Diputadas y diputados de la Comisión de Hacienda se reúnen con representantes del sector privado y social

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“2025, Año de la Mujer Indígena”

LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”

Boletín No. 2429

• Escucharon sus puntos de vista respecto al Paquete Económico 2026 

• Un espacio de reflexión en el que todas las voces son escuchadas con total trasparencia: diputado Carol Antonio 

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), se reunió con representantes del sector privado y social, quienes externaron sus puntos de vista respecto del Paquete Económico 2026. 

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Antonio Altamirano explicó que con este evento continúan los trabajos de análisis del Paquete Económico 2026 y la instancia legislativa se ha distinguido, gracias a la disposición de las y los diputados de todos los grupos parlamentarios, por generar un espacio de reflexión en el que todas las voces son escuchadas con total trasparencia.

Al dar la bienvenida a los invitados, precisó que la reunión está vinculada directamente a las iniciativas que presentó la presidenta de la República y que consisten en modificaciones a las leyes Federal de Derechos, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la de Ingresos de la Federación 2026, así como al Código Fiscal de la Federación. 

Aseguró que con los encuentros sostenidos con funcionarios hacendarios y la de hoy, se tienen muchos elementos importantes y le corresponderá a los grupos parlamentarios valorar para definir su postura y voto respecto al dictamen.  

Diputadas y diputados

De Morena, la diputada Claudia Rivera Vivanco afirmó que el Paquete Económico 2026 viene acompañado de una estrategia del Gobierno Federal, contenida en el Plan México, que tiene una estrategia de proteccionismo nacional; es decir, contribuir a que las y los productores nacionales cuenten con mayor certeza y una mejor regla de competencia.

Para el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) la Miscelánea Fiscal 2026 de ninguna manera puede ser catalogada como “saludable”. “Esta nueva recaudación no será para prevenir la salud de las y los mexicanos. Creemos firmemente que es una medida eminentemente recaudatoria”. Exhortó al Ejecutivo Federal y a la Comisión a hacer un análisis exhaustivo de todos los comentarios de las y los invitados. 

Del PVEM, la diputada Cindy Winkler Trujillo afirmó que la política de ingresos es sólida, humanista y congruente con un marco normativo. Aseguró que todas las opiniones fueron escuchadas y serán analizadas de manera profunda, con el objetivo de construir un Paquete Económico 2026 que corresponda a una forma estratégica, eficaz y justa a la realidad que enfrenta el país.

A su vez, el diputado Francisco Javier Guízar Macías (PT) sostuvo que las opiniones de las y los invitados se van a analizar y “vamos a encontrar puntos de encuentro en el sentido de buscar un justo medio que permita generar una recaudación”, la cual se requiere para fortalecer el desarrollo de nuestro país. Asimismo, se va a trabajar para tener el mejor Paquete Económico que le sirva al país. 

En tanto, el diputado Jericó Abramo Masso (PRI) dijo que son de vital importancia las aportaciones de estos sectores para construir mejores mecanismos de ingresos que permitan hacer más competitivo el sector productivo, menos burocrático el sector hacendario y más transparente el sector del ejercicio del gasto.   

La diputada Patricia Flores Elizondo (MC) consideró que una política fiscal moderna debe basarse en tres principios: eficiencia recaudatoria sin regresividad, cerrar los espacios de evasión y elusión, especialmente entre grandes contribuyentes en lugar de seguir aumentando impuestos indirectos; y racionalidad en el gasto; y confianza del ciudadano y del sector productivo. Los incrementos al IEPS podrían tener efectos recaudatorios en el corto plazo, pero impactos sociales regresivos en el mediano plazo. 

Participación del sector privado y social

De la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), Pierre Claude Blaise señaló que el Paquete Económico 2026 pone en riesgo la continuidad de miles de Pymes y el poder adquisitivo de millones de consumidores mexicanos. El comercio electrónico representa más del 6 por ciento del PIB y genera miles de empleos, por lo que pidió fortalecer la recaudación pero sin debilitar el crecimiento del país. 

Noel González, en representación de Servicios a la Juventud (SERAJ), solicitó que se incremente, de forma inmediata, el impuesto al tabaco, hasta por lo menos tres pesos por unidad, así como la prohibición de la comercialización de la bolsa de nicotina, debido a los efectos nocivos que representa para la salud. 

De Salud Justa Mx, Adriana Rocha Camarena celebró la propuesta de la titular del Ejecutivo Federal para incluir en la política fiscal impuestos con fines saludables, pero consideró que puede ser fortalecida al aumentar el impuesto al tabaco a tres pesos por unidad, con lo que se obtendría una reducción del 40 por ciento en su consumo y un crecimiento en la recaudación de más del 25 por ciento. 

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, dijo que el gravamen a bebidas azucaradas es “un impuesto fallido” y perjudica al consumidor, ya que el 85 por ciento de las ventas de pequeñas tiendas provienen de refrescos y bebidas azucaradas, lo que afectaría únicamente a la economía local y familiar. 

Alfonso Pérez Lizaur, presidente de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México A.C., mencionó que la rama de casinos, loterías y juegos de azar regulados aportan de manera significativa a la economía formal y al financiamiento de políticas públicas. Y la propuesta representa riesgos graves para el desarrollo de la actividad. 

Patricio Caso, representante de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señaló que el incremento a bebidas azucaradas y las endulzadas con edulcorante no calórico, representan para las calóricas un incremento del 1.43 pesos, mientras que, para las no calóricas, el aumento es completo, de cero a tres pesos, lo que provocaría que sean más caras.

En tanto, Rosa Elena García Hidalgo, tesorera de Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, señaló que es necesario fortalecer la recaudación, pero sin debilitar la actividad económica, ni vulnerando los derechos de los negocios familiares, quienes son los principales contribuyentes del crecimiento económico.

Gastón Zambrano Margaín, del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, dijo que el 70 por ciento del precio al consumidor de los cigarros son impuestos y el Paquete Económico pretende incrementar 30 por ciento los gravámenes, lo que significaría entre 15 y 17 pesos más por cajetilla. Planteó que el aumento se haga de manera gradual y que el consumidor no emigre a marcas ilegales. 

Fabiola Peña, de la Asociación Latinoamericana de Internet, hizo un llamado a eliminar el artículo 30-B del Código Fiscal, pues de permanecer otorgaría a la autoridad fiscal y a la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones un acceso directo, permanente y en tiempo real a todas las operaciones de las plataformas digitales, lo que significa una afectación a la privacidad.  

Santiago López, del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas, pidió reconsiderar el impuesto a las bebidas que tienen edulcorantes, porque éstas no contienen azúcares ni calorías, y la medida no está respaldada por la ciencia. 

De la Asociación Internacional de Edulcorantes, Laura Miranda Solís señaló que gravar con impuestos los productos que tienen edulcorantes no calóricos sería una medida contraria al desincentivar la reformulación de los alimentos que los contienen. Todos estos productos son aprobados a nivel mundial y han sido sometidos a evaluaciones de seguridad exhaustivas y rigurosas por autoridades. 

Juan Pablo Calderón Patiño, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, sostuvo que el mercado interno automotriz es una punta de lanza y es el sector que más divisas genera para el país; y un anhelo es actualizar los montos de deducibilidad en un proceso de transición energética a nivel global con los vehículos eléctricos e hibrido.

Ricardo Cervantes Vargas, del Consejo Coordinador Empresarial, mencionó hay dos temas que preocupan de manera muy importante a las empresas: las garantías del interés fiscal y las plataformas digitales, a la cual se propone obligar a proporcionar acceso a su información en tiempo real a las autoridades fiscales y alarma que los datos personales quedarán expuestos.  

Andrés Massieu Fernández, de la Asociación Mexicana de Bebidas, externó su preocupación por el incremento del IEPS a bebidas saborizadas, porque no se trata de un impuesto saludable ni efectivo. Se establece un nuevo gravamen para las bebidas no calóricas, aquellas que no contienen azúcar, lo cual desincentivará la innovación, la reformulación de productos y la ampliación de la oferta. 

Sergio González Olavarría, representante la Cámara Nacional del Autotransportes (Canaero), solicitó que se mantenga, como en la actualidad, la posibilidad de garantizar el crédito fiscal, con las diferentes formas que se prevén, considerando que siempre estará a cargo de la autoridad calificar la garantía ofrecida. 

Por su parte, Domingo Ruiz López, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de la Coparmex, señaló que los nuevos estándares que incorporan la noción de comprobante fiscal falso requieren ser complementados con un estándar probatorio. Por ello, pidió incluir principios de proporcionalidad en el proceso de revisión, de modo que se compruebe la veracidad de las operaciones.

Cuauhtémoc Rivera, líder de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, se manifestó en contra del impuesto porque es recaudatorio, afecta el consumo, es regresivo y porque no hay condiciones para aumentar el IEPS por la situación que se vive todos los días en México. 

Heraclio Lucas, de Moderniza IEPS, solicitó realizar mesas de trabajo y diálogo con respecto al modelo del IEPS a las bebidas alcohólicas, “porque con este cambio no se pierde recaudación, solo se lograría una mayor legalidad. No queremos menos impuestos, queremos que nos ayuden”. 

Luis López Linaldi, de International Chamber of Commerce México (ICC México), externó su preocupación de que se busque crear un modelo de monitoreo y vigilancia, en donde la autoridad cuente con un acceso directo en tiempo real a bases de datos privadas, por lo que hizo un llamado para ser eliminada, ya que afectaría el flujo de la inversión y a la ciudadanía. 

Salvador Torres Cisneros, de la Cooperativa Pascual, expresó su inquietud por el impuesto a las bebidas azucaradas, que además de ser desproporcionado, con un aumento del 87.3 por ciento, afecta al sector social de la economía, principalmente en la generación de empleos.

Gerardo López Becerra, del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar, indicó que los principales productos que comercian las tiendas de abarrotes son los refrescos y cigarros y el incremento al impuesto especial sería nocivo para el local establecido “porque los precios que ofrecen subirían e impactarían negativamente las ventas”.

Juan Carlos Sousa, de Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, manifestó su inquietud de que se permita a la autoridad hacendaria tener pleno acceso a las bases de datos y desempeño digital de las plataformas, ya que se rebasa los límites y se pueden transgredir los derechos fundamentales para todos los ciudadanos, como su privacidad y datos personales. 

José Luis Urrutia, de la Industria de Polvos para Preparar Aguas Frescas, aclaró que esos insumos son una categoría muy diferente a otras bebidas, en particular a la de los refrescos. Y un impuesto desproporcionado significaría una crisis severa para esta industria y existe la posibilidad de cierre de líneas de producción. 

Oliver González Sánchez, presidente de la Asociación Rural de Interés Colectivo de Productores de Tabaco, resaltó que un incremento al impuesto en esta materia afectaría drásticamente, rebajando el 30 por ciento de la producción. Solicitó escuchar al campesino porque está en riesgo el sustento de muchas familias.  

Laura Martínez Martínez, de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, llamó a que en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 se precise expresamente la posibilidad de invertir los recursos repatriados a través de intermediarios financieros nacionales, así como destinarse a instrumentos financieros o acciones emitidas por personas morales residentes en México, y a fondos de inversión. 

Raúl Domínguez, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), comentó que el aumento del IEPS a las bebidas saborizadas y el nuevo impuesto a edulcorantes no calóricos, no ayudará a combatir el objetivo planteado. Propuso un impuesto diferenciado, únicamente para las bebidas con azúcares añadidos, manteniendo una tasa exenta para las opciones bajas o sin calorías.  

Orlando Pérez, de la Asociación Mexicana de Entretenimiento Interactivo Videojuegos MX, expresó su preocupación ante la propuesta de crear un impuesto del 8 por ciento a videojuegos clasificados como violentos, ya que podría impactar negativamente el desarrollo de la industria nacional y la posibilidad de realizar coproducciones con estudios internacionales.  

Mario Jesús Carrillo López, de la Oficina de Vinculación de Garantías, A.C., precisó que el artíuclo141 del Código Fiscal de la Federación afecta a las empresas y a los contribuyentes. Este cambio impacta de una manera negativa porque quita el derecho a los contribuyentes de elegir el tipo de garantías al efecto de hacer válido el derecho a la defensa.  

Andrés Zentella Ortega, vicepresidente de Coparmex Mérida, dijo que el incremento al IEPS es un contrasentido para la economía mexicana y reconoció la necesidad de cuidar las finanzas públicas y promover la salud, pero un gravamen de esta magnitud no ha demostrado resultados positivos en la salud y si genera impactos económicos negativos. 

Por su parte, Omar Torres, verificador en Embotelladora Mexicana S.A. de C.V., señaló que con el impuesto a bebidas azucaradas se acumulan cargas para el consumidor; primero el IEPS, luego el IVA sobre el IEPS, y en algunas presentaciones el precio final al consumidor crecerá en un 75 por ciento. 

Guillermo Zamarripa Escamilla, presidente ejecutivo de Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro, refirió que de 2008 a 2024 las cuotas por inspección y vigilancia que pagaron las Afores crecieron alrededor de 14 veces. Pidió que estas cuotas no sigan creciendo de manera desproporcionada al costo de supervisión.

A su vez, María José Medina, en representación de la Asociación de Software de Entretenimiento, consideró que establecer un impuesto a videojuegos con contenido violento no reducirá ni limitará el acceso a los mismos; además, los controles parentales son el mecanismo más eficaz para garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes.

Lucía Hernández López, en representación de Genomma Lab, apuntó que el marco fiscal debe ser acompañado por la transición a un mercado más saludable y no obstaculizarlo. “Gravar las bebidas con edulcorantes no calóricos, como si fueran azucaradas, no tiene sustento científico ni sanitario y sería un retroceso en la promoción de opciones de menor riesgo metabólico”. 

En tanto, Emilio Fueyo Saldaña, socio fundador en EMANT Consultores, afirmó que subir el aumento del IEPS a bebidas saborizadas no resolverá los problemas de salud, pero sí podría generar retos en materia de pobreza, empleo y competitividad. “Lo que México necesita no son impuestos más altos, sino más empleos, mejores ingresos y una recaudación progresiva”. 

Jesús Lucatero, de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca), solicitó que los recursos que sean recaudados del posible impuesto a bebidas azucaradas, sean etiquetados para ser destinados a un fondo de atención para la salud y así garantizar “que esta no sea una medida recaudatoria sino de salud”.

Claudia Ramírez Palacio, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, resaltó su preocupación por el incremento de casi el doble del IEPS a las bebidas saborizadas, a los refrescos y a la inclusión de los refrescos light, y las endulzadas o edulcorantes no calóricos, lo que implica una afectación directamente a los costos operativos de restaurantes y dueños. 

Camilo Montes, por la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas, pidió reglas claras basadas en la evidencia y con objetivos medibles. Gravar alimentos y bebidas de consumo habitual sin un andamiaje integral puede terminar castigando más a quienes menos tienen. Una política adecuada de incentivos protege el bolsillo de los más vulnerables. 

Susana Barroso, del sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco de Canacintra Nacional, indicó que el incremento de las cargas fiscales desincentiva la inversión, limita la competitividad y pone en riesgo empleos formales, particularmente de las Mipymes, así como las cadenas agrícolas y logísticas que dependen de esta industria; además, fomentan la informalidad. 

De Mercado Libre México, Alehira Orozco Reyes, subrayó que el Paquete Económico propone retenciones para operaciones en plataformas digitales y plantea extender la retención que hoy se hace para personas física y morales, con un 12 por ciento de sus ingresos brutos, lo que representa el 4 por ciento del ISR más el 8 por ciento del IVA, por lo que sugirió un porcentaje del uno por ciento del ISR. 

De la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos A.C., Susan Cabral Bujdud, hizo mención sobre la actualización del estímulo fiscal del autotransporte, el cual, dijo, resulta necesario y justo actualizar el límite y considerar abierto el estímulo. “No tenemos beneficios y es de los sectores más afectados a nivel país”. 

Carlos García Álvarez, de Hamotac, aseveró que el estímulo fiscal previsto en el artículo 20 de la Ley de Ingresos de la Federación nació para apoyar a las empresas de autotransporte público y privado de carga, pasaje y turismo que utilizan las autopistas de cuota. Solicitó que se suprima el límite de deducción de gastos realizados en casetas. 

Iván Díaz González, de la Asociación Mexicana de Internet A.C., destacó que se plantea que las plataformas digitales abran de manera permanente y en tiempo real sus bases de datos a las autoridades fiscales, pero sus efectos prácticos serían profundamente contraproducentes, ya que pueden generar violencia de principios constitucionales y derechos humanos.

Manuel Pliego, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicación y Tecnología de la Información, pidió eliminar el articulo 30-B del Código Fiscal de la Federación, ya que implicaría abrir un espacio para que se rompa la seguridad y la privacidad, lo que representa un riesgo en las inversiones de la economía digital. 

A su vez, Gabriel Richaud, director general de Interactive Advertising Bureau México (IAB), subrayó la urgencia de revisar el artículo 113 Bis del Código Fiscal Federación, ya que la redacción de éste introduce un esquema de penalización desproporcionado y desconoce las realidades tecnológicas y operativas del sector.   

Francisco Barajas Aguilera, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías, consideró que las limitaciones para garantizar los créditos fiscales presentados en las iniciativas generarán más impactos negativos que positivos y afectará de manera directa a los contribuyentes, así como a las personas físicas y morales. 

Jaciel Daniel Bravo López, del Consejo Superior del Cooperativismo, manifestó su preocupación por el aumento al IEPS y señaló que el impuesto actual no representa una medida contra las grandes empresas, sino un golpe directo a la economía de las y los mexicanos, agricultores cooperativistas, trabajadores de la industria y a los consumidores que confían en la calidad de sus productos. 

Luis Curiel Piña, en representación de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, indicó que el aumento de la tasa de recargos, que representa el 40 por ciento, “es claramente excesiva”, y se justifica al señalar que desde 2019 no se actualiza esta tasa; por ello, pidió que no se apruebe, ya que es “innecesaria”.  

Karla Siqueiros Rojo, directora general de Cerveceros de México, dijo que la cerveza en México representa el 1.6 por ciento del PIB nacional, y aporta alrededor de 50 mil millones de pesos en IEPS de manera transparente, responsable y constante. Y la propuesta de aumentar el impuesto de la cerveza es regresiva, injusta e ineficiente. 

Por parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Mineros Medianos y Pequeños A.C. (FENAMMPAC), Carlos Gómez Roel, propuso reducir en la Ley del Impuesto sobre la Renta el 70 por ciento del impuesto a la minería, ya que es muy alto para la capacidad de financiamiento del pequeño sector, así como la deducción de pago de derechos en un 70 por ciento, a fin de que la pequeña y mediana minería en el país siga operando.

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