Boletín No.3233
Realizan mesa de análisis en torno a la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
• Participaron diputadas, diputados, abogados y especialistas
Durante la “Mesa de análisis de la iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, realizada de manera semipresencial en la Cámara de Diputados, abogados y especialistas consideraron que antes de reformar, deben asignarse los 60 magistrados pendientes.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), resaltó que es la primera vez que se realiza una mesa de análisis de un proyecto de reforma para la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia y la aportación de los académicos contribuirá a enriquecer este producto legislativo.
Añadió que es fundamental que se considere que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una institución de gran prestigio y credibilidad fundada por el presidente Lázaro Cárdenas hace 86 años.
El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), destacó que en el análisis de la iniciativa que reforma dicha ley deben participar la academia, la sociedad civil especializada y el sector al que impactará.
Mencionó que solamente así construirán las mejores iniciativas que necesita el país, por lo que deseó que sea una reforma que fortalezca a las instituciones y a la impartición de justicia “en un espíritu democrático y de pluralidad a favor de México”.
El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena) dijo que esta iniciativa es necesaria y aseguró que no se harán leyes a modo. Pidió pluralidad en estos espacios y que se permita a los académicos del derecho contribuir para enriquecer la discusión en la Cámara de Diputados.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) señaló que esta iniciativa es preocupante porque si bien es cierto que el Sistema Nacional Anticorrupción no ha podido dar los resultados, con este tipo de iniciativas se debilita aún más. “Todo lo que han hablado los especialistas debe ser tomado en cuenta, abrir más mesas de diálogo y foros”.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) comentó que es necesario escuchar a los expertos que conocen y litigan este tema. “Por supuesto que es un tema técnico, desafortunadamente tiene un matiz político porque no es una reforma sustantiva, sino una que está trastocando directamente a la estructura del Tribunal Administrativo”.
Vía plataforma digital, la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) expresó su preocupación, sobre todo por el debilitamiento de las instituciones porque “es un retroceso a lo que se logró desde el momento en que se separa el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Perderíamos la oportunidad de tener un tribunal que dé certidumbre. Trabajemos para mejorarlas”.
La diputada Lidia Pérez Bárcenas (Morena) señaló que no es una reforma que se esté inventando, “es una reforma que fortalece y que da continuidad al Sistema Nacional Anticorrupción”. Precisó que el tema de los requisitos no está previsto en la ley y ahora esta iniciativa lo que hace es incorporarlos. “No se va a robar la libertad de nadie, ni se va a desaparecer nada, ni se le están quitando atribuciones de nada”.
Olimpia Tamara Girón Hernández, diputada de Morena, consideró importante escuchar a los estudiosos del derecho porque en la práctica siempre ha habido deficiencias en el ambiente jurisdiccional. “No hay jueces y no hay secretarios suficientes para el ejercicio de nuestras labores en la abogacía; es importante ver qué hace falta en todos los ámbitos y mejorar a las instituciones”.
Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, advirtió que querer incorporar decisiones políticas al funcionamiento de los magistrados de la 3ª Sección, donde actualmente hay tres designados por sus capacidades, podría ser contradictorio, debido a su falta de su especialidad.
Yubani Ramírez Amayo, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, resaltó que hay incertidumbre jurídica porque alrededor de 60 magistraturas se encuentra sin un presidente, lo que implica que no se toma en cuenta la realidad.
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