Concluyen posturas a favor y en contra sobre reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas

---

Boletín No. 0124

• En la discusión en lo general, participaron diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC, en una tercera y cuarta rondas de oradores

Con posturas a favor y en contra, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC participaron, en la tercera y cuarta rondas de oradores, durante la discusión en lo general del dictamen que reforma el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política, en materia de áreas y empresas estratégicas.

Tercera ronda

La diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez (Morena) dijo que por décadas se despojó a México de sus recursos, dejando a millones en la oscuridad y desconexión; por ello, la reforma busca revertir ese proceso y devolver al pueblo lo que por derecho le pertenece. Las reformas, afirmó, son “el cimiento de la transformación, reafirman que la energía eléctrica no será un negocio sino un derecho y fortalecen la soberanía energética”.

Por el PAN, la diputada Liliana Ortiz Pérez expresó que centralizar nuevamente el control del sistema eléctrico en una empresa pública del Estado es un claro retroceso que nos devuelve a modelos obsoletos y pocos competitivos. “Limitar la participación privada elimina los incentivos para la inversión extranjera y nacional en infraestructura energética. México se volvería menos atractivo para inversionistas, afectando el crecimiento económico, la creación de empleos y la modernización del sector”.

María Graciela Gaitán Díaz, diputada del PVEM, mencionó que la reforma busca asegurar que todos tengan acceso a la electricidad, garantizar la seguridad energética, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y dejar en manos del Estado la rectoría del sistema eléctrico nacional. “Consideramos que estos cambios son necesarios para mejorar el funcionamiento del sistema, garantizando mejores condiciones de acceso a la electricidad”.

El diputado Francisco Javier Farías Bailón (MC) consideró necesario que los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponde contemplen los recursos necesarios para el pago del adeudo con proveedores y prestadores de servicio que hayan tenido contratos con empresas públicas del Estado. “Garantizar la soberanía energética es hacerlo conforme a derecho, cumpliendo relaciones comerciales, protegiendo a empresarios y preservando la riqueza”.

De Morena, la diputada Gricelda Valencia de la Mora precisó que la reforma ofrece la oportunidad de recuperar el control del Estado sobre sectores como el energético, pues asegura que su explotación y uso estén alineados con el interés público y no con el lucro privado. “Durante años, el sector energético ha sido visto como una mercancía, ha generado desigualdad, debilitado las instituciones públicas y permitido que unos cuantos se beneficien a costa de mayorías”.

Por su parte, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) aseguró que “sí lograron transformar a la CFE en una empresa que tenía utilidades en 2018 por el orden de 97 mil millones de pesos a una con pérdidas de 74 mil 800 millones de pesos tan solo en el primer semestre de este año”.

Melva Carrasco Godínez, diputada de Morena, subrayó que la reforma atiende importantes demandas de la ciudadanía en materia de electricidad suficiente y de calidad a bajo costo y del servicio de internet que brinda el gobierno para que sea considerado como área estratégica y exclusiva del Estado, a fin de fortalecer los derechos a la información, comunicación y educación, lo que marcará el precedente para recuperar la soberanía eléctrica de la nación.

La diputada del PAN, Tania Palacios Kuri, señaló que México vive estrés energético que no solo es producto del calentamiento global, sino de malas decisiones, falta de inversión en infraestructura y mantenimiento. La reforma afecta uno de los mercados más estratégicos del país y se acompañará de apagones, pérdidas materiales, productivas, equipamiento y ventas no cuantificables. Por ello, llamó a no votarla y echar para atrás “la ineficiencia energética, y reducir el estrés energético y del bolsillo de los ciudadanos”.

José Antonio López Ruíz, diputado del PT, manifestó que con la reforma habrá un equilibrio entre el sector público y el privado, pero debe estar en manos del Estado porque es un sector estratégico; se está garantizando aquí el consumo equilibrado y las participaciones públicas privadas. Recordó que “el pueblo de México les dio su confianza y no los vamos a traicionar”.

Del PRI, el diputado Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo destacó que la reforma no es clara ni transparente; es un documento lleno de inconsistencias y decisiones tomadas sin justificación. El documento fue manipulado para incluir elementos que no estaban, como el tema del litio. “Votemos con conciencia y responsabilidad, votemos en contra porque no podemos retroceder ni tomar decisiones importantes sin un análisis serio”.

El diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos (Morena) mencionó que la visión social de la cuarta trasformación es rescatar y establecer la soberanía nacional en materia energética y, para lograrlo, la participación del Estado siempre debe estar por encima de la inversión de la iniciativa privada. “La reforma es pertinente, eficaz y con gran contenido social; rescata los valores al recomponer la semántica y la naturaleza jurídica de las empresas productivas por empresas públicas del Estado”.    

Víctor Manuel Pérez Díaz, diputado del PAN, expuso que al aprobar una reforma como ésta se generan las condiciones para que México caiga en situaciones como las que vive actualmente Venezuela con el internet. Es un atentado contra las garantías constitucionales y como está planteada conlleva riesgos que comprometen los principios de neutralidad de la competencia, viola los ejes rectores del T-MEC y desincentiva la inversión privada.

Cuarta ronda

En su oportunidad, la diputada María de los Ángeles Ballesteros García (Morena) dijo que la reforma tiene como objetivo fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la gestión de industrias estratégicas. No solo es un cambio de nombre sino un paso hacia un modelo más robusto que dará pie a que las empresas públicas, como la CFE, actúen con mayor eficacia y sustentabilidad, garantizando la continuidad y accesibilidad del servicio eléctrico en beneficio de la sociedad.

Por el PAN, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo resaltó que la reforma no tiene nada que ver con mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, pues no es sustentable, no facilita el acceso a las energías renovables y da prevalencia al Estado, cuando hay tratados internaciones y acuerdos de protección recíproca de inversiones que México incumplirá. “Votaremos en contra porque las familias pagarán más de luz, más de canasta básica y tendrán más apagones”.

María Leonor Noyola Cervantes, diputada del PVEM, afirmó que con la reforma se fortalece a las empresas públicas del Estado y garantiza la potestad de la nación para planificar y regular el sistema eléctrico; se da prioridad a la CFE sobre los particulares en materia eléctrica, pero no se les excluye, pues permite su participación en actividades que no sean la transmisión o distribución. “Se respetan los derechos e inversiones de quienes desde el sector privado trabajan por un México más próspero”.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (MC) anunció que su grupo parlamentario votaría en contra, porque el dictamen atenta contra los principios de competencia, desarrollo sustentable y beneficio social consagrados en la Constitución Política. “Darle a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos una preeminencia injustificada no resolverá los problemas de capacidad y competitividad de estas empresas”.

José Luis Cruz Lucatero, diputado de Morena, afirmó que la aprobación de las reformas son un gran paso porque se devolverá el control de empresas productivas al Estado como empresas públicas con visión social donde prevalezca el interés de todos. También, porque se fortalecerá a la CFE. “Con este dictamen se podrá proveer al pueblo de electricidad y de las nuevas tecnologías de la información. Es tiempo de construir un México más justo y equitativo”.

Del PAN, el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres lamentó que haya cerrazón para no abrirse a la competitividad y lograr que el recibo de la luz sea más barato para las y los mexicanos y se cargue gasolina con menos pesos. “Lo que hoy se discute no solo nos pega a nosotros sino a las próximas generaciones. A nosotros sí nos preocupa el crecimiento económico, el cambio climático, la productividad, la competitividad y el bienestar de las y los mexicanos a largo plazo”.

La diputada Olga Sánchez Cordero Dávila, de Morena, afirmó que la nueva generación ha tomado la decisión soberana de devolverle al Estado mexicano la rectoría sobre áreas y empresas estratégicas. “Hoy estamos redireccionando los fines de las empresas que siempre debieron ser accesibles al servicio público de electricidad y de Internet. Los invito a votar a favor y superar las diferencias en las normas secundarias”.

Claudia Quiñones Garrido, diputada del PAN, señaló que la reforma implica otorgar un trato preferencial y diferenciado a las empresas públicas, lo que limitará su capacidad de respuesta y eficiencia. “Es necesario abrir la puerta a una colaboración efectiva que beneficie a todos, ya que se necesita un sector energético que funcione de manera eficaz y aproveche las ventajas de inversión tanto públicas como privadas.

El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) expresó que esta reforma no niega la participación privada, pues en el mercado eléctrico habrá un 46 por ciento de inversión particular; sin embargo, ese será controlado por el Estado, y en cuanto al tema del Internet el gobierno intervendrá para que sea un derecho humano y llegue a todos los rincones del país. “Hoy recuperamos la rectoría energética de la nación”.

Por el PRI, la diputada Lorena Piñón Rivera subrayó que es una reforma regresiva que pretende el acaparamiento de la generación de energía y excluye a innovadores que producen energías limpias. Se pronunció por una reforma constitucional que sea hoja de ruta hacia un México más fuerte, limpio y justo, que promueva energías renovables y tarifas preferenciales en entidades que albergan centrales generadoras de energía eléctrica.

Gissel Santander Soto, diputada de Morena, comentó por su parte que la reforma busca preservar la seguridad y la autosuficiencia energética de la nación, proveer al pueblo de un servicio eléctrico accesible y asequible. “El acceso a la electricidad no puede depender de la capacidad económica de las personas ni de la pertenencia a una clase social, tampoco de empresas preponderantes o regiones privilegiadas y evitar la dependencia de fuentes extranjeras y privadas”.

El diputado Federico Döring Casar (PAN) afirmó que la reforma es una regresión histórica llena de “estulticia legislativa” por acabar con las empresas productivas, mismas que tiene hasta hoy el mandato constitucional y la obligación de crear valor económico e incrementar los ingresos de la nación con sentido de equidad y responsabilidad social. “Vamos a votar en contra para evitar que se dejen de enriquecer grupos minoritarios”.

--ooOoo--