Proponen hasta quince años de prisión a quien falsifique uniformes y divisas de las fuerzas armadas

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“2025, Año de la Mujer Indígena”
LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”

Boletín No. 2446



•    Representa una amenaza a la seguridad nacional: diputado López Hernández (PVEM)

El diputado Mario Alberto López Hernández (PVEM) impulsa una iniciativa que reforma el artículo 250 Bis del Código Penal Federal, para establecer de doce a quince años de prisión (actualmente es de cinco a doce años), al que cometa el delito de falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública.

La propuesta, enviada a la Comisión de Justicia, destaca que la finalidad legal es proteger la integridad de los símbolos oficiales y prevenir su uso indebido para fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden social.

Señala que el delito de falsificación de estos elementos representa una amenaza significativa, ya que puede ser utilizado para cometer delitos y debilitar la autoridad institucional, poniendo en riesgo la seguridad pública.

Considera que la falsificación de uniformes y divisas puede tener consecuencias graves para la seguridad pública e integridad institucional, ser utilizados para suplantar a agentes de seguridad, cometer delitos como extorsiones, robos o incluso actos terroristas, y generar confusión o desconfianza en la población, lo que representa una amenaza a la integridad de las instituciones y a la seguridad nacional.

Señala que los uniformes, insignias, credenciales, medallas, divisas, gafetes, escudos, documentos y otros elementos que conforman la vestimenta y la identificación de las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad pública cumplen funciones esenciales en el ejercicio de sus labores. 

Estos símbolos representan la autoridad, el profesionalismo y la legitimidad de quienes los portan, además de facilitar la identificación de los miembros de dichas instituciones por parte de la ciudadanía y otros actores sociales, agrega.

Subraya que la exclusividad y protección de estos símbolos oficiales aseguran que solo quienes cuentan con la autorización correspondiente puedan fabricarlos, distribuirlos y utilizarlos en el ejercicio de sus funciones.

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