Comisión de Atención a Grupos Vulnerables llevó a cabo el Primer Parlamento Nacional de Personas con Discapacidad

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“2025, Año de la Mujer Indígena”
LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”


Boletín No. 2983



La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside la diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores (PVEM), llevó a cabo el Primer Parlamento Nacional de Personas con Discapacidad, con el objetivo de escuchar las propuestas de la sociedad civil. 

La diputada Mónica Herrera Villavicencio (Morena) explicó que este parlamento tiene como objetivo convencer a las y los participantes de que la iniciativa que presentarán debe considerarse prioritaria dentro de los trabajos de la Comisión. “Yo espero que en este foro hagamos un gran equipo. Como persona con discapacidad, mi prioridad son ustedes”.

También de Morena, el diputado Favio Castellanos Polanco expresó su reconocimiento a la diputada Herrera Villavicencio por la organización del Primer Parlamento Nacional de Personas con Discapacidad.  

De MC, el diputado Juan Armando Ruiz Hernández dijo que es importante escuchar las propuestas e inquietudes de las personas con discapacidad, y a través de iniciativas y herramientas con que cuentan legisladores y legisladoras, materializar aquellas preocupaciones y solicitudes que en este parlamento se compartan.

Pedro David Ortega Fonseca, director general de Bienestar para las Personas con Discapacidad, se comprometió a continuar trabajando en favor de este sector. Destacó la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad como un apoyo cuyo presupuesto se entrega directamente a cada beneficiario, sin intermediarios, y que actualmente existe en más de 24 estados del país. 

Intervención de ponentes

María Andrea Escobar García pidió crear mecanismos de implementación de políticas públicas, observatorios ciudadanos de accesibilidad universal e inclusión real, con participación de personas con discapacidad en la toma de decisiones, así como impulsar un sistema nacional de certificación de entornos laborales inclusivos y accesibles.  

David Ociel Zerón Alejos solicitó que se realice una reforma al artículo 3 fracción sexta de la Ley General de Cultura Física y Deporte para que cada vez existan más entrenadores que sepan lo que verdaderamente necesitan, adaptaciones en gimnasios y eliminar actos discriminatorios. Agregó que México ha ganado 290 medallas paraolímpicas y “esto es un reconcomiendo a las y los atletas que han luchado”. 

A su vez, Cecilia Bello Munguía, presidenta de la Federación de Sordociegos Nacional de México, subrayó que no existe una educación especial para las personas sordociegas desde preescolar hasta universidad; por ello, sugirió contar con profesores capacitados, accesibilidad e inclusión, creación de materiales didácticos y ajustes razonables que son necesarios para una enseñanza de aprendizaje a nivel educativo.

Marco Antonio López Arrieta destacó la importancia de crear espacios accesibles para las personas con discapacidad, ya que el 80 por ciento de las infraestructuras a nivel nacional no son accesibles, además de realizar campañas de sensibilización y adecuaciones. 

Brenda Leticia Rojano Tovar refirió que, aunque la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce la comunicación como un derecho, no existe una regulación clara, operativa ni financiada sobre el acceso a dispositivos y sistemas de comunicación, lo que provoca ausencia de capacitación docente y brecha económica entre las familias.

Rodolfo López Espinosa mencionó que no se ha realizado una reforma en donde se beneficie a la comunidad sorda como reconocimiento a su parte lingüística de la Lengua de Señas Mexicana. Solicitó que la comunidad sorda sea equiparable a las lenguas indígenas, porque la cultura sorda tiene identidad, gramática y un idioma que consta de una estructura.

Lizbeth Magdalena Cardona Solís, persona neurodivergente, pidió la actualización constante de profesores que sean capaces de ver el talento en vez de un problema, la creación de escuelas capacitadas para entender la neurodiversidad, reconocimiento oficial de las discapacidades no visibles, trámites burocráticos ágiles y ajustes razonables que permitan trabajar sin apagar capacidades.  

En tanto, Andrés Elek Hansberg, persona con discapacidad intelectual motriz, dijo que es fundamental capacitar a los servidores públicos, así como a los que no lo son y prestan un servicio en el tema de discapacidad y puedan distinguir los tipos que existen, atención requerida y ofrecer un mejor servicio. “Si no hay grupos interdisciplinarios y capacitaciones, no vamos a llegar a ningún lado”.

Liliana Gabriela Quintero Cota presentó una reforma “urgente, viable y de impacto nacional” a la Ley General de Accesibilidad en productos de consumo, una legislación diseñada para garantizar que los productos esenciales incluyan información en formatos perceptibles y para quienes no pueden ver o ven de manera limitada. “No poder leer una etiqueta no es un simple inconveniente, es un riesgo cotidiano”.  

Adolfo Cortés Veneroso aseguró que la inclusión educativa es el puente que permite construir una sociedad donde cada individuo, independientemente de sus capacidades, pueda alcanzar su máximo potencial y contribuir al bienestar colectivo. “Va mucho más allá de la simple integración de un estudiante con discapacidad en las aulas, sino de un cambio profundo en la cultura escolar y prácticas pedagógicas”. 

Dagoberto Cortés Díaz solicitó garantizar facilidades laborales para las y los cuidadores que acrediten formalmente dicha responsabilidad, y una vez comprobada su función mediante estudios clínicos y la documentación correspondiente, el cuidador tenga derecho a pedir permisos laborales flexibles, que no sea víctima de acoso y este protegido ante represalias. 

Dennis Jonathan Muciño Yedra planteó una reingeniería a la Ley General para la Inclusión, estructurada bajo mecanismos técnicos, que garanticen igualdad sustantiva a través del cumplimiento normativo para establecer una cuota laboral obligatoria del cinco por ciento a la plantilla laboral para la contratación de personas con discapacidad. 

Por su parte, Cesar Ernesto Escobedo Delgado, representante del Grupo de Sordos Lingüistas y Académicos de México, pidió que se reconozca a los pueblos sordos como comunidades lingüísticas y culturales y se proteja su inclusión en todos los ámbitos públicos. “El Estado mexicano no garantiza el derecho fundamental a la comunicación en Lengua de Señas Mexicana”. 

María Belém Cerón Ibarra preguntó la razón por la que no se incluye la Lengua de Señas Mexicana en los planes de estudio; por ello, planteó que sean sancionados los profesores docentes que no quieran enseñar a personas con discapacidad, porque “no podemos hablar de una inclusión laboral cuando no estamos aprendiendo adecuadamente”. 
    
Héctor Iván Ruiz Aguirre exigió el cumplimiento del artículo 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para adoptar medidas legislativas y hacer efectivos los derechos, así como exhortar a la red de poderes legislativos para que sea obligatorio en las constituciones locales.

En opinión de Michelle Gálvez Castro la falta de reconocimiento a la discapacidad orgánica o visceral en el marco jurídico tiene consecuencias directas, ya que dificulta el acceso al certificado de discapacidad, reduce la posibilidad de garantizar diagnósticos tempranos, continuidad en tratamientos y acceso a medicamentos. 

Ángel Josiel Román Cuellar, de la Coordinación Municipal para la Atención de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, propuso una modificación a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que contemple la creación de organismos municipales para la atención de estas personas que les permita desarrollar una política publica inclusiva. 

Griselda Romero Martínez, directora de la Asociación Civil Guerreras Reales Medellín A.C., solicitó a la presidenta de la República que aumenten los apoyos para las personas con discapacidad, a pesar de que ya existe una ley, que sea permanente y obligatoria en una administración, empresas, ayuntamientos e instituciones de gobierno. 

En tanto, Lizbeth Tapia Espinosa indicó que es necesario establecer un marco legal que obligue a los municipios a contar con una persona experta en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y cuidadores, para que sean aplicados los ajustes razonables en la adecuada aplicación de sus garantías. 

Miguel Ángel Hernández Correa mencionó que a las personas con discapacidad se les otorga un apoyo menor que a los adultos mayores o a los jóvenes. “Estamos buscando que se construya una política pública real y de inclusión, así como una pensión de bienestar; porque la inclusión no es una opción, sino un derecho”.  

Jessica Susana Vega planteó que se realice una aplicación para celular gubernamental que conecte a todas las personas con discapacidad, ya sea de ayuda inmediata de salud o un accidente en el hogar y que funcione como un botón de pánico y la ayuda sea mandada con los ajustes razonables necesarios. 

María Soledad Amieva Zamora, diputada local de Morena en Puebla, manifestó su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta a favor de este sector de la población. 
 
Claudia Salazar Aguilera sugirió que el 20 por ciento de los recursos destinados a obras públicas municipales se asigne exclusivamente a la creación de empleos dignos y a la capacitación laboral para todas las personas con discapacidad, con el fin de integrarlos plenamente a la vida laboral.

Eduardo López Ruiz pidió que las personas cuidadoras de personas con discapacidad puedan retirarse a la edad de 50 años y no hasta los 65 años como lo marca la ley. Agregó que esta iniciativa podría involucrar las finanzas federales en una situación de análisis, pero es necesaria para este sector. 


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