Avala Comisión dictamen para integrar a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el anexo transversal Anticorrupción

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Boletín No.3765

Avala Comisión dictamen para integrar a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el anexo transversal Anticorrupción

 

• En los PEF 2021, 2022 y 2023 se incluyó, pero no había un mandato legal que diera certeza: González Robledo

 

• El dictamen, aprobado por unanimidad, se envió a la Mesa Directiva para su programación

 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el diputado Erasmo González Robledo (Morena) aprobó por unanimidad de 43 votos reformar la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria para incluir el anexo transversal de Anticorrupción.

 

Se busca modificar el artículo 2, fracción III bis, para incluir en el catálogo de anexos transversales el de Anticorrupción, así como el 41, fracción III, inciso c), a fin de integrar el inciso w) y establecer las previsiones de gasto que correspondan a la prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción, como también las acciones de fiscalización y control de recursos públicos.

 

Además, los artículos 23, párrafo sexto y 107, fracción I, inciso b), subinciso iv), y penúltimo párrafo, del mismo ordenamiento, con la finalidad de agregar en el texto el inciso w).

 

González Robledo indicó que el dictamen contempla dos iniciativas: una, presentada por las diputadas y diputados de la junta directiva de la Comisión que él preside, y la otra, por integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, como resultado del impulso de ambas comisiones.

 

Explicó que en los presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023 se incluyó el anexo transversal de lucha anticorrupción, “pero se carecía de un mandato legal expreso y con esta modificación se brinda mayor certeza jurídica al hacerlo obligatorio para los subsecuentes ejercicios fiscales”

 

El diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, señaló que por década se han buscado soluciones a la corrupción sin lograrlo y frente a ese fenómeno, las tareas de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia, son grandes referentes.

 

Dijo que el anexo transversal Anticorrupción permite identificar quién gasta, para qué y dónde gasta; facilita el rastreo de recursos, cómo se ha erogado y su transversalidad. Además, esta herramienta permitirá conocer, prevenir, denunciar, corregir y entregar resultados con transparencia y rendición de cuentas.

 

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) manifestó su voto a favor del proyecto y se pronunció por fortalecer la participación y empoderamiento ciudadano, así como impulsar un factor formativo y educativo para incluir desde la primaria y la secundaria una materia de supervisión y vigilancia. Asimismo, establecer una ruta par que la gente ponga atención los presupuestales estatales, federales y municipales.

 

La diputada Lidia Pérez Barcenas (Morena) dijo que la incorporación de este anexo cierra un pendiente para darle formalidad a las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción. También permite establecer en el presupuesto la metodología y obliga a todas las dependencias a sujetarse al método de evaluación y seguimiento.

 

Del PRI, el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, manifestó su voto a favor para construir un andamiaje legislativo y jurídico que permita superar y cerrar el paso a los esquemas de corrupción. Reiteró su compromiso por avanzar en materia de transparencia y rendición de cuentas, generar conductas que eviten el mal uso de recursos públicos en perjuicio del erario y atajar prácticas abusivas.

 

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN), afirmó que la propuesta nace del consenso para luchar frontalmente contra la corrupción y abonar a la transparencia; además, no genera impacto presupuestal, pues el anexo ha venido contando con recursos y lo que se aprueba que la obligatoriedad de que esos recursos se aprueben año con año en el PEF.

 

En su oportunidad, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) se sumó al dictamen y planteó que la discusión vaya más allá de las posiciones partidistas, para tener más caridad de lo que sucede con los recursos públicos, cómo prevenir y cómo hacer las correcciones.

 

Raymundo Atanacio Luna, diputado de Morena, se pronunció a favor del dictamen por la importancia de robustecer las capacidades e instrumentos para combatir y controlar la corrupción. Añadió que la rendición de cuentas no tiene partido político y señaló que los recursos deben orientarse a cumplir obligaciones del Estado y sentar las bases para reconfigurar el quehacer público y un nuevo modelo de desarrollo.

 

El diputado Omar Enrique Castañeda González (MC) se sumó a la propuesta para fortalecer el combate a la corrupción y la impunidad, a través de un marco normativo que brinde esos mecanismos y herramientas. Asimismo, planteó la necesidad de garantizar un mayor seguimiento de los recursos en los ámbitos estatal y municipal, “que es donde hay más opacidad”.

 

Aprobado el dictamen en lo general y en lo particular, se envió a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.

 

Opiniones

 

Posteriormente, se aprobó con 42 votos la opinión de la Comisión respecto a la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento de la Caficultura, al considerar que sí se generaría un impacto presupuestario al erario federal por un monto de 12 millones 407 mil 949 pesos con la creación del Programa Integral para el Desarrollo de la Caficultura y la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Caficultura.

 

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (PRI) dijo que la caficultura es una actividad enclavada en los lugares más marginados y menos comunicados del país y tiene serios problemas de plagas que acaban con la producción y requieren mayor atención. Planteó que se destinen presupuestos y políticas firmes a los caficultores para impulsarlos.

 

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) señaló que esta es una industria que no hace justicia a los caficultores, y se pronunció por tener un mercado justo y combatir prácticas monopólicas que se aprovechan de la buena voluntad y la excelente calidad del café mexicano.

 

Asimismo, la Comisión aprobó con 47 votos la opinión sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Promoción al Consumo y Fomento a la Competitividad del Calzado Mexicano, la cual tendría un impacto presupuestario por reasignación de recursos de al menos 29 mil 275 pesos para el ejercicio fiscal 2023.

 

De igual forma, se aprobó con 30 votos a favor, 20 en contra y cero abstenciones, la opinión sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación.

 

Esta modificación no tendrá un impacto presupuestario, ya que, si bien las propuestas implican reorientación de las políticas públicas en la materia, en la estructura orgánica y administrativa del Consejo, en la distribución de competencias, en los mecanismos de fomento y financiamiento, así como en las facilidades administrativas, éstas se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria del Conacyt.

 

El documento establece que la eventual expedición de las disposiciones reglamentarias y administrativas a las que se hace referencia, sí podrían generar un impacto presupuestario, mismo que no puede ser cuantificado por el momento.

 

Al respecto, el diputado Téllez Hernández dijo estar en contra porque se genera un impacto presupuestal, además de que la iniciativa debe acompañarse de más recursos presupuestales para el Conacyt. Solicitó que haya inversión que permita a universidades y centros de estudio contar con recursos.

 

Del PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores apoyó la opinión porque no genera un impacto presupuestal. “Lo cierto es que hay un incremento de recursos para ciencia y tecnología”.

 

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) dijo que no se trata de falta de recursos, pues se han destinado más de 31 mil millones de pesos a ciencia y tecnología. Planteó revisar la aplicación de los recursos con transparencia, hacer eficiente el presupuesto del Conacyt, y elevar la calidad de la ciencia, la tecnología y la innovación.

 

Del PRI, el diputado Jaime Bueno Zertuche se pronunció en contra de la opinión por el impacto presupuestal y pidió que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas realice un análisis real e indique el verdadero impacto en cifras.

 

​La diputada de Morena, Lidia García Anaya reconoció que se han retirado apoyos a los investigadores y fideicomisos que les generaban recursos; hubo falta de trabajo y seguimiento a investigadores y eso se traduce en corrupción. Se pronunció por reorientar el presupuesto del Conacyt para apoyar a investigadores, porque son parte fundamental del país.  

 

Del PRD, el diputado Miguel Ángel Torres Rosales se pronunció en contra y pidió que se reoriente el gasto público en investigación y se dé la importancia que requiere el tema para el país.

 

El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena) consideró que la iniciativa aporta para temas de humanidades, ciencia y ecología, por lo que votaría a favor de la opinión. Dijo que hay un avance en los recursos destinados a ciencia y tecnología.

 

Enseguida, se avaló con 44 votos a favor, tres en contra y una abstención, la opinión sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Investigación del Delito, la cual sí generaría un impacto presupuestario por tratarse de un nuevo ordenamiento que requerirá acciones de capacitación y certificación de personal, así como de una reasignación de recursos del FORTAMUN y del FASP, contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal.

 

Asuntos generales

 

El diputado Reinaldo Sandoval Flores (PT) propuso realizar una reunión del Grupo de Trabajo Gobierno con los contralores internos de los organismos autónomos, en la que participen la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Contraloría, para hacer un balance de la efectividad del gasto en sus áreas y el gobierno.

 

La diputada Lidia García Anaya (Morena), propuso que la Comisión sesione de manera presencial. “En esta Comisión, o en todas, se toman decisiones que benefician a todo el país, y tenemos una responsabilidad social y la obligación de cumplir a las y los ciudadanos que nos dieron sus votos”.

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