La Cámara de Diputados aprobó reformas sobre trabajo en los centros penitenciarios y de reinserción social

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Boletín No.2976

La Cámara de Diputados aprobó reformas sobre trabajo en los centros penitenciarios y de reinserción social

• La reinserción será ejecutada con respeto a la perspectiva de género y procurará la no reincidencia 

• El documento remitido al Senado de la República precisa que la capacitación deberá contar con reconocimiento oficial

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de trabajo en los centros penitenciarios y de reinserción social.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, fue aprobado, en lo general, por 488 votos a favor, y en lo particular, con 489 votos. Se incluyó la reserva aceptada por el Pleno al artículo 4, para incluir la perspectiva de género en la reinserción social, presentada por la diputada, Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN). 

El dictamen establece que la reinserción social será ejecutada con respeto a la perspectiva de género, procurará la no reincidencia, la adecuada integración a la sociedad y que la educación que se imparta en estos centros promoverá la reinserción social, la reconstrucción del tejido social y la convivencia armónica al interior.

La autoridad penitenciaria deberá celebrar convenios de colaboración con instituciones educativas para garantizar la certificación de la capacitación para el trabajo. También tendrá que garantizar que los procesos de capacitación para el trabajo cuenten con reconocimiento oficial de competencia ocupacional o su equivalente en las entidades federativas.

El trabajo podrá ser solicitado por la persona privada de la libertad; además, podrá pedir la cuenta de sus ingresos de manera mensual, así como realizar la promoción de sus productos o de sus servicios ofrecidos a través de la autoridad penitenciaria.

Se establece que si al momento de otorgarse la libertad condicionada la autoridad penitenciaria no cuenta con dispositivo de monitoreo electrónico, el Juez podrá establecer un convenio judicial de pago o caución suficiente para cubrir el costo del dispositivo. Una vez establecida esta medida, se procederá con la liberación.

Mejores herramientas para reintegrarse adecuadamente

En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Justicia, la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) indicó que la reinserción social, además de ser un principio constitucional, constituye uno de los pilares fundamentales en la construcción de un Estado de derecho más igualitario. 

Compurgar una pena, expuso, “no debe llevar un menoscabo adicional a la integridad y dignidad de las personas privadas de la libertad; por el contrario, debe basarse en el respeto a los derechos humanos y en la reintegración idónea a la sociedad, que les permita afrontar la estigmatización y discriminación que les acarrea el hecho de haber estado en prisión”. 

Resaltó que actividades como la educación, el trabajo y la capacitación, favorecen indiscutiblemente su reinserción integral y representan aspectos que contribuyen a evitar la reincidencia delictiva.

La diputada Rubio Fernández argumentó que las condiciones actuales de los centros penitenciarios, “no son idóneas para garantizar la adecuada reinserción social y, por ello, se han alcanzado consensos para impulsar una reforma que fortalezca la función del trabajo como pieza fundamental para lograr ese objetivo”.

Con el dictamen, afirmó, se hace una reestructuración del concepto de reinserción social y se fortalecen las bases para el acceso al trabajo y a la capacitación; se establece que bajo el principio de reinserción social se debe procurar la no reincidencia y la adecuada integración a la sociedad de las personas sentenciada.

Se busca que las personas privadas de la libertad tengan mejores herramientas para reintegrarse adecuadamente cuando cumplan con sus sentencias condenatorias. “No queremos más personas reclusas que salgan a la calle para volver a delinquir por falta de oportunidades; el trabajo dignifica a todas las personas”, añadió. 

Respetar derechos fundamentales

Al fijar su posicionamiento, la diputada Karla Ayala Villalobos (PRI) expresó que tomar acciones para la reintegración es fundamental. “Las personas que cumplen su pena y que quieren una segunda oportunidad, necesitan leyes claras que les brinden alternativas; es importante garantizar que el sistema penitenciario respete los derechos fundamentales de las personas a quienes les ha sido restituida su libertad”.

Sayonara Vargas Rodríguez, diputada del PRI, indicó que la privación de la libertad debe verse como una experiencia transformadora, cuya base es el respeto a la vida y a los derechos humanos. En México, dijo, existen 319 centros de reclusión, tienen sobrepoblación y hay una tasa de reincidencia de 57.7 por ciento. “Es necesario reconocer el derecho de las personas privadas a la educación y a su reinserción al resto de la sociedad”.

Que incluya enfoque de perspectiva de género

La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) señaló que para evitar la exclusión social de quienes egresan de la prisión, es necesario reconocer la importancia de la formación educativa y laboral, así como el desarrollo de habilidades; transitar de un modelo que se concentra en el castigo a otro que ponga el acento en la reinserción social. Todo ello, en consonancia con las leyes nacionales y los estándares internacionales.

Propuso que el concepto de reinserción social, incluya el enfoque de perspectiva de género, pues los datos revelan que 7 de cada 10 mujeres son abandonadas en los centros penitenciarios por sus familias, es decir, la mujer que comete algún delito en México por lo regular es una persona joven, sin empleo, con bajos niveles de educación y con hijos dependientes.

Reincorporarse al mercado laboral

Bernardo Ríos Cheno, diputado de Morena, mencionó que el dictamen tiene la finalidad de garantizar un mejor desempeño por parte de las autoridades penitenciarias, así como asegurar la sana convivencia entre las personas presas y el personal que labora en los centros penitenciarios. 

También, añadió, busca la adecuada reinserción social de las personas privadas de la libertad, faculta a los centros para que celebren convenios para la certificación laboral y la suscripción de acuerdos que validen y reconozcan su capacitación.

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