel Andrade Martínez, con motivo de la entrega del Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 y la tercera Entrega del Informe del Resultado de la misma.

Al dar la bienvenida, el presidente de la Comisión, diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), sostuvo que el gasto federalizado es una de las áreas más importantes de la fiscalización. “Hoy, en el mosaico de gobiernos emanados de distintas plataformas políticas, lo más importante es generar una fiscalización sin ningún tinte político, más allá que el de aplicar la ley parejo para cualquier instancia e instituto”.

Afirmó que las y los integrantes de esta Comisión, con independencia del grupo parlamentario al que pertenezcan, tienen el firme compromiso de combatir la corrupción. “Lo decimos con firmeza y claridad: la ASF cuenta con el apoyo de la Comisión de Vigilancia y de la Cámara de Diputados en el trabajo que hace todos los días en favor de la fiscalización”.

Destacó la importancia de la fiscalización y la revisión de parte de la Cámara de Diputados, a través de esta Comisión, que tiene atribuciones que dan la Constitución Política y la Ley de Fiscalización, y cuya relación con la ASF permite vigilar el desempeño de sus áreas.

Participación de las y los diputados

El diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) destacó la importancia de conocer cuánto influye en los resultados de las auditorías al gasto federalizado la inexperiencia o poca capacitación de los funcionarios y contar con mecanismos para implementar procesos que permitan a entidades y municipios mejor información. Resaltó que la labor de estas instancias tenga como resultado sancionar las faltas administrativas, graves o no, y a quienes hagan mal manejo de recursos públicos. 

De MC, el diputado Arturo Bonifacio De la Garza Garza preguntó el porcentaje de montos pendientes por aclarar y las recuperaciones totales de cada cuenta pública desde que inició su responsabilidad, así como la cantidad de solventaciones totales que se registran, comparadas con montos pendientes por aclarar que se presentan en las auditorías.

En su turno, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez (PT) dijo que Nayarit representa el 1 por ciento de la población, pero en los montos por aclarar está muy por encima de la media, los cuales se centran en los fondos que tienen que ver con temas educativos. Reconoció la efectividad de la Unidad de Asuntos Jurídicos, que ha tenido el 96 por ciento de sentencias favorables en los amparos.

En su intervención, el diputado José Antonio Zapata Meraz (PAN) manifestó que, con este ejercicio, en su grupo parlamentario están convencidos de que la trasparencia y rendición de cuentas son fundamentales para que la ciudadanía pueda conocer de manera accesible y clara en qué se está utilizando el recurso público.  

Del PRI, el diputado Hiram Hernández Zetina comentó que la presentación por parte de los auditores ha sido clara y exhaustiva; sin embrago, cuestionó sobre lo que está pasando con el estado de Chihuahua, que ha sido golpeado en tiempos y sexenios pasados por la corrupción. 

Vía plataforma digital, el diputado Gilberto Hernández Villafuerte (PVEM) dijo que la auditoría especial de gasto federalizado es la encargada de fiscalizar el presupuesto y la revisión del cumplimiento de programas y fondos financiados con recursos públicos por estados y municipios. Con esto, se contribuye a fomentar los valores de la ética en el servicio público. 

Enseguida, el diputado Azael Santiago Chepi (Morena) reconoció que se ha avanzado en la fiscalización de los municipios, pero existen caso en que éstos no reciben completo ni a tiempo los recursos federales de parte de los gobiernos estatales, por lo que la ASF debe implementar acciones para detectar y resolver esta problemática.

La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) señaló que ha habido una reducción de casi 50 por ciento en la efectividad de las auditorías, pues en 2016 se realizaron mil 333 auditorías, cinco mil 88 acciones; mil 613 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos mil 77 pliegos de observaciones, mientras que en 2021 fueron mil 688 revisiones, dos mil 954 acciones; 987 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 926 pliegos de observación. 

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) indicó que hay recursos que no llegan a los estados, pero se les cargan a ellos y les hacen observaciones. Indicó que se deben revisar las ministraciones de diferentes fondos, para bajar su negatividad y mejorar la percepción de su funcionamiento. Añadió que se debe profundizar sobre la colaboración entre la unidad jurídica y la Fiscalía General de la República. 

El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) explicó que el trabajo del auditor es fundamental para vigilar el desempeño de los recursos que ejercen los estados sobre el presupuesto que le ha sido asignado con el objeto de cumplir con los principios de rendición de cuentas y transparencia. 

De Morena, el diputado Emmanuel Reyes Carmona indicó que el gasto federalizado representa un tercio del presupuesto que es sustantivo porque las entidades y municipios lo necesitan, ya que dependen de recursos para funcionar en salud, educación y muchos otros aspectos, por lo que esta mesa de trabajo permite conocer datos importantes. 

La diputada Paola Tenorio Adame (Morena) reconoció el trabajo eficiente del auditor Emilio Barriga Delgado y el área que dirige. “El porcentaje que ha subido usted en municipios auditados es muy significativo y lamentablemente no es así en otras áreas”.  

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI) reconoció la labor del personal de la Unidad Jurídica y apuntó que se debe explicar por qué se proponen actos de investigación al Ministerio Público en los procedimientos penales, y si la documentación obtenida en las auditorías no es suficiente para judicializar los asuntos.

Del PAN, la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra señaló que la Unidad Jurídica debe ejercer las acciones judiciales, civiles, penales, patrimoniales y contencioso administrativas en los juicios en que la ASF es parte. Manifestó su preocupación por saber dónde quedaron más de 15 mil millones de pesos de SEGALMEX y sus filiales Liconsa y Diconsa, las denuncias que se han presentado al respecto y los montos. 

Del grupo parlamentario de Morena, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia explicó que hay casos que han puesto en tela de juicio la capacitación del personal jurídico de la ASF. Pidió que se explique a cuántos de sus funcionarios se ha denunciado por actos de corrupción o incompetencia laboral que, dolosa o culposamente, permiten prescribir plazos para acciones y notificaciones.

También de Morena, el diputado Juan Guadalupe Torres Navarro se refirió a los procedimientos contra auditores especiales de desempeño, el alcance de esos procedimientos y en qué etapa se encuentran. Subrayó la necesidad de conocer cuántas denuncias se han presentado por la llamada “Estafa Maestra”. Además, sobre irregularidades en las entidades federativas en materia de gasto federalizado. 

Del PVEM, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo mencionó que es necesario fortalecer las tareas de fiscalización y coordinación entre todos los órganos, para alcanzar y cumplir de mejor forma los principios de rendición de cuentas y transparencia ante cualquier eventualidad.   

Gasto federalizado, principal fuente de ingresos locales

En su intervención, Emilio Barriga Delgado, auditor especial del Gasto Federalizado de la ASF, dijo que, en 2021, el Gasto Federalizado representó el 29.8 por ciento del gasto neto total de la Federación, por lo que casi una tercera parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, de ese ejercicio, fue operado por las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos. 

Asimismo, el gasto federalizado representa la principal fuente de los ingresos de los gobiernos locales, lo cual destaca la relevancia de estos recursos, así como la significativa dependencia de las entidades federativas y municipios, respecto de éstos. 

Indicó que para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Especial del Gasto Federalizado realizó 1,688 auditorías, lo que representó el 82.3 por ciento del total de auditorías que integran el Programa Anual de Auditorías de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, documento publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2022. 

Presentó ASF 32 denuncias penales por siete mil millones de pesos

El titular de Asuntos Jurídicos del órgano fiscalizador, Víctor Manuel Andrade Martínez, explicó que de septiembre de 2022 a la fecha se presentaron 34 denuncias penales, por un monto de siete mil millones de pesos.

Indicó que se ha intervenido en 487 juicios de amparo, de los cuales 67 por ciento (327) está concluido, y de ellos, 315 (96 por ciento) son favorables a la ASF.  

Añadió que se tienen cuatro mil 801 procedimientos para fincar responsabilidades resarcitorias, 16 mil 94 presuntos responsables; 726 procedimientos resarcitorios en desahogo y cuatro mil 74 casos resueltos. 

Informó que hay un registro público de sancionados de tres mil 617 personas con nombres y apellidos. Además, se han impuesto 448 multas que involucran a 105 servidores públicos y 343 personas físicas o morales del ámbito privado. En este punto, dijo que ya se han cobrado ocho millones de pesos y otros ocho están en proceso de cobro por el Servicio de Administración Tributaria.

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