La Comisión de Vivienda aprobó su opinión sobre el PEF 2023

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Boletín No.2989

La Comisión de Vivienda aprobó su opinión sobre el PEF 2023

• Avaló también el dictamen para que la Ley de Vivienda se aplique con perspectiva de género

• También un punto de acuerdo sobre despachos de cobranza

La Comisión de Vivienda, que preside la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), aprobó con 25 votos a favor, su opinión al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023, respecto a los recursos asignados a los programas de vivienda contemplados en el Ramo 15.

En el documento que entregarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se solicita una ampliación presupuestal del Programas de Vivienda Social de 480 millones 331 mil 850 pesos; Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional, 158 millones de pesos; Programa de Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio, 12 millones de pesos; Programa para Regularizar Asentamientos Humanos, 200 millones de pesos.

Considera que, de ser aprobado este presupuesto, el Programa de Vivienda Social brindaría aproximadamente 30 mil 306 subsidios para acciones de vivienda; el Programa para Regularizar Asentamientos Humanos beneficiará a 7 mil 046 personas; el Programa de Mejoramiento Urbano a 3 mil 143,748 personas; y el Programa Nacional de Reconstrucción realizará 6 mil 165 acciones.

La diputada Aguilar Gil comentó que los programas presupuestales de vivienda presentan un aumento respecto al PEF 2022, con excepción del Programa Nacional de Reconstrucción, toda vez que en el 2023 es su último año de operación.

Añadió que el proyecto del pari passu fue considerado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, porque finalmente pone en colaboración el proyecto de la vivienda social, es decir que el tema de casa-habitación con un costo de 30 a los 120 mil pesos que se otorga la Comisión Nacional de Vivienda para ampliación y mejoramiento, pueda compartirse en un proyecto con 11 estados: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.

Agregó que estas entidades otorgarían cerca de 480 millones de pesos, lo cual generará una ampliación presupuestal en el rubro de vivienda social.

La diputada María Asención Álvarez Solís (MC) indicó que, si bien el PEF 2023 contempla un incremento, éste no se realizó de manera equitativa, sino sólo en lo referente al mejoramiento urbano, por lo que la opinión de esta Comisión tiene como fin encontrar una equidad en la distribución de los recursos que permita ser congruentes con la reforma al artículo 4° constitucional en materia de vivienda adecuada. 

Que la Ley de Vivienda se aplique con perspectiva de género

Las y los diputados aprobaron con 24 votos a favor, el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a fin de establecer de manera explícita que sus disposiciones se apliquen con perspectiva de género, así como en observancia al principio de igualdad.

La presidenta de la Comisión Lilia Aguilar Gil, explicó que es necesario que se incorpore esta metodología para promover el acceso igualitario en todos los ámbitos, dado que eran los hombres, en su mayoría, los que tenían el derecho a la vivienda por cuota.

El 35 por ciento de las casas están escrituradas por mujeres y solamente 34 por ciento de los créditos son para las mismas, estas cifras ejemplifican que las condiciones sociales de las mujeres no garantizan el acceso a la vivienda.

La diputada proponente de la reforma, María De Jesús Rosete Sánchez (PT) mencionó que la igualdad es el concepto más amplio de justicia, por lo que esta modificación normativa ayuda a romper la brecha de desigualdad que hay en el país respecto a la perspectiva de género. 

El diputado Rodrigo Sánchez Zepeda (PAN) planteó una observación de forma para que la fracción quinta del artículo 8, diga “preferentemente a las personas que pertenezcan a los grupos vulnerables y en situación de pobreza”. 

Pedirán al ISSSTE evitar el uso de despachos de cobranza

Por último, se aprobó por unanimidad de 25 votos, el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a eliminar el modelo de cobranza institucional contenido en el Reglamento Orgánico del Fovissste, y la contratación de despachos privados para la cobranza extrajudicial.

La presidenta de la Comisión explicó que hay temas que ajustar y que han dañado profundamente no solo la salud mental, la paz y la tranquilidad, como lo son los despachos de cobranza, los cuales se han vuelto no solo violentos, sino que ejercen formas ilegales de cobranza que el ISSSTE y el Fovissste no pueden permitir. 

“Sabemos que estos despachos no pueden amenazar a los derechohabientes por un principio de justicia, de legalidad y porque no se pueden usar los recursos de los propios derechohabientes para que los persigan, amedrenten o amenacen. Ni intimidar a los deudores o exponerlos a la ridiculización social”, planteó. 

La diputada Angélica Ivonne Cisneros Lujan (Morena), proponente del punto de acuerdo, comentó que éste deriva de no haber podido lograr un acuerdo con el Fovissste para que elimine de sus esquemas de cobranza a estos despachos, pero no ha habido la voluntad de hacerlo, a pesar del daño psicológico que han hecho a derechohabientes y sus familias.

Del PAN, el diputado Rodrigo Sánchez Zepeda se manifestó a favor del punto de acuerdo y propuso continuar las evaluaciones a esta medida, así como ver en el corto plazo sus resultados para saber si ha dejado de pasar esta situación, y en caso contrario, se haga una reforma de gran calado y modifique la parte reglamentaria del ISSSTE y del Fovissste que permiten la actuación de esos despachos.

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