“2025, Año de la Mujer Indígena”
LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”
Boletín No. 2795
• Se recibieron aportaciones de diputadas, diputados, especialistas, académicos y sociedad civil; se considerarán
Con el tema “Sistemas públicos de agua potable y saneamiento, sistemas comunitarios, así como otros mecanismos que garantizan estos derechos”, continuaron las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos sobre la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales.
Grupo de trabajo Zona Sur
En la reunión del grupo de trabajo Zona Sur, la presidenta de la Comisión, diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz (Morena), agradeció la participación de las y los ponentes en el segundo día de actividades. “Es muy importante escuchar todas las voces para tener una ley más justa y, sobre todo, participativa. Seguiremos aquí con las puertas abiertas para seguir escuchándoles”.
El diputado Gabriel García Hernández (Morena), quien coordinó el grupo, informó que la organización Agua para Todos, Agua para la Vida, y las Contralorías Ciudadanas del Agua, realizaron foros de parlamentos ciudadanos en todo el país, de los cuales surgieron alrededor de 32 propuestas de modificación al actual proyecto de ley.
La diputada Beatriz Milland Pérez (Morena) comentó que la gestión, protección y garantía del agua es un tema que no admite titubeos, pues no se habla de cifras ni conceptos abstractos, sino de la vida misma, la seguridad hídrica de las comunidades, la sostenibilidad de México y el respeto a la dignidad.
Por su parte, el diputado Luis Humberto Aldana Navarro (Morena) destacó las propuestas en materia de rendición de cuentas, combate a la corrupción, saneamiento, seguridad jurídica, inter-operatividad y fortalecimiento institucional, mediante el empoderamiento ciudadano y la rendición de cuentas con herramientas de vigilancia reales.
Rodrigo Alejandro Llanes Salazar, investigador titular del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, dijo que la Ley General de Aguas debe garantizar condiciones para hacer efectivo el derecho humano al vital líquido e incorporar, de manera urgente, los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Ulises Jacinto Ponce, de Cántaro Azul, indicó que las comunidades que históricamente han sido rezagadas son las que gestionan el agua con alta organización y superando retos de toda índole, con costos accesibles a su realidad y con frecuencias sin los ingresos suficientes para sostener sistemas complejos o realizar mantenimientos preventivos. “La ley promueve soluciones basadas en la naturaleza, pero no las conecta con quienes la ejecutan”.
De la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán, Cuauhtémoc Jacobo Femat señaló que se requiere una nueva legislación que reconozca este derecho humano y empodere a quienes históricamente han sido los guardianes del agua.
Ana Sofía Lázaro Salazar, del Consejo Ciudadano por el Agua, de Yucatán, aseguró que Tabasco y Chiapas tienen más agua, pero también menos acceso y disponibilidad. “En el caso de Yucatán la situación es más grave, porque dependemos de un acuífero subterráneo, que en los últimos años ha experimentado un descenso del 60 por ciento de su capacidad”.
Adrián Villegas Jiménez, del Comité de Cuenca de Cozumel, puntualizó que la disponibilidad media de agua es una ficción, ya que los estudios para medir no se llevan a cabo de acuerdo a la norma, son estimaciones semicuantitativas, por lo que planteó revisar y considerar que gran parte del agua, en particular del sureste, está contaminada por desarrollos insostenibles”.
De Fundación Avina, Margarita Gutiérrez Vizcaino aseguró que la gestión comunitaria del agua es un elemento crucial para sectores que, a pesar de brindar servicios de agua y saneamiento a más de 20 millones de personas, han sido ignorados por muchos años.
Grupo de trabajo Zona Centro
La presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz (Morena), agradeció a las y los ponentes las propuestas planteadas, conocimientos y opiniones referentes a esta nueva ley.
Reconoció a las diputadas y diputados por participar en las audiencias. “Es un trabajo en conjunto, de toda la Comisión y la Legislatura; vamos por una Ley más justa y participativa”.
La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena), coordinadora del grupo de trabajo, comentó que todas las propuestas fueron remitidas a la plataforma de la convocatoria y serán analizadas en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, donde se están recabando las posturas.
El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena) planteó regular en la ley a los organismos concesionarios, debido a que en la mayoría de estados y municipios donde proveen el servicio del agua no cumplen con condiciones mínimas de saneamiento, violan la ley y la supervisión es muy laxa por parte de la autoridad y ellos aprovechan esos vacíos legales para seguir operando de manera clandestina.
Del PVEM, el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo resaltó que la iniciativa de Ley General de Agua es necesaria porque el Estado está obligado a asegurar el vital líquido a la población. Asimismo, estimó, falta actualizar el marco, los elementos de garantía del recurso, el uso correcto de las concesiones y la sostenibilidad, y no seguir explotando el recurso donde se encuentra en condiciones extremas.
La diputada Claudia García Hernández (Morena) aseguró que la participación de todas y todos contribuirá a enriquecer la iniciativa presidencial y reconoció el esfuerzo de las y los diputados por la realización de estas audiencias, “ya que lo que queremos es fortalecer esta ley y que todas y todos participemos”.
También de Morena, la diputada Clara Cárdenas Galván dijo que el acceso al agua constituye una condición esencial para la vida y en México este derecho está consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política. “El país enfrenta una crisis del agua muy compleja que requiere de nuestra voluntad para integrar un frente común que permita diseñar e implementar líneas de acción para atender estos problemas”.
La diputada Maribel Solache González (Morena) propuso crear un programa especial para garantizar agua potable, potabilización, drenaje y saneamiento en municipios que reciben población migrante, ya que estas zonas concentran rezagos históricos y el retorno masivo de connacionales aumenta la demanda de servicios.
Del PVEM, la diputada Ciria Yamile Salomón Durán resaltó que México enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, por el crecimiento demográfico, la concentración urbana, la contaminación y el cambio climático, que han puesto en riesgo la disponibilidad del recurso más vital para la vida.
Jaime Alejandro Vences Mejía, de la Asociación Mexicana de Ingeniería y Ciencias del Agua, subrayó la necesidad de dejar en claro la correlatividad que tendrá esta ley para describir y sentar las bases para regular la labor de los organismos operadores de aguas municipales y sistemas comunitarios y robustecer su funcionamiento.
Alejandra Ríos Cortes, de la Red de Aguas Comunes, manifestó que es necesaria una ley justa, aplicable y constitucionalmente sólida que reconozca el valor de la gestión comunitaria como un pilar de la política nacional y expresión concreta del derecho humano al agua y saneamiento. Pidió fortalecer los sistemas comunitarios de agua y saneamiento con convenios de coordinación.
En esta mesa, agricultores, productores y representantes de organizaciones y de diversos sectores productivos, comentaron que la aprobación de esta modificación generaría un marco claro para impulsar la adopción masiva de tecnologías pluviales, alinear la política del agua con estándares internacionales de sostenibilidad y convertir a México en referente regional de gestión hídrica, resiliente y circular.
Se pronunciaron por garantizar el derecho al agua, pues muchas comunidades, ciudades y poblaciones carecen de ella; desarrollar medidas y acciones para que reciban el agua mediante asignaciones; que se realice consulta previa, libre e informada a las comunidades y poblaciones indígenas; se reconozcan las asambleas y el acceso sea equitativo y que no se impongan plazos a sus concesiones.
Pidieron establecer en la Ley un vínculo entre los organismos operadores y los comités de agua, para fomentar el desarrollo del personal, realizar consultas técnicas, descentralizar las comisiones estatales y establecer mecanismos que reconozcan las inversiones para incrementar la eficiencia.
Grupo de trabajo Zona Norte
En este grupo de trabajo, la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (Morena) reconoció la importancia de las aportaciones de las y los participantes para conocer más de las necesidades y problemáticas en estos temas y refrendar los compromisos con la sociedad.
Indicó que todos los documentos registrados serán tomados en consideración, pues la Cámara de Diputados escucha todas las voces de organismos, instituciones, gobiernos y ciudadanos. Señaló que las y los legisladores buscarán un equilibrio entre el derecho humano al agua, el desarrollo del país y la protección y equilibrio alimentario que México merece.
Al participar, la diputada a Alma Laura Ruiz López (Morena) expresó la conveniencia de este espacio de diálogo y reflexión para fortalecer el marco normativo del país. Solicitó reconocer en la Ley General de Aguas el descanso de tierras como un instrumento técnico de gestión hídrica sustentable para asegurar que en ese periodo los productores conserven sus permisos y se evite la caducidad por el no uso del agua.
Del PRI, el diputado Humberto Ambriz Delgadillo pidió establecer estrategias para la gestión integral de aguas subterráneas y recuperar los acuíferos sobreexplotados; incluir consejos de cuenca con facultades de gestión y vigilancia, el uso de tecnología de medición para extracciones y recargas, dar incentivos económicos y fiscales y crear modelos de recarga artificial de acuíferos mediante captación pluvial y tratamiento avanzado.
La diputada local de Tamaulipas, Elvia Eguia Castillo, planteó incorporar en la Ley General de Aguas la reutilización de aguas grises domiciliarias como una acción urgente y responsable para garantizar la sostenibilidad hídrica. Señaló que el aprovechamiento de estas aguas reduce significativamente el consumo de agua potable y disminuye presión sobre cuerpos de agua.
Del Servicio de Agua y Drenaje, de Monterrey, Nuevo León, Ramón Morgan Sarabia destacó la importancia de los títulos de concesión, porque evitan su acaparamiento y protegen a usuarios. Planteó diferenciar entre una concesión y una asignación de agua. Propuso que no opere la caducidad para títulos de asignación de aguas nacionales destinados al uso público urbano y doméstico.
Mario Ezequiel Zepeda Jacobo, de la Comisión Estatal Ciudadana del Agua, del Consejo Ciudadano de Baja California, pidió crear comisiones ciudadanas del agua conformadas por la sociedad civil. Además, recuperar el agua tratada, porque es menos costosa que construir presas o traer agua de otras regiones.
Namkhai Haupt Setien, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se pronunció por no concesionar el agua para la libre explotación y aprovechamiento por parte de empresas y propuso que, para declarar la nulidad de una concesión, se considere si el titular declaró y pagó derechos sobre el volumen concesionado. Además, planteó unificar en 180 días el Registro de Aguas Nacionales y el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes, para saber quiénes están al día en esas obligaciones
César Gatica Madrigal, del jurídico de la Comisión Nacional del Agua, señaló la importancia del proceso legislativo sobre la iniciativa del Ejecutivo y que se dará seguimiento puntual a lo que se proponga y aporte en las audiencias.
También participaron ciudadanos quienes reconocieron la importancia de compartir puntos de vista y diagnósticos en la búsqueda de soluciones a la problemática sobre este recurso. Plantearon realizar campañas de concientización para mantener limpios los ríos y trabajar de la mano con autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin de optimizar su uso, impulsar su reutilización y tratamiento y tecnificar el riego.
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