Aprueba en Comisión reformas sobre seguridad de bases de datos, prevención de violencia familiar y Registro Público Vehicular

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"2026, Año de Margarita Maza Parada"
LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”


Boletín No. 3504


La Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por la diputada Jessica Saiden Quiroz (Morena), aprobó por unanimidad tres dictámenes relativos a gestión de riesgos y seguridad de bases de datos, prevención de violencia familiar y reformas a la Ley del Registro Público Vehicular.

La diputada Saiden Quiroz señaló que los dictámenes reflejan la capacidad de construir acuerdos y avanzar en soluciones que atiendan tanto la prevención como el fortalecimiento institucional. 

Aseguró que la Comisión seguirá trabajando con seriedad, apertura y alto sentido de responsabilidad y anunció que en las próximas semanas las y los integrantes de la instancia legislativa tendrán una mesa de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Dictámenes

El primer dictamen reforma y adiciona disposiciones de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, a fin de incorporar un Capítulo XI denominado “Seguridad de la Base de Datos del Registro”, para establecer en el artículo 37 que se considera riesgo a cualquier acontecimiento potencialmente capaz de afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información contenida en la base de datos del Registro.

Estos pueden ser daño físico, incidental o deliberado a la infraestructura que soporta la base de datos, incumplimiento de políticas, reglas de acceso o procedimientos de seguridad, ya sea por negligencia, omisión o acción deliberada; y presencia o ejecución de software malicioso. 

Asimismo, ataques técnicos orientados a infringir el sistema, tales como explotación de vulnerabilidades, intentos de acceso no autorizado, ataques de denegación de servicio, filtración de contraseñas o modificación no autorizada de configuraciones. 

También, señala que se considera que existe vulneración a la información contenida en la base de datos del Registro cuando se afecte su confidencialidad, integridad o disponibilidad. 

La diputada Saiden Quiroz detalló que la reforma fortalece al Estado en dos planos simultáneos: primero, en el de derechos, ya que un registro confiable es una garantía contra la detención arbitraria, incomunicación, tortura y desaparición forzada porque permite el seguimiento y verificación institucional desde el primer minuto de la privación de la libertad.
 
Segundo, en el plano de capacidad operativa al establecer medidas de gestión de riesgo, controles de accesos, respuesta ante incidentes y continuidad del servicio; asimismo, se reducen los espacios de discrecionalidad y se blinda un sistema crítico frente a errores humanos, fallas técnicas o ataques externos. 

El diputado Julio César Moreno Rivera (Morena) explicó que se plantea establecer medidas preventivas y correctivas como controles de acceso respaldados de información, monitoreo, seguridad y protocolos de respuesta ante incidentes. Agregó que esta reforma reconoce que el Registro de Detenciones es una herramienta que permite el control judicial y, al mismo tiempo, protege la información de las personas detenidas. 

La diputada Teresa Ginez Serrano (PAN) mencionó que entre las medidas se propone la definición normativa de los conceptos de riesgo, la vulneración, medidas mínimas de seguridad, reglas de actuación inmediata frente a incidentes y atribuciones de la autoridad responsable que en este caso será la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Del PT, el diputado Francisco Javier Guízar Macías resaltó que se están mejorando los instrumentos legislativos para fortalecer la seguridad del país. “Esta corrección que se está haciendo es precisamente para proteger los datos personales no nada más de los detenidos sino de aquellos que los detuvieron y en el proceso que se encuentran”.  

Incluir violencia familiar y de género

También, con la unanimidad de 32 votos se aprobó el dictamen que modifica la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a fin de incluir a la violencia familiar y reforzar la Política Nacional de Prevención Social, mediante la transversalidad de la violencia contra las mujeres y la perspectiva de género, así como a través de la promoción de la cultura de paz y el involucramiento de las comunidades y la sociedad civil organizada.

Los tres órdenes de gobierno deberán atender el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como los esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres que emita el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Incluye como objetivos de la ley el impulsar la cultura de paz que permita fortalecer el tejido social, y restablezca la convivencia armónica y los lazos entre personas de una misma comunidad.

La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación y que garantizan a todas las personas el pleno ejercicio de todos los derechos y proporcionan los medios para participar plenamente en el proceso de desarrollo de su sociedad.

Además, la participación corresponsable reconoce el papel de las comunidades y de la sociedad civil organizada en la construcción de la cultura de paz y en la prevención social de la violencia y la delincuencia, mediante el estudio de las características culturales, sociales, geográficas y económicas de cada comunidad.

Saiden Quiroz expresó que se busca incluir a la violencia familiar y de género entre las prioridades de la prevención social de la violencia y de la delincuencia, así como reforzar la Política Nacional de Prevención Social fortaleciendo sus raíces comunitarias y familiares, dotar a los municipios y actores sociales de herramientas para construir entornos protectores resilientes y participativos. 

 A su vez, la diputada Zaria Aguilera Claro (Morena) opinó que la reforma representa un paso importante para fortalecer la Política Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencias, pues los datos son alarmantes, ya que en 2025 se reportaron 314 mil 539 delitos tipificados como violencia familiar. “Reducir la violencia de género y familiar puede tener un impacto directo en la disminución de otros delitos”. 

Para la diputada Mildred Concepción Ávila Vera (Morena) el hecho de incluir la violencia familiar como un eje fundamental en la Ley es la oportunidad de trabajar en temas de prevención para erradicar las violencias, dado que lo que sucede al interior de la familia se refleja en la escuela, el trabajo, la comunidad y en diferentes espacios. “Con la reforma se abona en el eje de construcción de paz, con perspectiva de género y de la mano de la sociedad civil organizada”.   
 
Ley del Registro Público Vehicular

La Comisión también avaló, por unanimidad de 32 votos, el dictamen que reforma el artículo 1 y adiciona el artículo 3 de la Ley del Registro Público Vehicular, para que la aplicación de esta norma y la coordinación que de ella se derive se haga también con respeto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Asimismo, incluir entre las facultades del Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo, para la aplicación de la ley, que se deberá acordar con las entidades federativas, en el marco del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro. 

Además, establecer que la información del Registro integrará las bases de datos sobre movilidad y seguridad vial, en estricto apego y observancia de la legislación en materia de transparencia, información pública, y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

Precisa que las bases de datos, los registros administrativos y las fuentes de información, así como su consulta, acceso, interconexión, integración, procesamiento, sistematización, análisis, uso y aprovechamiento, deberán ser empleados para desarrollar y fortalecer las tareas de investigación. La información contenida en el Registro se remitirá al Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.

La diputada Saiden Quiroz explicó que esta propuesta busca armonizar la ley para fortalecer la seguridad vial y mejorar la gestión de la información vehicular.  

En tanto, la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (PVEM) detalló que la aplicación de la Ley del Registro Público Vehicular respetará también los lineamientos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y se incorpora el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial como marco de coordinación entre la Federación y las entidades federativas. 

Adicionalmente, fortalece la vinculación entre las fiscalías y las instancias de seguridad vial en la integración de datos sobre robos y destrucción de vehículos y ordena que la información del registro nutra las bases de datos de movilidad con pleno respeto a la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales.
  

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