Impartición de justicia debe tener una perspectiva de pluriculturalidad: ministro Hugo Aguilar Ortiz

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“2025, Año de la Mujer Indígena”
LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”


Boletín No.1987


•    Participa en la Cámara de Diputados en el Encuentro Interinstitucional "México Pluricultural: Avances y Retos en los Derechos de los Pueblos Indígenas"

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, el ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la impartición de justicia debe tener una perspectiva de pluriculturalidad, donde el artículo 2° constitucional tiene un gran potencial para transformar la vida de las comunidades e incluso la vida del Estado mexicano.

Durante el Encuentro Interinstitucional "México Pluricultural: Avances y Retos en los Derechos de los Pueblos Indígenas", impulsado por la diputada de Morena, Gloria Sánchez López, el ministro explicó que no se puede “pensar en una justicia a secas. No podemos pensar que las instituciones se diseñen para un tipo de sociedad homogénea; tiene que ser una gobernabilidad de la pluriculturalidad”.

Apuntó que el tema de pluriculturalidad lo han desarrollado bien los tribunales electorales; sin embargo, consideró que el Estado mexicano, sus instituciones básicas y aspiraciones del país, deben estar permeadas por este principio.

Detalló que hoy en el artículo 2° constitucional se reconoce la existencia de los pueblos originarios y afromexicanos, y además se establecen sus derechos específicos; es decir, se da una semblanza de que México no hace una norma para que bien mueran estas comunidades sino se apuesta por una forma real, auténtica, verdadera para que persistan, mantengan su identidad y organización.

“La reforma hoy le agrega un apartado a la Constitución que le da un giro al principio de unidad nacional. Hoy dice: México es único e indivisible, pero sustentado en la grandeza de sus pueblos y culturas”.

Comentó que esto ha permitido que ya no se vean a sus autoridades, asambleas y organización como hechos que son materia de estudio de la antropología o sociología. “Ya son instancias que generan actos jurídicos con efectos plenos, y así se debe reconocer por todas las instancias del Estado mexicano”.

Por ello, indicó que un reto es que la norma secundaria otorgue las bases jurídicas para que esto pueda aterrizar, así como su armonización legislativa en las entidades federativas.

Planteó que lo que los pueblos indígenas y afromexicanos quieren es que en “México sigan existiendo los pueblos indígenas, se desarrollen, preserven y sean parte de la institucionalidad y de la conformación del Estado mexicano”.

Destacó que todos y todas quienes participaron el 1° de junio buscan una transformación en el Poder Judicial; es decir, la sociedad está ávida de cambio y acciones concretas que transformen la vida de las personas, los colectivos, las comunidades y los pueblos, por lo que “tengan la confianza que en la nueva integración vamos a trabajar incansablemente por hacer realidad este anhelo del pueblo de México”.

En tanto, la organizadora de este encuentro, la diputada Sánchez López señaló que este acto tiene como propósito crear un espacio de diálogo y fortalecer la coordinación entre instituciones y la Cámara de Diputados, la cual desempeña un papel fundamental en la consolidación del proceso de transformación democrática.

Refirió que conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas permite reconocer la historia, celebrar la diversidad y, al mismo tiempo, hacer un alto para reflexionar sobre los desafíos que siguen presentes para construir un país más justo e igualitario para las comunidades originarias y afromexicanas.

A su vez, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Humberto Henderson, manifestó que en estos momentos el Poder Legislativo tiene la enorme oportunidad no solamente de hacer justicia a los pueblos indígenas sino de generar un marco legislativo que sin duda sea un faro para muchos países en el mundo. 

Expuso que la reforma del artículo 2º constitucional ha sido muy importante no solo para México sino para la comunidad internacional, ya que implementa lo que era la Declaración de Naciones Unidas de 2007; es decir, tiene los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Por ello, consideró como un avance que los pueblos indígenas y afromexicanos sean reconocidos dentro de la Constitución mexicana como sujetos de derecho público e hizo un reconocimiento al derecho de las mujeres para participar en el desarrollo integral, la cual es una recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Al concluir este encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, hicieron entrega de reconocimientos a las y los participantes.

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“2025, Año de la Mujer Indígena”
LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de agosto de 2025

HUGO AGUILAR ORTIZ
Ministro presidente electo de la SCJN

Mensaje durante el Encuentro Interinstitucional: “México Pluricultural: Avances y Retos en los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Muy buenos días, a todas y a todos, hermanos y hermanas.  Gracias por estar presentes en este importante evento.

Quiero saludar con afecto y con respeto, al ciudadano diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, y al diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva.

Gracias por el recibimiento en esta Casa del Pueblo. 

Saludo de igual manera con mucho aprecio a mi hermana, la diputada Gloria Sánchez, quien ha organizado esta importante reunión. Gracias, hermana diputada, por sus esfuerzos y la organización de este evento.

A la representación de la Oficina del Alto Comisionado en México, muchísimas gracias también por su presencia, por su participación. Realmente las palabras que se han expresado por parte de la Oficina de Representación, que reconoce la importancia del artículo segundo, para nosotros es un aliciente y nos indica que vamos en la ruta correcta. 

Hermanas diputadas, también gusto saludarlas.

Para mí es un alto honor y un gusto estar aquí en la Casa del Pueblo. He aceptado la invitación, porque estamos por inaugurar una etapa nueva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una de las características que debe distinguir, y que vamos a construir día con día, es una relación respetuosa, una relación de diálogo constructivo con los distintos Poderes del Estado mexicano, y desde luego también con esta Cámara de Diputados.

Por eso, yo reitero mi agradecimiento al presidente de la Junta de Coordinación Política, al Presidente de la Mesa Directiva que me hayan recibido y que podamos iniciar este importante diálogo. 

Muchísimas gracias a todas las diputadas y diputados también por recibirme en este día. 

El tema de hoy, “Retos y avances de los derechos indígenas en México”, nos invita a hacer una evaluación de lo que queremos, de lo que tenemos y de lo que debemos de seguir construyendo. Reflexionar sobre los avances y los retos nos invita entonces a hacer esta evaluación. 

Y sobre eso quisiera compartir yo mis reflexiones. Yo quisiera plantearles qué quiere México en este año, qué quieren sus instituciones, su ciudadanía. En medio de los cambios profundos que está viviendo nuestro país, es importante responder a esta pregunta. 

Deben saber ustedes que, durante mucho tiempo, a los pueblos indígenas se les confundía o se les agrupaba dentro de los sectores minoritarios. Incluso a nivel de Naciones Unidas, las reflexiones sobre los derechos indígenas iban a la par de las minorías étnicas, lingüísticas en el contexto internacional.

Los derechos de los pueblos indígenas no tenían una personalidad propia, no tenían una construcción jurídica propia. Incluso, debo decirles que hoy se reconoce en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, un instrumento de avanzada, pero el documento anterior al Convenio 169, el Convenio 107 tenía un perfil cuestionable.

Si nosotros planteáramos hoy en día qué queremos, yo creo que hoy podríamos responder: “México quiere que sigan existiendo los pueblos indígenas, que se desarrollen, que se preserven, que sean parte de la institucionalidad y de la conformación del Estado Mexicano”. 

No siempre fue así. El Convenio 107, al que acabo de aludir, tenía un perfil que indicaba que los pueblos indígenas necesariamente debían dejar de ser lo que son, perder su identidad, su cultura, su forma de organización para que sean incluidos dentro del Estado Mexicano.

Y este instrumento internacional era un marco jurídico, dicho un poco en términos coloquiales, que permitía bien morir. Si bien reconocía la especificidad cultural de los pueblos, aludía que, al final de cuentas, para formar parte de los Estados Nacionales, en el caso particular del Estado Mexicano, los indígenas debíamos dejar de ser lo que somos. 

En México fue política pública la política de integración al Estado Nacional, lo que propició la asimilación cultural. En una palabra, México se pensaba construir una cultura diferente, la cultura llamada cultura mexicana, y para llegar a ese objetivo era necesario dejar de ser. 

Creo que hoy hemos dado un giro importante: es norma constitucional el que reconoce la existencia de los pueblos. Y su marco jurídico, esto que acaba de señalar nuestro hermano del Alto Comisionado, Humberto Henderson, este conjunto de reconocimientos y de derechos específicos que hoy están en el artículo 2° constitucional dan una semblanza que México no está haciendo una norma para que bien mueran los pueblos, sino que es una apuesta real, auténtica, verdadera, para que persistan los pueblos, para que mantengan su identidad, su forma de organización. 

Este, para mí, es el tema importante que debemos tener presente. Dicho de otra manera, el espíritu, la razón de ser del artículo 2, es la preservación de los pueblos. O también, complementando esta idea, uno podría decir que en México no habría artículo 2, ni podríamos hablar de los derechos indígenas si ya no hubiera indígenas. 

Y en la presencia de los indígenas, en el marco del Estado Mexicano, el reto es cómo nos diseñamos, cómo diseñamos una Constitución, cómo diseñamos el Estado Mexicano, qué característica deben tener sus instituciones, sus normas, y hoy, su sistema de justicia. 

La pregunta es si frente a la presencia de los pueblos indígenas debemos tener el mismo modelo de justicia que ha prevalecido hasta hoy y que sólo ha generado injusticias para los pueblos y las comunidades indígenas.

Ésta, para mí, es la pregunta crucial que estaba latente desde la Reforma del 2001 a la fecha. 

Recordemos que la Reforma del año 2001 reconoció a los pueblos como sujetos de interés público, y para todos es sabido que el sujeto de interés es un ente que requiere atención, que requiere asistencia, que requiere protección. Y entonces se reconocía la identidad de los pueblos, pero se decía, de un solo tajo, que no tenían la capacidad para ser entes jurídicos plenos. 

De ahí la relevancia que tiene ahora que, en el artículo 2° constitucional, la Reforma publicada el 30 de septiembre del año pasado, año 2024, su piedra angular sea el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Si hoy quisiéramos decir “qué gran avance tiene México en materia de pueblos indígenas”, es este reconocimiento constitucional, porque le da un giro a todo el sistema y nos coloca frente a la necesidad de repensar la institucionalidad mexicana, repensar su marco normativo, repensar incluso el diseño del Estado Mexicano y, desde luego, entre ellos repensar su sistema de justicia.

Si nosotros quisiéramos enumerar algunos avances, voy a enumerarlos nada más, que contiene este artículo 2° constitucional, son muchos y de gran trascendencia, como ya lo ha dicho Humberto. Voy a señalarlos nada más y lo dejo sobre el tintero para que en alguna otra ocasión pudiéramos profundizar con ellos.

El primero es éste: el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Incluso en ese mismo estatus jurídicos se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas afromexicanas. Ellos, a diferencia de los indígenas, fueron reconocidos hasta el año 2019 y se consolida su estatus jurídico, y se les adhiere al conjunto de derechos de los pueblos indígenas y tanto pueblos indígenas como afromexicanos, hoy en día tienen estatus jurídicos de ser sujetos de derecho público. Este es el avance crucial, como ya decía.

La Constitución también hace un aporte interesante de un tema que estuvo en debate, un serio debate en el año 2001.


En el año 2001, la derecha decía que el planteamiento de los derechos indígenas, lo que buscaba y lo que pretendía era romper el principio de unidad nacional. Este temor se reflejó en la primera frase del artículo dos. El artículo dos inaugura diciendo, México es único e indivisible, así quedó en el año 2001.

La reforma hoy le agrega un apartado que le da un giro al principio de unidad nacional. Hoy dice, México es único e indivisible, pero sustentado en la grandeza de sus pueblos y culturas.

Entonces el principio ahora no es sólo de unidad nacional, sino de unidad en la diversidad. Principio constitucional, da un giro importante. Este también para mí es de enorme importancia.

El tercero, tercer gran avance es el de pluriculturalidad. Este principio lo han desarrollado bien los tribunales electorales, muy incipiente y con muchos ejemplos que van en contra de este principio, es el de pluriculturalidad, que implica que todo el Estado Mexicano, sus instituciones básicas, todas las aspiraciones de nuestro país, tienen que estar permeadas por este principio.

Es decir, no podemos pensar en una justicia secas. Tenemos que pensar en una justicia pluricultural. No podemos pensar que la democracia sea de una sola forma, hay una democracia pluricultural. No podemos pensar que las instituciones se diseñen para un tipo de sociedad homogénea, tiene que ser una gobernabilidad de la pluriculturalidad.

Y así, cualquier elemento, cualquier aspecto que nosotros quisiéramos revisar de la vida nacional, tiene que estar permeada por el principio de pluriculturalidad.

Otro elemento que se fortalece en la reforma es el de libre determinación y autonomía y éste plantea retos importantes. Los voy a tratar de comentar brevemente.

La federación tiene soberanía, las entidades federativas, de igual manera, sus constituciones aluden que tienen soberanía; los municipios tienen autonomía. Los pueblos y comunidades no sólo se reconocen como sujetos de derecho público, sino también se les da este atributo: tienen libre determinación y autonomía y eso implica que se va a generar un nuevo tipo de relación de la federación, las entidades federativas, los municipios con las comunidades y pueblos.

O sea, no van a ser entes, no van a ser organizaciones sociales, no van a ser agrupaciones que no tengan una incidencia en la vida pública. Con la reforma constitucional, dotados de libre determinación y autonomía, se debe de establecer o debe generar las condiciones para establecer una relación distinta a todos los niveles. Creo, éste también es de suma importancia.

Otro elemento que viene en la reforma constitucional es el fortalecimiento de los sistemas normativos indígenas. Tiene una especial implicación para el sistema de justicia que habremos de desarrollar a partir del 1° de septiembre.

Se reconoce también por primera vez en la Constitución el patrimonio cultural de los pueblos. Todavía siguen ocurriendo estos casos de plagio de los diseños y de las creaciones de los pueblos indígenas. Hoy la Constitución, le falta su desarrollo normativo, obviamente, pero en la Constitución está reconocido como parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.

Otro avance, otro elemento importante, es el derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado para los pueblos indígenas, de modo tal que no va a ser posible emitir actos administrativos o legislativos que sean susceptibles de afectarles sin respetar este derecho.

Se fortalece también el régimen político electoral de sistemas normativos indígenas, la representación de los pueblos en los municipios, se reconoce y se fortalece la educación plurilingüe y multicultural.

Se desarrolla también en la Constitución, en el artículo dos, una nueva concepción del derecho al territorio. Es un derecho que no está suficientemente reconocido porque tiene sus implicaciones con el artículo 27 constitucional, pero si revisamos las fracciones octava y novena del Apartado A, se sientan las bases para una nueva concepción de la propiedad de la tierra en pueblos y comunidades indígenas, en donde la posesión va a tener un estatus especial.

Hoy, la Constitución dice que se reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre las tierras que ocupan o utilizan. Por ejemplo, el caso de los hermanos wixárikas, que utilizan algunos lugares de los cuales no son propietarios, pero acuden año con año para hacer sus ceremonias, la Constitución hoy les da base constitucional.

No es un tipo de propiedad, no es un tipo de posesión, sino simplemente la utilización para determinados fines, la Constitución les da base constitucional.

Se fortalece también lo que llamamos los abogados como el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, esta obligación de contar con intérpretes o traductores, con abogados que conozcan la cultura de los pueblos para fortalecer la defensa de ellos en instancias jurisdiccionales.

Se reconoce la medicina tradicional y otro aspecto crucial, que ya está caminando hoy en día y que vale anotarlo como un avance enorme: el acceso de los pueblos y comunidades a recursos públicos. 

Eso está planteado en la Constitución. O sea, a la par de reconocerlos como sujetos de derecho público, darles personalidad jurídica, el reflejo inmediato es que tienen acceso a recibir de manera directa recursos públicos, administrarlos y ejercerlos. 

Y esto, hoy en día, se ha transformado en lo que se conoce como el FAISPIAM, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que hoy en día está corriendo por todo el territorio nacional. 

Yo, de manera personal, lo reconozco como un enorme avance, porque va a permitir que comunidades que nunca en los 200 años de historia de este país, habían recibido recursos públicos, y creo que no hay persona que pueda decir que no se trata de un avance importante. 

Entonces, el artículo 2 constitucional, como ya señalaba Humberto, tiene un gran potencial, un gran potencial para transformar la vida de las comunidades e incluso la vida del Estado Mexicano. 

Ya no podremos ver a las autoridades, sus asambleas, sus formas de organización como hechos que son materia de estudio de la antropología o de la sociología. Ya son actos, o son instancias, que generan actos jurídicos con efectos plenos, y así se debe reconocer por todas las instancias del Estado Mexicano. 

Creo yo que, la verdad, ha sido un gran avance, y ahorita lo comentaba con los diputados, es un avance que no requirió el disparo de una sola arma, la toma de oficinas, la toma de caminos.  Se logró con este esfuerzo enorme de transformación que está haciendo nuestro país en los últimos años. 

Yo creo que amerita un aplauso y yo creo que hay que aplaudir estos grandes avances.

Ahora, en los retos, no todo está acabado, hay mucho por hacer. La propia reforma constitucional nos manda, nos mandata qué aspectos y qué pasos todavía habría que seguir. 

Hay un planteamiento que se hizo desde el año 96 cuando la firma de los Acuerdos de San Andrés. Se planteaba que para tener un marco jurídico adecuado, no era suficiente la reforma constitucional, habría que hacer reforma legal y, en muchos casos, reforma institucional. 

Cubriendo estos tres niveles, podríamos decir que tenemos el entramado jurídico suficiente para generar los cambios necesarios y aquí, éste es uno de los retos: adoptar, generar una ley general de derechos de los pueblos indígenas. Está mandatado en la reforma constitucional. 

Si la norma constitucional no adquiere un desarrollo normativo importante que le dé certeza a todos, puede quedar en letra muerta, y ha habido un buen criterio de la Corte, de hace años, que la norma constitucional no requiere forzosamente de una ley secundaria para aplicarse, pero ya en el terreno de la práctica sí se requiere de esta normatividad.

Por poner el caso: ha sido ahorita muy difícil, hasta donde me quedé yo antes de pasar a esta nueva etapa de mi vida, ha sido muy difícil que los bancos, por poner un caso muy simple, le den una cuenta bancaria a una comunidad. 

El área jurídica de los bancos está acostumbrada a dictaminar si se trata de una persona, de una sociedad, una asociación civil, una sociedad civil, una SPR, cualquier figura asociativa, pero cuando le llega a una comunidad indígena le entra la duda ¿qué es una comunidad indígena? ¿Quién le da certeza, si de verdad existe esa comunidad indígena? Entonces requerimos la normatividad secundaria. 

Si nosotros planteamos ahora, vamos al terreno de la asignación de recursos, o cualquier otro de los que acabo de mencionar, por ejemplo, el patrimonio cultural, ¿quién va a ser el titular? ¿quién da certeza del ente jurídico llamado comunidad indígena? ¿cómo se va a manejar el concepto de pueblos indígenas? 

Es un reto que tenemos y la norma secundaria debe dar las bases jurídicas para que esto pueda aterrizar. Este es uno de los retos importantes. 

Tenemos también otro reto, mandatado por la propia reforma, la armonización legislativa en las entidades federativas. 

Hoy en día, según los datos estadísticos, ya no hay una entidad federativa donde no haya indígenas. Tenemos registrados 22 entidades federativas donde hay pueblos indígenas que ahí nacieron, que ahí estaban desde antes de la llegada de los españoles, pero por la migración, hoy en día, todas las entidades federativas tienen población indígena, y entonces la armonización legislativa, quizás más fuerte en las 22 entidades federativas en donde hay presencia indígena, pero también, seguramente, se tiene que armonizar de algún modo en donde hay presencia de población indígena. Este es otro pendiente que tenemos. 

El tercer pendiente, el tercer mayor pendiente que tenemos, es una cosa que el ex relator de pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, calificó como la implementación, él le llamó la brecha de implementación. Ya tenemos cuerpo normativo, ya comienza a haber política pública. ¿Cómo se implementa para que llegue a las comunidades y genere una transformación real en la vida de las comunidades? La implementación es una tarea pendiente, nos toca a todos. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora en su nueva integración, va a tener este gran reto: La instancia jurisdiccional que le va a tocar sentar los criterios jurisprudenciales, la ruta que debe seguir la implementación del artículo 2° de la Constitución, va a ser una de sus tareas principales. 

Es muy conocido que las comunidades indígenas no tienen la capacidad financiera para pagar abogados, despachos de abogados, entonces, sus casos son difíciles que lleguen. En la Corte vamos a tomar medidas para seleccionar los casos emblemáticos que nos permitan sentar los precedentes necesarios para transformar la vida de las comunidades. 

Yo quisiera finalizar mi intervención diciéndoles a todos y a todas que el día 1° de junio han participado cada uno de ustedes, y la sociedad en general, para buscar una transformación en el Poder Judicial.

Quienes tuvimos la oportunidad de pasar este proceso, pudimos darnos cuenta que la sociedad está ávida de cambio, está requiriendo acciones concretas que transformen la vida de las personas, de los colectivos, de las comunidades y de los pueblos. Tengan la confianza que en la nueva integración vamos a trabajar incansablemente por hacer realidad este anhelo del pueblo de México.
 
Muchísimas gracias.
 
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