Continúan en Oaxaca los trabajos del Parlamento Abierto “Hacia una vivienda adecuada”

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No. 4735

• En esta ocasión, el tema del foro fue “Acaparamiento del suelo”, analizado con funcionarios, especialistas, académicos y legisladores 

La Comisión de Vivienda, que preside la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), continuó con los trabajos del Parlamento Abierto “Hacia una vivienda digna adecuada”, con el tema “Acaparamiento del suelo”, a fin de analizar este fenómeno como práctica que afecta predios rústicos y encarece áreas ya consolidadas, garantizar el acceso a la vivienda adecuada, y buscar medidas legislativas para su resolución. 

En el evento, realizado en la ciudad de Oaxaca, Aguilar Gil afirmó que es necesario legislar en materia agraria, ordenar y llevar a lo local las reformas que se hacen en el Congreso Federal.

Ante el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, legisladores, académicos y presidentes municipales de Oaxaca, Aguilar Gil explicó que este Parlamento Abierto deriva de la reforma al artículo 4° constitucional que estableció el derecho humano a la vivienda, para que ésta sea adecuada, y da la oportunidad de que los gobiernos sean intermediarios para acabar con la mercantilización.

Refirió que éste es el cuarto foro regional de siete que se tienen planeados realizar en distintos estados, y manifestó que todos los temas a abordar tienen un carácter vinculante para la Comisión de Vivienda, por lo que se buscará incluirlos en las leyes.

Luis Hernández Palacios Mirón, Procurador Agrario, planteó en su participación que es necesario modificar los artículos 13, 15, 75, 82 y 100 de la Ley Agraria, para contar con un marco que permita disponer de reservas territoriales de manera suficiente, adecuada y ordenada para el desarrollo urbano, y contar con oferta suficiente de tierra para el desarrollo de la vivienda.

Dijo que esa reforma debe establecer requisitos para ser avecindado, limitar la adquisición de tierras por ejidatarios, regular la adopción de dominio pleno y la aportación de tierras a sociedades civiles y mercantiles. Se busca evitar el acaparamiento de tierras con requisitos de venta y sanciones, lo cual tendrá impacto en el control territorial en lo agrario.

Refirió que la reforma al artículo 27 constitucional y la Ley Agraria de 1992 supuso la mercantilización de la tierra y la concentración y acaparamiento por personas ajenas a los núcleos agrarios, lo que generó el monopolio del suelo a través del reconocimiento de personas ajenas al núcleo, así como el desarrollo de certificación y dominio pleno y aportación de tierras a sociedades civiles y mercantiles.

Alfonso Iracheta Carroll, director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, dijo que la Ley Agraria ha quedado rebasada por la realidad de nuestro país y hoy el 80 por ciento de las y los mexicanos viven en una ciudad. “La inmensa mayoría estamos afectados por el crecimiento urbano y del cual cerca del 80 por ciento ha ocurrido sobre suelo agrario”. 

Precisó que la Ley Agraria actual es restrictiva y genera que haya pocas posibilidades de incorporar suelo agrario al desarrollo urbano de forma adecuada y lo que ocurre son asentamientos irregulares y notificaciones por fuera de la ley. Afirmó que el carácter agrario está en mayor riesgo por la presión urbana que se ha ejercido sobre sus territorios.

El gobernador de Oaxaca destacó que es de alta prioridad para las políticas públicas del estado los temas del suelo y del territorio; por ello, “agradecemos y valoramos la realización de este importante foro” con el análisis de la gestión de suelo y el acaparamiento de tierras, así como sus efectos en la sociedad y en la salvaguarda del derecho a una vivienda digna y adecuada, sobre todo para los sectores vulnerables. 

Resaltó la importancia de legislar y actuar, desde las respectivas atribuciones como gobierno y sociedad para generar mejores políticas de desarrollo urbano, planeación territorial y vivienda en congruencia con las necesidades y exigencias de la población, “todo ello sin vulnerar los derechos de los núcleos agrarios, impulsando un modelo sostenible, justo, equitativo e incluyente que tome en cuenta la realidad social, cultural, demográfica, ambiental y comunitaria”.    

María Concepción Núñez, del Registro Agrario Nacional, sostuvo que el crecimiento de las ciudades conlleva al acaparamiento, la corrupción y la especulación. Precisó que la Ley Agraria no está acorde a la realidad, por lo que se tienen que realizar reformas para contar con una visión jurídica que impulse el desarrollo. Exhortó a las y los diputados a proporcionar herramientas e instrumentos jurídicos, con el fin de acabar con el acaparamiento de tierras, “porque no es posible que ahora los propietarios se vuelvan jornaleros de su propia tierra”. 

Liz Hernández Matus (Morena), diputada local y presidenta de la Comisión de Infraestructuras y Comunicaciones del congreso de Oaxaca, destacó la importancia de llevar a cabo estos temas de federalismo que impactan al país y que haya coordinación para trabajar entre los congresos estatales y el Federal en la regularización de las tierras, “porque sigue habiendo desplazamientos de la gente”. 

Por su parte, Antonio Azuela de la Cueva, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que desde que el mundo se volvió predominantemente urbano apareció la oportunidad de tener rentas exorbitantes con el crecimiento mismo de la ciudad; por ello, se requiere un pacto social porque en el futuro de las ciudades mexicanas no se podrán tener instrumentos de captura de plusvalía si no se logra este consenso a nivel local, ya que los propietarios de la tierra tienen poder, por su influencia en el gobierno local.

Del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de México, Clara Eugenia Salazar Cruz, aseguró que hay dinámicas estructurales que afectan el mercado del suelo, por un lado, existe una gran brecha entre los precios del suelo rural y urbano, hay desigualdad, compraventa entre actores con intereses económicos distintos y, por otro lado, está el factor demográfico, el envejecimiento de la población y la migración de los jóvenes. Todo esto, agregó, nos lleva a que hay un mercado de tierras sin control, lo que está llevando al despojo y esto genera un proceso por desposesión de mercado.

Salvador Gómez Rocha, investigador de la UNAM, dijo que el problema del acaparamiento es una falla del mercado y eso tiene un efecto sobre el precio o valor del suelo. Consideró que se debe abordar la propiedad pública como elemento de control más específico sobre el mercado de suelo y contar con herramientas que permitan una vivienda bien localizada y asequible.    

Gilberto Uriel Estrada Flores, de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, comentó que el costo de la tierra en Oaxaca es más caro que en los demás estados. “En algunos lados, compran las casas más antiguas, las derriban y construyen edificios porque sólo así se puede abatir el costo de la tierra. Debemos tener vivienda digna, accesible y con todos los servicios”. 

A su vez, Daniel Juárez, de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo, señaló que se debe “atender la pérdida jurídica de la tierra y su posesión a través de contratos leoninos que no se han traducido a lenguas maternas y la gente no sabe qué contratan y firman, por lo que pierden su propiedad. Es una realidad que hay que visibilizar”, pues la tierra ha sido acaparada por grandes empresas que aprovechan el abandono migratorio sin que las autoridades municipales actúen.

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