La Comisión de Hacienda y Crédito Público y funcionarios de la SHCP analizaron el paquete económico 2023

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Boletín No. 2847

La Comisión de Hacienda y Crédito Público y funcionarios de la SHCP analizaron el paquete económico 2023

 

• El subsecretario de Hacienda y el procurador Fiscal de la Federación abordan los ingresos públicos para el próximo año

 

• Diputadas y diputados manifiestan sus inquietudes respecto al paquete fiscal

 

En el marco del análisis del paquete económico 2023, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), se reunió con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, y el procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla.

 

Intervenciones de diputadas y diputados

Al reanudar los trabajos de la primera reunión ordinaria de esta instancia, el diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) afirmó que el paquete económico refleja la falta de preparación de documentos y la poca capacidad que se tiene para tomar decisiones con datos reales, técnicos y duros. Preguntó ¿Por qué se insiste en una plataforma petrolera que no se podrá alcanzar y cómo se prevé enfrentar la crisis?

De MC, el diputado Salvador Caro Cabrera consideró que el pueblo debe tener claro que no habrá nuevos impuestos. Además, resaltó la importancia de conocer el impacto del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) en los ingresos fiscales y el costo en términos de recaudación, y si hay una estrategia fiscal en apoyo a los sectores afectados. 

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) dijo que el paquete económico tiene una ruta prudente y encamina los esfuerzos nacionales para salir adelante en un entorno mundial de enorme complejidad. Agregó que “en un ejercicio de actualización, pensamos que el precio del barril del petróleo pudiese ser de un peso adicional”. 

Del PVEM, el diputado Gilberto Hernández Villafuerte solicitó información sobre la situación jurídica de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una minoría de la Cámara de Senadores, en contra del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada.

Del PRI, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz expresó que muchas de las variables económicas que se presentan parecen cifras a conveniencia, pues por un lado se observa un crecimiento del PIB por arriba de lo que estiman agencias especializadas, y por otro, la inflación por abajo del comportamiento registrado; también señaló inconsistencias en el precio del petróleo y la producción.

Del PAN, el diputado Pedro Salgado Almaguer afirmó que ésta es una época complicada y difícil por la pandemia, por lo que destacó la necesidad de impulsar el seguro de desempleo y estímulos fiscales para el primer empleo: también para quien contrate a personas mayores de 45 años y a jóvenes, e incentivar la compra y renta de vehículos eléctricos.

Carlos Alberto Valenzuela González, diputado del PAN, se pronunció porque el diálogo permita concretar propuestas y coincidencias que fortalezcan a policías municipales y estatales. Pidió establecer incentivos fiscales para quien contrate a personas mayores de 45 años, así como tres años de tasa cero de ISR para impulsar el primer empleo.

El diputado de Morena, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, dijo que éste es un paquete moderado y realista para recuperar la economía del país. Preguntó el monto para subsidiar el IEPS y contener el PACIC; sobre los montadeudas, y el papel de la Procuraduría Fiscal para contener ese delito. 

En la segunda ronda de intervenciones, el diputado Marcelino Castañeda (PRD) consideró que a pesar de que se ha dicho que no hay deuda y que en estos cuatro años han mejorado las condiciones de ésta, “es mentira, y estamos a punto de llegar a niveles de deuda que no se tenían desde 2013. Preocupan los números alegres que se presentan sin un sustento”. 

Manuel Herrera Vega, diputado de MC, manifestó su inquietud porque no se ven elementos que indiquen que la inflación bajará, ni los costos energéticos; pidió conocer si hay una política que facilite la inversión, el desarrollo económico y las transacciones comerciales. 

El diputado Armando Reyes Ledesma (PT) mencionó que la iniciativa de Ley de Ingresos que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico es parte de la continuidad de un cambio democrático revolucionario.   

Eunice Monzón García, diputada del PVEM, dijo que es necesario dotar de recursos económicos a los estados y municipios para los cuerpos de seguridad pública y contar con estrategias en la Ley de Ingresos para mejorar la efectividad de la seguridad pública a nivel nacional, estatal y municipal.

Del PRI, el diputado Yerico Abramo Masso planteó apoyar al campo con medida fiscales para que los productores puedan deducir hasta 1.3 millones de pesos sobre sus ingresos. Propuso reformar la Ley de Instituciones de Crédito para combatir a montadeudas; y también la ley de Coordinación Fiscal para fomentar la eficiencia recaudatoria. 

El diputado Gerardo Peña Flores (PAN) afirmó que debe haber acciones contundentes encaminadas para detener el “huachicol fiscal”, cuyo daño al erario es de 150 mil millones de pesos; establecer el IVA fronterizo de 8 por ciento; fortalecer la eficiencia recaudatoria de los estados e impulsar una política ambiental amigable para invertir en el sector de autos eléctricos.

El diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) resaltó la importancia de conocer los criterios para estimar el crecimiento de tres por ciento y los niveles de producción. Consideró necesario contar con mecanismos para enfrentar una eventual caída en los ingresos tributarios o en la meta de producción. Se refirió a la recuperación de montos pendientes con grandes contribuyentes y planteó revisar el tema del Fobaproa.

Subsecretario de Hacienda y Crédito Público 

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, presentó los documentos que dan forma al programa económico 2023 y afirmó que se trata de un paquete prudente y consistente con la evolución de la actividad económica del país y que sus estimaciones se basan en escenarios que consideran la realidad económica nacional y el contexto internacional.

Dijo que la disciplina fiscal continuará sin incrementar ni crear nuevos impuestos, y tampoco aumentará la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), cuyas operaciones y estrategias de financiamiento han permitido ahorrar mil millones de dólares en el servicio de la deuda y garantizar su sostenibilidad. Se estima que para 2023 cerrará en 49.4 por ciento en 2023.  

Destacó que el Paquete Económico 2023 asegura recursos para garantizar el derecho constitucional a recibir a los programas sociales; potencia el desarrollo del país asegurando una inversión pública de 3.6 por ciento del PIB, con lo que se rompe una caída en la inversión de más de una década. 

Propone un precio de 68.7 dólares por barril de petróleo y estima que estos ingresos alcancen 1.3 billones de pesos, impulsados al alza por un mayor precio. Además, se cuenta con coberturas petroleras que se podrán ejercer en caso de una caída del precio propuesto.

La iniciativa de Ley de Ingresos 2023 estima que los ingresos presupuestarios del sector público se ubiquen en 7.1 billones de pesos, un incremento 10 por ciento anual en términos reales, y que la recaudación tributaria alcance los 4.6 billones de pesos, 11.6 por ciento más que en 2022. 

Añadió que “nos preparamos para que el próximo gobierno reciba un país con finanzas pública sanas, una deuda estable y fondos de estabilización con recursos para enfrentar choques presupuestales”.

El paquete económico 2023 fortalece la base tributaria 

El procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, refirió que el paquete económico 2023 mantiene acciones necesarias para fortalecer la base tributaria a través de medidas legislativas, lo que permite incrementar ingresos y mantener una sostenibilidad fiscal en el gasto social.

Dijo que el actuar de la Procuraduría está íntimamente relacionado con el paquete económico, ya que representa los intereses de la federación en toda controversia de índole fiscal, presupuestal y financiera, además, actúa en calidad de víctima en los procesos penales privilegiando la recuperación de recursos tributarios. 

Sobre la defensa de la constitucionalidad y legalidad de las leyes fiscales y presupuestales frente a acciones y controversias judiciales de particulares en el Poder Judicial Federal, en el tema del paquete económico 2022, informó que hasta el momento han recibido mil 114 demandas de amparo, respecto de las cuales se tiene un nivel positivo de resoluciones en poco más de 98 por ciento. 

“La defensa judicial en amparo contra leyes de la reforma fiscal acumulada, correspondiente a los años 2020 y 2021 se tiene en el litigio tres mil 201 juicios, con un nivel de efectividad de resoluciones a favor de la autoridad fiscal de 97 por ciento”, añadió.

Comentó que, en la defensa de los ingresos tributarios del fisco federal, la procuraduría intervino en controversias que han coadyuvado a la obtención de resoluciones que permiten recaudar ingresos por créditos fiscales a favor del erario por 18 mil 350 millones de pesos.

Respuestas 

El Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, expresó que han sido conservadores en la base de recaudación para el 2023, la cual se va a mantener entre 1.2 y 3 por ciento; hay motores fuertes respecto a la economía norteamericana; y en la economía doméstica, aseguró que el empleo está creciendo y el consumo se mantiene fuerte.

Explicó que evitar la defraudación fiscal suma 1.7 puntos porcentuales del PIB en términos de recaudación y que las medidas aprobadas por los la Cámara de Diputados han logrado que no se erosione la base y se blinden los ingresos tributarios.

Sobre el precio del petróleo mexicano, indicó que para 2023 será de 70 a 65 dólares por barril, y que los expertos aseguran que va a seguir cayendo. “Podemos discutir con más detalle los cálculos y el razonamiento que se ha establecido para dejar la fórmula en el límite permitido” y recomendó dejarlo ahí porque tiene efectos de gasto.

Sobre los incentivos del IEPS para diversos productos, planteó que se deben buscar otros mecanismos y mantener blindados los criterios de equidad fiscal. Señaló que ya hay estímulos para uso de coche eléctrico; no pagan ISAN ni tenencia, por lo que se debe pensar en una política para fomentar esa industria.

Dijo que la política del gobierno es estabilizar el nivel de endeudamiento, el cual se recibió en 44.9 por ciento y por la pandemia por Covid-19 llegó 52, pero se ha ido disminuyendo a 48.8 por ciento.

Expresó que los proyectos del Sursureste conectan la región con el aparato productivo del país en el Norte y esas inversiones permiten la creación de empleos en el corto plazo, además fortalecen la movilidad masiva hacia el resto de la República, de ahí la necesidad de invertir en trenes.

El procurador fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, afirmó que la reforma penal fiscal es relevante porque de ello depende la defensa del interés fiscal de la federación 

Respecto al fenómeno conocido como montadeudas señaló que trabajan con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “a la procuraduría fiscal también le interesa lo que le afecta a la ciudadanía, sabemos que pueden ser más de 500 mil personas afectadas por este tipo de conductas, se habla de las personas que menos recursos tienen y que pretenden acceder a créditos rápidos que sin control bancario les resuelven en minutos y generan una deuda con tasas de interés de hasta 180 por ciento semanal”.

Mencionó que por primera vez el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP, tendrá el monto más alto, será de más de ocho mil 700 millones de pesos que se distribuirán entre todas las entidades federativas. Agregó que de aprobarse la iniciativa que se plantea en la Ley de Ingresos, en el 19 Transitorio, los municipios podrán gastar este recurso en movilidad: patrullas y motocicletas, así como equipamiento. 

Dijo que, al cierre del 2022, el costo de dar el subsidio o los incentivos al 100 por ciento del PACIC es de 395 mil millones de pesos, 1.4 por ciento del PIB. Explicó que el PACIC está pensado para proveer acceso a familias a un producto de la canasta básica y tratar de estabilizar y mientras se aplicó, la canasta de esos productos mantuvo la inflación en 12 por ciento. 

Finalmente, dijo que parte importante del PACIC fueron los subsidios a gasolinas, que han permitido que sus preciso fluctúen entre los 21 y los 24 pesos, y sin ese subsidio, habría llegado hasta 35 pesos y la inflación a 14 por ciento.

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