Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó reformas que aumentan penas y sanciones por delitos contra el ambiente

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“2025, Año de la Mujer Indígena”

LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”

Boletín No. 2829

• El dictamen contempla la reserva presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), y aceptada por el Pleno

• También, se incluyó la reserva de la diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM)

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma disposiciones del Código Penal Federal, para aumentar las penas y sanciones en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Se emitieron 452 votos en lo general, y 460 votos en lo particular con cambios al dictamen; se aceptó la reserva presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena) a los artículos 418 y 420 Quáter, a nombre de los coordinadores de los grupos parlamentarios, “a fin de hacer más duras y más rígidas las sanciones contra todo aquel talador, contra todo aquel que está violando y destruyendo los bosques del país”.

La razón de la reforma, dijo el diputado Ricardo Monreal, es porque con los tipos penales actuales se logra procesalmente nunca tocar prisión, nunca ser privado de su libertad, y se establecen penas muy laxas que procesalmente se pueden salvar. “Esa es la idea de endurecer las penas en una materia que, a pesar de ser garantista mi posición, creo que por la humanidad y por las futuras generaciones vale la pena legislar”.

También, se incluyó la reserva de la diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM) a fin de elevar las penas para quienes causen la muerte de ejemplares de fauna silvestre cuya especie esté catalogada en peligro de extinción, amenazada o sujeta a una protección especial, particularmente cuando estos hechos ocurran dentro en un área natural protegida.

El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, fija sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a cien días multa al que, empleando la fuerza, el amago o la amenaza, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal. 

Establece de dos a siete años de prisión y de cien a diez mil días multa al que por cualquier medio quebrante los sellos puestos por la autoridad competente. 

Además, se aplicarán de dos a diez años de prisión y de seiscientos ochenta y siete a seis mil ochocientos setenta y ocho días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga.

La misma pena se impondrá a quien realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

Se sancionará de dos a diez años de prisión y de seiscientos ochenta y siete a seis mil ochocientos setenta y ocho días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.

Además, contempla de dos a diez años de prisión y de seiscientos ochenta y siete a seis mil ochocientos setenta y ocho días multa, al que introduzca al territorio nacional, o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación.

Precisa pena de dos a nueve años de prisión y por el equivalente de mil a cinco mil días multa a quien ilícitamente, de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, camarón, pepino de mar y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 5 kilogramos de peso.

Incluye una pena de dos a diez años de prisión y de seiscientas ochenta y siete a seis mil ochocientos setenta y ocho días multa, a quien, en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable, introduzca al país, o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o libere al ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales.

Como resultado de conductas fuera de la zona urbana, entre ellas al que desmonte, extraiga o destruya cualquier tipo de vegetación natural o recurso forestal maderable, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de mil a cinco mil días multa. Al que corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, se aplicará pena de dos a diez años de prisión y de mil a cinco mil días multa y, al que realice actividades de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en cualquier tipo de terreno forestal, una pena de dos a diez años de prisión y de mil a cinco mil días multa.

El dictamen considera de uno a diez años de prisión y de cuatrocientos cincuenta y ocho a cuatro mil quinientos ochenta y cinco días multa a quien críe o entrene a un perro con el propósito de hacerlo participar en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros para fines recreativos, de entretenimiento o de cualquier otra índole.

Reservas

La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena) señaló que la reserva del diputado Monreal se suma al esfuerzo de aumentar determinadas penas y agregar como tipo penal las conductas de quien genere, use o difunde información falsa o simulada ante las autoridades ambientales para obtener registros, constancias, reconocimientos, distintivos, certificados de desempeño ambiental o cualquier otra relacionada con la gestión ambiental. 

Del PT, el diputado Luis Armando Díaz anunció que su grupo parlamentario acompaña esta reserva y reforma al considerar que se tiene una deuda histórica en la defensa del medio ambiente en nuestro país. Invitó a votar a favor y sumarse a este hecho histórico porque “está en nuestras manos el poder defender nuestro medio ambiente en beneficio de nuestro pueblo, de las mexicanas y los mexicanos”.

Con los cambios se precisa en el artículo 418 que: “Cuando las conductas a que se refiere este artículo se realicen empleando armas de fuego o por cualquier otro medio violento en contra de las personas o para obtener un lucro o beneficio económico, se le impondrá pena de ocho a aumentará hasta en quince años de prisión y hasta ocho mil días multa.

“La pena será de seis a se aumentará hasta en veinte años de prisión y de seis mil a hasta diez mil días multa para el caso en que las conductas antes referidas afecten un Área Natural Protegida”.

Mientras que el artículo 420 Quáter queda: “Se impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, a quien:

“I. a V....

“VI. Genere, o use o difunda información falsa o simulada, relativa a una persona jurídica, con relación a su desempeño, mejora o cumplimiento de las obligaciones previstas en leyes y normas ambientales, que induzca al engaño, error o confusión en los consumidores, inversionistas, instituciones del sistema financiero, o para alcanzar un lucro o ventaja indebidos

“VII. Genere, use o difunda información falsa o simulada, ante las autoridades ambientales, para obtener registros, constancias, reconocimientos, distintivos, certificados de desempeño ambiental o cualquier otra relacionada con la gestión ambiental;

“VIII. Proporcione información falsa o simule el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales en materia de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero”.

La diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM) mencionó que en México un total de mil 573 especies se encuentran en alguna categoría de riesgo, ya sean amenazadas o en peligro de extinción, de acuerdo con la Norma 59-Semarnat-2010, entre ellas se incluyen 154 anfibios, 392 aves, 49 invertebrados, 291 mamíferos, 204 peces y 443 especies de reptiles.

Esa cifra --dijo-- revela un número creciente de especies que enfrentan un riesgo de supervivencia, debido a la pérdida y degradación de los habitas, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales, la introducción de especies invasoras y el tráfico ilegal de ejemplares de vida silvestre. 

Argumentó que la vida silvestre no son especies asiladas de la biodiversidad sino son piezas fundamentales en la red que sostiene la vida de los ecosistemas. Cada especie cumple una función específica y es insustituible.

Con ello, se agregó un párrafo al artículo 420 que dice: “Cuando la conducta descrita en la fracción V de este artículo cause la muerte de cualquier ejemplar de fauna silvestre cuya especie esté considerada en peligro de extinción, amenazada o sujeta a protección especial en un área natural protegida se aplicará una pena adicional de hasta cinco años de prisión”.

Para la discusión en lo particular, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, informó que también se presentaron reservas a los artículos 178, 180, 187, 188, 415, 416, 417 y 421 del proyecto de decreto.

En la discusión, diputadas y diputados de Morena, PVEM, PT y PRI, presentaron reservas, mismas que no fueron aceptadas por el Pleno, por lo cual se desecharon, o se solicitó enviarlas al Diario de los Debates. 

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“2025, Año de la Mujer Indígena”
LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025

DIPUTADO RICARDO MONREAL ÁVILA
Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena

Mensaje durante la presentación de su propuesta de modificación al dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores y legisladoras:

Vengo a presentar una reserva a nombre de los coordinadores de los grupos parlamentarios. 

Todos nos hemos puesto de acuerdo en esta reserva porque, en efecto, es un grave problema el que México está padeciendo en materia de tala ilegal de bosques, deforestación, cambio de uso de suelos y esta degradación que está siendo muy peligrosa para el futuro de la humanidad. 

Sólo déjenme decirles un dato, en el 2020, no tengo datos más cercanos, se talaron ilegalmente casi 130 mil hectáreas. En un solo año.

En anteriores años, 2010-2016, casi seis años, se habían talado ilegalmente apenas, o no apenas, una gran cantidad, porque son 91 mil 600 hectáreas, en cinco años, y en un año 130 mil hectáreas. 

Es muy grave, porque México firmó un acuerdo con CITES, esta es la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES. Ahora están en una reunión en Ginebra, y México, como no ha cumplido con establecer sanciones más rígidas, en años pasados fue sancionado económicamente.

Lo que estamos haciendo ahora los coordinadores de los grupos parlamentarios, es proponer modificaciones al texto del dictamen, para hacer más duras, más rígidas las sanciones contra todo aquel talador, contra todo aquel que está violando, destruyendo todos los bosques de nuestro país. 

Es impresionante cómo la tala se vuelve un problema serio, pero no sólo en bosques, sino también en el mar, con especies en extinción, como es la vaquita marina, como son mamíferos distintos en peligro de extinción, y también tiene que ver con estas especies, como la mariposa monarca que, por la tala inmoderada de los bosques, destruyen su hábitat y cada vez son menos las mariposas que acuden a lo que ellas consideraban su santuario. 

Por eso es importante lo que ahora estamos legislando.

Miren ustedes, yo recuerdo en Zacatecas, y seguramente en todo el país, hacia los años setentas, hubo un programa del gobierno de desmonte de bosques para poder convertirlos al sembradío, a terrenos de cultivo, y el gobierno adquirió maquinaria impresionante que llegaba y deforestaba hectáreas y hectáreas para convertirlas al cultivo. 

¿Qué sucedió? Destruyeron los bosques y nunca pudieron satisfacer el propósito de convertir esas tierras en cultivo, se convirtieron en desiertos y fueron cientos de miles de hectáreas que el propio gobierno deforestó. 

Ahora estamos, esta generación, revirtiendo esa tendencia y protegiendo nuestros bosques, nuestros mares, las especies en extinción, nuestra flora y nuestra fauna silvestres.

De esto se trata esta reforma, que además es consecuente con un compromiso internacional que México firmó desde 1991, es decir, tiene más de 30 años que no habíamos legislado en esta materia y que era obligación del Estado mexicano legislar. 

Hoy estamos cumpliendo este gran propósito de reclamos de las nuevas generaciones en nuestra contra. 

Creo que todos debemos sentirnos satisfechos por este tipo de reformas, este tipo de actuación jurídica a los tipos penales que actualmente existen.

¿Por qué la razón? Porque con los tipos penales actuales se logra procesalmente nunca tocar prisión, nunca ser privado de su libertad, se establecen penas muy laxas que, procesalmente, se pueden salvar. 

Esa es la idea de endurecer las penas en una materia que, a pesar de ser garantista mi posición, creo que, por la humanidad y por las futuras generaciones, vale la pena legislar. 

Quiero agradecerle al diputado José Elías Lixa, a Reginaldo Sandoval, al diputado Carlos Puente y al diputado Rubén Moreira la suscripción de estas reservas que estamos haciendo para el bien de la humanidad.

Por su atención, muchas gracias.

                      
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