Imparten en San Lázaro conferencia magistral sobre la prescripción en el derecho administrativo sancionador

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“2025, Año de la Mujer Indígena”
LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”


Boletín No. 1955


Con el fin de fortalecer los conocimientos del personal profesional de la Cámara de Diputados, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a través de su Unidad de Evaluación y Control, organizó en el Palacio Legislativo de San Lázaro la conferencia magistral “La Prescripción en el Derecho Administrativo Sancionador. Naturaleza Jurídica, Reglas de Aplicación y Criterios Jurisprudenciales”.

Al dar la bienvenida, Ricardo Palma Rojas, titular de la Unidad de Evaluación y Control, comentó que este ciclo de conferencias tiene como fin fortalecer los conocimientos del personal. 

“El día de hoy aprenderán del ponente varios elementos importantes para no quedar dentro del margen de impunidad y cumplir con el rol que toca a cada uno desde la trinchera para defender las sanciones administrativas”, indicó.

Consideró que se debe robustecer su actuar porque México hoy lo requiere, ya que cuando existe responsabilidad administrativa y no se sanciona hay impunidad.

Al abordar el tema de la prescripción, el presidente del Instituto Nacional de Derecho Disciplinario, Eliseo Rosales Ávalos, comentó que a pesar de ser un acto sencillo es poco estudiado y totalmente no aplicado, en donde se requiere hablar de instituciones y figuras jurídicas.

Estimó que “bien trabajada la prescripción con un sentido de legalidad y justicia, ayudaría a quitar el 50 por ciento de los asuntos en cartera y una parte importante de carga a los tribunales”.

Subrayó que la prescripción es una garantía jurídica y constitucional y un derecho humano, la cual no puede ser suspendida, excepto por causas de fuerzas mayor y de orden preferente, pero por malas prácticas no se aplica. 

Explicó las etapas del proceso, siempre y cuando haya litis, incluyendo la audiencia inicial, remisión y aceptación de expediente, el periodo probatorio y la sentencia, pero con una investigación a fondo del asunto.

Aseguró que el actual marco legal no busca sancionar debido a que es complicado de aplicar, además de que de las 30 mil denuncias que reciben al año solo dos mil llegan a iniciar procedimiento, de los cuales alrededor 70 resultan culpables y la mitad se cae en un juicio de nulidad. “Eso quiere decir que o no denunciamos bien o no armamos bien los expedientes”.
    
En el evento estuvieron presentes Silvia Alejandra Pineda Bravo, titular de la Unidad de Evaluación del Congreso de Sinaloa; José Treviño López, director Jurídico para la Evaluación y Control, y Gonzalo Macedo Martín del Campo, director de análisis de la Fiscalización Superior, así como subdirectores y personal.

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