El diputado Mejía Berdeja fundamentó el dictamen en materia de transparencia y protección de datos personales

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Boletín No. 1135


•    La administración pública se volverá más ágil y cercana a las necesidades específicas de los ciudadanos, dijo

El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presentó los fundamentos del dictamen a la minuta para armonizar la legislación secundaria en materia de transparencia y protección de datos personales.

Lo anterior, en concordancia con los artículos 6° y 16 de la Constitución Política referente a la tutela y garantía del ejercicio ciudadano de los derechos humanos, de acceso a la información pública y protección de datos personales, asegurando mecanismos que faciliten su ejercicio más amplio sin que ello implique gastos onerosos, duplicidades o burocracias privilegiadas.

El documento plantea expedir las nuevas leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y una reforma al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Mejía Berdeja comentó que estas propuestas reflejan una transformación profunda de la administración pública nacional, especialmente en los ámbitos de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Busca consolidar un gobierno más eficiente, cercano a la ciudadanía, potenciando principios fundamentales como la máxima publicidad, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional.

Indicó que este nuevo esquema implica la creación de 18 autoridades especializadas según el ámbito del sujeto obligado, lo que permitirá una gestión más eficiente y precisa de cada solicitud ciudadana. Se descentraliza el poder de acceso a la información y se trasladan las funciones del INAI a múltiples autoridades especializadas. “La Administración Pública se volverá más ágil y cercana a las necesidades específicas de los ciudadanos”.

A fin de dar certeza jurídica respecto a la autoridad que revisará las solicitudes de acceso a la información por parte de los sujetos obligados de los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la nueva Ley General de Transparencia define que dicha atribución será competencia de los órganos encargados de las contralorías u homólogos en los poderes ejecutivos de las entidades federativas, añadió.

De igual forma, cada poder del Estado, así como los órganos autónomos como el INE para el caso de los partidos políticos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para los sindicatos, contarán con autoridades especializadas en transparencia, potenciando la rendición de cuentas y la cultura democrática.

El diputado mencionó que este modelo también reforzará el control y vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos, combatiendo posibles casos de corrupción y fortaleciendo la cultura ciudadana de transparencia.

La reforma, expuso, implica cambios importantes en la administración y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, que “es del Estado mexicano, no es de ningún particular y que pasará a ser gestionada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno”.

Dicha Secretaría, añadió, será la nueva autoridad encargada de la protección de los datos personales en poder de los particulares en sustitución del INAI. Uno de los aspectos más positivos de esta nueva ley, es la creación del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción, denominado Transparencia para el Pueblo.

Ese ente, precisó, resolverá los recursos de inconformidad que interpongan las personas particulares en contra de las resoluciones emitidas por las otras autoridades, garantes federales o de las entidades federativas, siempre que la solicitud se encuentre relacionada con el uso de recursos públicos.

Hizo mención que la Secretaría de Anticorrupción absorberá el 80 por ciento del trabajo del INAI, pero solamente con el 35 por ciento del costo de su estructura, lo que equivale a un ahorro anual para todas y todos los mexicanos de casi mil millones de pesos.

Ese ahorro, abundó, junto con la eficiencia administrativa, consolida la reforma como un avance hacia un modelo de gestión pública más racional, eficiente y enfocado en el bienestar colectivo.

“Estas leyes se sustentan en principios constitucionales robustos y garantizan el pleno respeto de los derechos humanos, especialmente en términos del derecho a la privacidad y el acceso a la información”, enfatizó.

Mejía Berdeja subrayó que las reformas representan un avance trascendental hacia una administración pública moderna y sensible a la demanda social; se fortalece la transparencia, mejora el acceso a la información pública y garantiza una protección más efectiva y especializada de los datos personales.

Desechan moción suspensiva

Previamente, en votación económica, se desechó la moción suspensiva presentada por la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC), quien señaló que 230 trabajadores del INAI no tendrán derecho a un finiquito ni a recursos para continuar, y consideró que la reforma “es absolutamente violatoria de los derechos humanos de las y los mexicanos, de la Constitución, de las y los trabajadores”.  

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