Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprueba su opinión respecto al PPEF

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Boletín No. 5303

• En la reunión también se avalaron cuatro puntos de acuerdos y dos iniciativas 

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presidida por la diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), avaló con 14 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, su opinión sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2024.

Castrejón Trujillo explicó que se elaboró esta resolución partiendo del reconocimiento de que ningún presupuesto será suficiente para poder revertir la crisis ambiental que enfrenta nuestro planeta. 

Manifestó que se trata de un presupuesto responsable para el sector ambiental, aunque les gustaría que fuera más amplio. “Estamos conscientes que la disponibilidad de recursos es limitada”. Agregó que las propuestas planteadas por las y los integrantes de la Comisión serán integradas en la opinión. 

El diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) expuso que, al no destinar presupuesto a medio ambiente, los organismos internacionales señalan que México se está quedando corto en materia de agua, combate al cambio climático y prácticas de mitigación.

La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) comentó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tuvo el año pasado un incremento, pero en esta ocasión tiene una reducción. “Se requiere de una planeación estratégica de largo plazo y coordinación de los tres niveles de gobierno para atender este tema”.    

El diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa (PRI) señaló que en la propuesta que presentó propuso un 13 por ciento de aumento a los recursos de la Secretaría de Medio Ambiente, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como un 30 por ciento a la Comisión Nacional del Agua, a fin de ir recuperando paulatinamente los recursos que se han perdido.

Dictámenes

La Comisión avaló un dictamen referente a cuatro iniciativas con proyecto de decreto por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de derechos de acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales.

La diputada Castrejón Trujillo dijo que las iniciativas que coinciden en abordar los derechos de acceso a la información y participación en materia ambiental deben ser incorporados conforme al acuerdo de Escazú. “Recordemos que México suscribió este importante tratado internacional, su entrada en vigor fue en abril 2021 y obliga a todos los Estados a armonizar sus leyes para garantizar su efectivo cumplimiento”.

La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) señaló que, ante los desastres naturales se propone el fortalecimiento de los derechos sobre información y la participación ciudadana en asuntos ambientales, especialmente a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de proteger y garantizar su derecho a un medio ambiente sano, limpio y sustentable. 

Otro dictamen se refiere a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 127 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de reforestación urbana. 

Establece que las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México promoverán la restauración de las áreas verdes en las áreas urbanizadas, preferentemente con especies forestales nativas o endémicas, de conformidad con la legislación aplicable en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

La presidenta de la Comisión dijo que es apropiado incentivar las actividades de revegetación en las zonas urbanas, pero utilizando la terminología adecuada, así como remitiendo a la legislación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (Morena), promovente de la iniciativa, comentó que lo que se pretende es que se tenga una regulación a partir de los municipios, porque son los principales promotores de las reforestaciones. 

Puntos de acuerdo

En la reunión se aprobaron cuatro puntos de acuerdos: El primero, exhorta al gobierno de Nuevo León a que, en el ámbito de sus atribuciones, convoque a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y personas interesadas a participar en la elaboración de un Protocolo de Actuación de la Sociedad Civil, ante la presencia de ejemplares de la especie oso negro americano en zonas residenciales y áreas naturales protegidas de la entidad. 

El diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) comentó que el gobierno de Nuevo León preparó un estudio sobre el tema que será público la siguiente semana. 

La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) planteó la posibilidad de complementar este punto de acuerdo, a fin de que la fiscalía del gobierno de Nuevo León aplique las acciones que marca su ley estatal en el tema de los casos de maltrato que hemos visto.

En otro punto de acuerdo se solicita al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, para que, en el ámbito de sus atribuciones, difunda en el sector rural de todo el país los resultados de las investigaciones que ha realizado respecto al uso de cañones antigranizo.

Uno más, pide a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una visita de inspección y, en su caso, denuncie ante el Ministerio Público Federal los actos, hechos u omisiones que puedan implicar la probable comisión de delitos contra el ambiente por la operación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Alto Río Blanco, situada en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz. 

También, que se investigue y, en su caso, determine las infracciones a la normatividad ambiental por la operación de las plantas tratadoras de aguas residuales El Ahogado, situada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y Atotonilco de Tula, situada en el municipio de Atotonilco de Tula, estado de Hidalgo.

Otro punto de acuerdo exhorta al gobierno de Tlaxcala a que, en el marco de sus atribuciones, obtenga las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental, previo al inicio de las obras del Autotrén Tlaxcala; asimismo, se garanticen los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales relativas a dicho proyecto.

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