Comisión de Transparencia aprobó dictamen a iniciativa presidencial que reforma la Ley de Obras Públicas

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“2025, Año de la Mujer Indígena”


Boletín No. 1199


•    Se declaró en sesión permanente en espera de la opinión de la Comisión de Presupuesto sobre la Ley de Adquisiciones

•    También avaló dictamen que modifica la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, encabezada por el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), aprobó, con 25 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, el dictamen a la iniciativa que reforma disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, presentada por la titular del Poder Ejecutivo.

También aprobó, con 25 votos a favor, el dictamen que adiciona un tercer párrafo al artículo 103 y una fracción III Bis al artículo 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Asimismo, se declaró en sesión permanente en espera de la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sobre la iniciativa presidencial que expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y reforma las leyes Federal de Austeridad Republicana, de Economía Social y Solidaria, y General de Sociedades Cooperativas.

Ley de Obras Públicas

En reunión extraordinaria, el diputado Mejía Berdeja señaló que los cambios a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas son pertinentes jurídica y técnicamente y representan un avance significativo en materia de transparencia, eficiencia y competitividad del gasto público alineándose a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Precisó que se incorpora la plataforma digital de contrataciones públicas, la cual es una herramienta innovadora que materializa los principios de transparencia y máxima publicidad, además de que garantizará el acceso inmediato, imparcial y eficiente a la información permitiendo la fiscalización oportuna del ejercicio de los recursos públicos.

Asimismo, la figura de la oferta subsecuente de descuento incorporada a la propuesta promueve un entorno competitivo, sano y eficiente en los procedimientos de contratación, facilitando ahorros significativos en beneficio del interés público.

Indicó que se incluye la figura de los diálogos estratégicos a partir de los cuales el Estado podrá identificar claramente las necesidades reales del mercado y ajustar los procesos licitatorios para incentivar la participación efectiva y el aprovechamiento pleno de la capacidad técnica y financiera del sector privado. La inclusión explícita de la investigación del mercado favorece y fortalece jurídicamente los procesos de licitación.

Destacó que se mantiene la figura del testigo social, cuya intervención obligatoria en determinados procesos constituye un mecanismo eficaz y probado para evitar actos de corrupción y aumentar la confianza social.

En tanto, la diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) reconoció que la modificación tiene mejoras, pero hay temas que deben valorarse como el relacionado con que tratándose de obras o servicios relacionados con las mismas que ejecute la Fuerza Armada Permanente no resultará aplicable la ley; que en el uso de la bitácora de obras públicas hay una excepción que es ambigua relativa a la seguridad nacional, y que la plataforma será de consulta gratuita y siempre se debe utilizar, “salvo disposiciones que establezca el reglamento”.   

El diputado del PRI, Israel Betanzos Cortes, anunció que su voto sería en contra, toda vez que lejos de contener los casos de corrupción y adjudicación directa en estas leyes se persiste con estos comportamientos, además de que apuesta a la centralización del tema.

Margarita García García, diputada del PT, comentó que la propuesta es de gran relevancia, ya que incorpora una nueva plataforma en la forma de contratación con más seguridad e información disponible vía digital, lo que en el pasado no ocurría y propone disminuir el monto para contratar obra pública por adjudicación directa, todo ello para evitar la corrupción.

El diputado José Roberto Ramírez Cruz (PVEM) expuso que para el Gobierno Federal las acciones gubernamentales en materia de obra pública deben ser revisadas de manera constante para asegurar que el ejercicio de los recursos públicos se apegue a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia, por lo que esta reforma representa un avance en el esquema de contrataciones públicas.

Por Morena, la diputada Elena Edith Segura Trejo precisó que las modificaciones que se discuten son innovadoras al contemplar las ofertas subsecuentes, esquema que promueve una licitación competitiva que permite incrementar los proyectos en beneficio de la ciudadanía; además, impulsa el uso de tecnología enfocada en los procesos de licitación.

En opinión de la diputada Claudia Selene Ávila Flores (Morena) el dictamen hará efectivo el derecho establecido en el artículo 134 de la Constitución para que los recursos públicos sean gastados con eficiencia y eficacia; garantiza que en las licitaciones no haya trajes a la medida, fortalece los procesos licitatorios, la contratación pública, abate los sobrecostos y coadyuva y fortalece el paquete de reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

De MC, el diputado Gildardo Pérez Gabino externó su inquietud por el artículo Primero Quater, ya que tiene lagunas y se presta a la corrupción, al violar el principio de generalidad de la ley y el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sobre las facultades que tiene el Ejército y nunca habla si se dedicará a construir obra pública. “Si no se modifica continuará la corrupción, como el caso de Dos Bocas, y hoy nos abstenemos en búsqueda de diálogo”.

La diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) subrayó que la transparencia es una herramienta en el combate a la corrupción y eje rector de la estrategia nacional. Refirió que presentó una reforma para crear el tablero de obra pública y que de manera digital el mapa de cualquier territorio pueda contener información que se genera en cada instancia.  

Graciela Domínguez Nava, diputada de Morena, precisó que la propuesta marca dos aspectos fundamentales: el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia utilizando la tecnología y que la iniciativa privada tenga garantías de participación a fin de que haya obra eficiente, pero a menor costo.

El diputado Luis Humberto Aldana Navarro (Morena) refirió que las adecuaciones normativas permitirán definir los lineamientos para las contrataciones públicas, a fin de que estén enfocadas a lo social, lo ambiental y la eficiencia del Estado en esta materia; además, el traslado de funciones que se le da a la Secretaría de la Función Pública para romper con el “esquema regulador-regulado que complicaba la transparencia de las adquisiciones”.

Celia Esther Fonseca Galicia, diputada del PVEM, dejó en claro que las reformas permitirán que los procesos de contratación sean equitativos y objetivos, al ser valoradas con criterios claros y justos; ese método no solo brindará certeza jurídica a los responsables de la contratación, sino fomentará la participación de licitantes en un entorno de competencia leal y transparente.

El dictamen establece que los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa u otro ente de derecho público federal o local, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, quedando sujetos a lo estipulado en los propios instrumentos jurídicos y el marco jurídico aplicable.

Para determinar la procedencia de contratar con una dependencia, entidad o persona de derecho público federal, estatal, municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México, las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, deberán realizar la investigación de mercado, solicitar la documentación que acredite que cuenta con la capacidad técnica, material y humana, y verificar y documentar que las atribuciones u objeto de la dependencia o entidad que fungirá como contratista estén relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las políticas, bases y lineamientos para llevar a cabo los procedimientos de contratación, así como para promover la estandarización de las contrataciones públicas, que deberán observar las dependencias y entidades.

Menciona que el procedimiento de adjudicación directa inicia con la solicitud de la cotización y termina con la notificación de la adjudicación del contrato, o bien con la determinación de la dependencia o entidad de no realizar la adjudicación.

También se estipula el uso obligatorio de una bitácora en cada uno de los contratos de obras y servicios. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, para lo cual la Secretaría de Hacienda implementará el programa informático que corresponda y en casos excepcionales autorizará que la elaboración, control y seguimiento se realice a través de medios de comunicación convencional cuando las dependencias y entidades así lo soliciten.

Señala que la SHCP implementará y administrará la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas como una   herramienta electrónica oficial y transaccional, integrada por diversos módulos, a través de la cual se realizarán los procedimientos de contratación en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como la suscripción y administración de los contratos derivados de estos.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

La Comisión también aprobó, con  25 votos a favor, el dictamen que adiciona un tercer párrafo al artículo 103 y una fracción III Bis al artículo 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para que la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tenga a cargo la garantía de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales que sean ejercidos ante la Auditoría Superior de la Federación, en su calidad de sujeto obligado, de conformidad con los términos que fije la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normativa aplicable.

Asimismo, establecer entre las atribuciones de dicha Unidad conocer y resolver los procedimientos de denuncia, verificación y revisión derivados de los actos que emita la Auditoría Superior de la Federación en materia de acceso a la información pública, transparencia y protección de datos personales, en los términos de las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, así como dar cumplimiento a los preceptos que, para las autoridades garantes, se establezcan en el marco normativo atinente en la materia.

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), promovente de la reforma, explicó que el objetivo es que los recursos de revisión de solicitudes ciudadanas que tengan en temas de transparencia o acceso a información, no los dictamine directamente el recurso de revisión de la Auditoría Superior de la Federación para que no sea juez y parte de manera interna, sino que sea la Cámara de Diputados, a través de la Unidad de Evaluación y Control, quien le dé la certeza a los ciudadanos de que van a tener un órgano garante superior que vele por sus derechos.

En tanto, la diputada Reyes De la Torre anunció su voto a favor por considerar que no se debe ser juez y parte en temas de transparencia y con esta reforma se llega a una solución a la problemática de quién va a garantizar la transparencia en la Auditoría Superior de la Federación y, en este caso, sería la Unidad de Evaluación y Control.

Por Morena, la diputada Segura Trejo señaló que el dictamen permite hacer una armonización en las leyes. Comentó que la modificación permitirá clarificar que la Unidad de Evaluación no se haría cargo de todas las solicitudes de transparencia, cuando ya la Auditoría Superior de la Federación cuenta con una dirección general que se encarga de esta tarea, sino que será un órgano garante.

El diputado Aldana Navarro dijo por su parte que la adecuación deja en claro que el segundo piso de la Cuarta Transformación está comprometido con la transparencia y que haya menos dudas del trabajo que realizan los diversos entes de los gobiernos.

Al inicio de la reunión, la diputada Carmen Rocío González Alonso y los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba y Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, solicitaron la suspensión de la sesión extraordinaria por estimar que se violó el proceso para su convocatoria; al no concedérseles su petición, Ramírez Barba dijo que su grupo parlamentario se retiraba.

Opinión al Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030

Previamente, en reunión ordinaria, la Comisión aprobó, con 24 votos a favor y siete en contra, su opinión en sentido positivo respecto al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2024-2030, a lo cual Mejía Berdeja precisó que todas las opiniones de las y los diputados se anexarán en el documento.

Al respecto, el diputado Ramírez Barba enfatizó que el PND es un plan carente de sustento, sin estrategia y sin credibilidad; no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la Constitución Política y en la Ley de Planeación, carece de diagnóstico, estrategias claras y metas medibles, así como de asignación presupuestal. Sostuvo que su grupo parlamentario rechaza este documento y exige que sea devuelto al Ejecutivo Federal para su reformulación.

A su vez, la diputada Margarita García García (PT), vía digital, aseguró que el Plan tiene los elementos necesarios para cumplir con la transparencia y ayuda a cumplir con los cien puntos de la presidenta de la República, toda vez que promueve la justicia y la participación ciudadana, así como la innovación para el desarrollo tecnológico nacional.

A través de la plataforma, la diputada de Morena, Claudia Rivera Vivanco consideró que el PND reconfigura la estrategia para no solo apuntalar el recurso y la inversión, sino el diseño de las políticas públicas y con ello impulsar el desarrollo económico y de bienestar en materia de seguridad, movilidad, salud, educación.

 Luis Humberto Aldana Navarro, diputado de Morena, también vía remota, apuntó que el Plan de Desarrollo Nacional representa una oportunidad para consolidar los alcances del segundo piso de la Cuarta Transformación, así como garantizar el bienestar económico de la ciudadanía y la justicia social.

Primer informe semestral de actividades

Además, la Comisión avaló por 31 votos a favor su primer informe semestral de actividades, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
 


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