Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública conoce requerimientos del TFJA para 2024

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Boletín No. 5188

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el diputado Erasmo González Robledo (Morena), se reunió con el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), magistrado Guillermo Valls Esponda, con el objetivo de conocer las necesidades de este organismo en materia presupuestal para el próximo año.

González Robledo explicó que en el marco del análisis del proyecto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2024, la Comisión impulsa mesas de diálogo y acercamiento con las diferentes dependencias y organismos autónomos para conocer algunas particularidades sobre la propuesta que se ha puesto a consideración por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Señaló que por un acuerdo de la Comisión los organismos constitucionalmente autónomos y los Poderes, presentan e informan el alcance de la solicitud de Presupuesto para 2024 y nosotros las analicemos para aprobarlo antes del 15 de noviembre. 

Dijo que el Tribunal tiene un papel importante en la vida pública del país, para resolver juicios que se promueven contra resoluciones definitivas, actos administrativos o procedimientos diversos llevados a cabo por autoridades gubernamentales, además de conocer responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Función Pública, órganos internos de control de entes públicos federales o la Auditoría Superior de la Federación. 

“Sus labores son fundamentales para mantener un Estado de derecho fortalecido, abonando al desarrollo nacional y la consolidación de la paz social”, enfatizó

Recordó que para 2023 se destinaron al TFJA tres mil 153 millones de pesos, y la solicitud que se hace, y que estamos analizando, en el proyecto de PEF para 2024 tiene registrados tres mil 304 millones de pesos. “Hay una diferencia nominal de 151 millones de pesos, y prácticamente la variación real, en un análisis rápido, es de cero por ciento, es decir que el incremento sólo considera el impacto de la inflación”. 

Al hacer uso de la palabra, Valls Esponda pidió revisar el monto presupuestal que envió la SHCP. Resaltó que, en los últimos 10 años, el presupuesto del Tribunal ha oscilado entre dos mil 500 y tres mil millones de pesos, cuyo valor real se encuentra debajo de esa cantidad. 

“El Tribunal debe contar con suficiencia presupuestal acorde con su situación real, donde no sólo se resuelvan temas de naturaleza fiscal y administrativa, sino también pensiones civiles, haberes de retiro de militares, licitaciones y cumplimientos de contratos públicos, responsabilidad patrimonial del Estado, pago de garantías a favor de la Federación, comercio exterior y sanciones en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas”. 

Lo solicitado, dijo, se destinará a fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para consolidar el funcionamiento del sistema del juicio en línea Versión 2, y robustecer la administración y operación del procedimiento contencioso administrativo, es decir hacerlo más ágil, económico y seguro. 

Informó que se elaborará un plan de prevención de desastres para asegurar la continuidad de los servicios y sistemas informáticos, uno más de tipo digital en materia de ciberseguridad para proteger la integridad de la información digital que tiene el Tribunal, así como un modelo de gobierno de tecnologías de la información alineado a las mejores prácticas y estándares.

También, dijo, se fortalecerán servicios integrales de comunicación e infraestructura de cómputo, licenciamiento de softwares y desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. 

Entre otros proyectos, destacó la creación del Centro de Mediación para fortalecer y acercar una cultura de solución de conflictos con calidad y eficiencia. Para institucionalizar la perspectiva de género e implementar acciones transversales de prevención y atención de la desigualdad, discriminación y violencia por razones de género, se creará la Unidad de Género del Tribunal.

Para anticipar el deterioro de equipos e inmuebles se llevarán a cabo acciones correctivas y de mantenimiento mayor en la infraestructura del Tribunal a nivel nacional a través de diversas reparaciones. 

Preguntas y respuestas

De Morena, la diputada Claudia Selene Ávila Flores destacó que uno de los temas prioritarios es la ciberseguridad el cual tiene muchas aristas, por lo que cuestionó cómo va el proyecto en esta materia, cómo va avanzando y qué se requiere. También cuáles han sido los cambios más relevantes del Tribunal en estos 87 años y en qué benefician a la ciudadanía. 

La diputada del PVEM, Ana Laura Huerta Valdovinos, cuestionó cómo va a funcionar el Centro de Mediación, si va a haber varios, si va a ser vía remota, y cómo va a funcionar. 

Ismael Saúl Plankarte Rivera, diputado de Morena, inquirió a los magistrados si tienen alguna remuneración adicional a las establecidas en la ley.

La diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN) pidió conocer la comparativa entre el presupuesto del 2023 con el de 2024, especialmente debido a los cambios surgidos después de la pandemia, como los juicios en línea, entre otros. “Son la tercera dependencia que pide recurso para hacer respaldo de sus datos”.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) cuestionó que en la mayoría de salas regionales se observan disminuciones presupuestales, por lo que solicitó saber qué áreas se ven afectadas y cuál es el monto que solicitaron a la SHCP.

De Morena, el diputado Hamlet García Almaguer solicitó al funcionario informar la diferencia de costos entre un juicio en línea y uno escrito, para saber si es una opción de aplicación a los tribunales de justicia estatales, así como en otras materias.

En respuesta, Valls Eponda explicó que la mediación es un mecanismo de solución más barato y eficiente, pues genera menores costos, acorta los tiempos y constituye una meta a mediano plazo que requiere recursos para echarlo a andar. Dijo que las y los magistrados del TFJA tienen debidamente establecidas sus remuneraciones en el Manual de Remuneraciones y van de acuerdo con las disposiciones en la materia. Además, ningún servidor público del Tribunal recibe más que el titular del Ejecutivo. 

Dijo que el techo presupuestal que autoriza SHCP tiene un crecimiento cero y planteó que se parta de esa base y se les permita trabajar con la Comisión para generar cifras entre ambos y tener la posibilidad de aumentarlo en términos reales.

Expresó que el juicio en línea abarata en un 60 por ciento el gasto del proceso.

Informó que entre enero de 2022 y junio de 2023, el Tribunal admitió 237 mil 833 demandas, de las cuales 82 mil 236 son fiscales, y 155 mil no fiscales y se resolvieron 218 mil 911. Además, al 30 de septiembre pasado, había 65 mil 396 juicios en trámite, que representan un interés económico controvertido por más de 793 mil millones de pesos, casi tres por ciento del PIB. 

En materia de ciberseguridad, Julio Ángel Sabines Chesterking, magistrado de la Tercera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aseguró que han logrado avances en los juicios en línea para hacer más ágil su tramitación y contar con una plataforma que permita ahorrar dinero. “Mediante la consolidación de herramientas tecnológicas buscamos hacer más pronta la resolución de los conflictos, ya que se está implementando un nuevo sistema digital”.

El secretario operativo de Tecnologías de la Información, Óscar Gilberto Pérez Chacón, dijo que se han identificado diversas áreas de oportunidad y vulnerabilidades críticas, lo que coloca al Tribunal en una situación de riesgo, para lo cual se requiere de recursos adicionales. De ahí la importancia “del establecimiento de zonas seguras dentro de la red, control de acceso mediante los nodos, evitar que atacantes externos o internos tengan acceso a claves de usuarios y fortalecer el Centro de Operaciones de Ciberseguridad”.

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