Impulsan iniciativa para garantizar derechos de las hijas e hijos que viven con sus madres en prisión

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“2025, Año de la Mujer Indígena”
LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”


Boletín No. 2601

 

•    Diputadas de MC presentan reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal 

La diputada Anayeli Muñoz Moreno (MC) propuso reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para garantizar derechos de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijas e hijos que viven con ellas en prisión, en materia de salud, maternidad y lactancia dignas, acceso a productos de gestión menstrual, y la protección al interés superior de la niñez.

La iniciativa, signada también por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) y remitida a la Comisión de Justicia, precisa que las autoridades penitenciarias deberán proporcionar espacios adecuados para el esparcimiento, recreación y actividades lúdicas de las y los niños menores de tres años que viven con sus madres en prisión, para favorecer su desarrollo físico, emocional y social.

Además, a fin de garantizar el interés superior de la niñez, estipula que tendrán personal especializado que dé acompañamiento educativo, estimulación temprana, apoyo emocional, seguimiento a su desarrollo integral y evaluaciones periódicas del desarrollo infantil físico, psicológico y nutricional.  

También se fortalece el derecho de las madres a conservar la guardia y custodia de sus hijas o hijos menores de tres años para que permanezcan con ellas, siempre que no contravenga el interés superior del menor.

Plantea que los centros penitenciarios tengan espacios dignos, adecuados y diseñados específicamente para la lactancia materna, separados de la población general, a fin de asegurar el desarrollo de los primeros meses de la hija o hijo de la mujer privada de la libertad. 

Añade que cuando estas y estos menores alcancen la edad máxima para la estancia en el centro penitenciario, la separación deberá realizarse de manera progresiva y sensible, bajo la supervisión de personal especializado. Se realizará un dictamen psicológico que respalde la gradualidad del proceso y propicie el mantenimiento del vínculo emocional madre-hijo durante la transición. 

Con ello se pretende garantizar que la transición respete el interés superior de la niñez y que en todo momento el menor esté acompañado de personal capacitado para llevar a cabo este proceso sin vulnerar sus derechos. 

De igual forma, la iniciativa busca proteger el derecho de las mujeres privadas de la libertad a recibir atención médica periódica y especializada, en materia de salud preventiva, sexual, reproductiva, mental y nutricional, además de garantizar el suministro de productos de gestión menstrual suficientes y contar con espacios higiénicos para llevar a cabo su ciclo menstrual. 

La propuesta para reformar y adicionar diversas disposiciones de los artículos 3, 10 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, argumenta que es necesario implementar políticas penitenciarias con enfoque de género, salud pública y derechos humanos, que aseguren un trato digno y respetuoso, evitando que esta condición limite o anule el ejercicio pleno de la maternidad y el desarrollo de la niñez.

Indica que de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2025, en México para junio de 2025 había 15 mil 261 mujeres reclusas en centros penitenciarios federales y estatales, que representan el 6.09 por ciento de la población total.

Explica que la mayoría de las mujeres en reclusión tiene entre 20 y 40 años, y es necesario contemplar que pudieran encontrarse en periodo gestante o lactante, con requerimientos diferentes a los de mujeres mayores que enfrentan los desafíos de la salud geriátrica. 


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