“2025, Año de la Mujer Indígena”
LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”
Boletín No. 2349
• El dictamen, enviado al Senado, establece un Registro Nacional de Accesos a Playa
• Se adicionaron las leyes generales de Bienes Nacionales y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma diversas disposiciones de las leyes generales de Bienes Nacionales y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de acceso libre y gratuito a playas y áreas naturales protegidas.
El documento, que deriva de una iniciativa de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila y Enrique Vázquez Navarro, fue aprobado en lo general con 465 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones; en lo particular y con modificaciones recibió 470 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.
En la discusión en lo particular, el diputado Monreal planteó modificar los artículos 127 de la Ley General de Bienes Nacionales, 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como los transitorios segundo y tercero del proyecto de decreto, mismas que fueron aceptadas por el Pleno, y se integró la propuesta del diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN).
Registro Nacional de Accesos a Playas
El dictamen establece en la Ley General de Bienes Nacionales que el acceso a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua a las mismas será libre, gratuito y permanente para todas las personas sin distinción de origen, nacionalidad o condición social y no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que señalan otras leyes o los reglamentos administrativos.
Las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el acceso desde las vías públicas a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua a las mismas, el cual deberá ser seguro y señalizado.
Indica que queda prohibida la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua a las mismas, salvo por disposición expresa para la prevención y protección ambiental, seguridad pública, interés nacional y en los casos que establezcan los reglamentos administrativos.
Menciona que las concesiones o permisos en zonas federales marítimo-terrestres deberán contemplar el acceso público a las playas marítimas conforme a lo siguiente:
a) La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los ayuntamientos de los municipios que colinden con la zona federal marítimo-terrestre, establecerán el Registro Nacional de Accesos a Playas a partir de la identificación y validación conjunta que resulte de la traza urbana, semiurbana y rural señalada en los Programas de Desarrollo Urbano, los Programas de Ordenamiento Ecológico Locales, los Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y otros instrumentos aplicables, así como de los convenios con propietarios de predios colindantes con la zona federal marítimo-terrestre.
b) Los municipios y, en su caso, los estados deberán inscribir en los catastros y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio los accesos a playas, a fin de garantizar su permanencia y el conocimiento de su existencia ante solicitudes de compraventa, rectificación de límites y colindancias de predios contiguos y otros instrumentos aplicables.
c) La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales procurará que en los centros de población y otros asentamientos humanos que cuenten con concesiones de zona federal distintos a los propietarios o legítimos poseedores de predios adyacentes, establezcan zonas de acceso libre a las comunidades locales.
En tanto, el artículo 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, precisa que la Secretaría garantizará el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia, por lo menos un día a la semana; los domingos y días festivos la Secretaría promoverá los descuentos descritos en el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, así como el libre acceso cuando las condiciones lo permitan, y dicho acceso se hará con pleno respeto a las medidas de cuidado y protección de la biodiversidad y los ecosistemas.
En el artículo segundo transitorio expone que, conforme al presente decreto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades correspondientes deberán realizar las adecuaciones normativas que en el ámbito de sus funciones le correspondan, en los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.
Además, se eliminó el artículo tercero transitorios del dictamen que decía: “Las concesiones vigentes deberán ajustarse a las disposiciones del presente decreto en un plazo máximo de 180 días naturales”.
En la discusión de la reserva, el diputado Lixa Abimerhi (PAN) consideró que modificar la palabra “garantizará” por “debe garantizar” pasa de un enunciado que es obligatorio para la Secretaría a una suposición, por lo que, propuso verbalizar en función del texto original que tenía la iniciativa, es decir: “la Secretaría garantizará al público en general el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia, y que ahí continúe la propia reserva como la ha planteado”.
Desde su curul, el diputado Ricardo Monreal dijo no tener inconveniente en aceptar la propuesta del diputado Lixa, ya que es correcto el propósito de la iniciativa, se complementan y “doy mi anuencia para la modificación”.
A su vez, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) aseguró que es una reforma de fondo que restituye el interés público por encima de cualquier interés privado; va más allá de una palabra o de un ejercicio semántico, es un cambio de fondo, y el objetivo del dictamen es conciliar las inversiones privadas y turísticas con el interés público. “Hoy se da un paso en recuperar las playas para el pueblo de México”.
Armando Díaz Luis, diputado del PT, celebró la aprobación de esta reforma y a la cual la mayoría de los grupos parlamentarios estén conscientes de regresarle al pueblo de México el disfrutar de las playas. “Disfrutar de las playas es un derecho constitucional y no estamos en contra de la inversión, pero sí de la privatización de las playas”.
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