Vital, poner en el centro de la discusión del Presupuesto a la primera infancia

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Boletín No. 5105

• Diputadas, diputados, especialistas y organizaciones participan en 4º Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia 2023

En la Cámara de Diputados se realizó la 4ª Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia 2023, donde diputadas, diputados, especialistas y representantes de diversas organizaciones, consideraron fundamental destinar presupuesto para la primera infancia, ya que es responsabilidad del Estado garantizar derechos a niñas, niños y adolescentes.

El encuentro fue convocado por la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C, el Banco Mundial, el Pacto por la Primera Infancia A.C y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Garantizar derechos de la primera infancia

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), invitó a cerrar filas en torno a la niñez porque los infantes no militan en un partido político y serán las víctimas de decisiones unilaterales.

Confió en que la discusión del presupuesto y las votaciones se traduzcan, más que en resultados en las urnas, en logros para la niñez en sus necesidades básicas de alimentación y salud.

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Gabriela Sodi (PRD), expresó que únicamente se cuenta con recursos para el tamiz básico y se requiere presupuesto para los ampliados, pues de lo contrario, se “podría llevar a niñas, niños y adolescentes a la discapacidad, se incrementará el rubro discapacitante en donde se tiene un universo flotante de 13 millones y el Estado se hace cargo de uno”.

Mencionó que en las comisiones “debemos escucharnos de las necesidades que vemos en el proyecto de Presupuesto y que tenemos que redireccionar. Nosotros trabajamos de manera sistemática con las secretarías de Estado e instancias para lograr un anexo para la accesibilidad”.  

El presidente de la Comisión de Salud, diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), aplaudió este encuentro a favor de la primera infancia y dijo que se requiere voluntad política para transitar y avanzar en la materia. “Debemos poner en el centro de la discusión del Presupuesto a las primeras infancias, debe ser prioritario y hay que eliminar obstáculos y barreras”.  

Pidió tener diálogo permanente con las instituciones, el Gobierno de México y los grupos parlamentarios para poner en la agenda el tema de las niñas y los niños. “Planteamos legisladoras y legisladores redirigir recursos para que los excedentes petroleros en 2024 sean utilizados para temas prioritarios, como son las niñas y los niños, en cuanto a salud y el esquema de vacunación”.  

La diputada Marisol García Segura (Morena) sostuvo que un incremento sostenido se puede lograr a partir de una mejor recaudación y procurando un gasto inteligente por parte del Estado, abatiendo la corrupción o la duplicidad de funciones. Mencionó que muchos programas sociales dependen del Gobierno Federal y esto representa uno de los principales obstáculos para que haya mayor inversión para la primera infancia.

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, diputada del PAN y secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, expuso que en México sólo tres de cada 10 niñas y niños ejercitan ese derecho, por lo que se debe hacer lo necesario para garantizarlo, apoyar la vacunación que impacta a esa población, despolitizar a la primera infancia e impulsar una mayor inversión, sin caer en un enfoque electoral y populista en el corto plazo.

Del PRI, la diputada Laura Barrera Fourtul consideró que si no se mueve ni una coma al Presupuesto será difícil que haya resultados positivos para la infancia. Señaló que en la discusión se tiene que tomar en cuenta a los huérfanos de la pandemia, así como temas como desnutrición, violencia, maltrato, salud, educación y pornografía infantil. 

La diputada Norma Aceves García (PRI) afirmó que no se puede hablar de un presupuesto para la niñez y la adolescencia si no están contemplados los que viven con alguna condición de discapacidad. Destacó que se tiene que ver a este sector con enfoque de derechos humanos. Opinó que, si se diseña una política y presupuesto con un enfoque de inclusión y discapacidad, su costo se eleva en un porcentaje mínimo. Refirió que, si se apuesta a garantizar que la niñez con discapacidad viva de manera independiente, se traducirá en el aprovechamiento de talentos en favor del desarrollo nacional.   

Por el PT, la diputada Irma Yordana Garay Loredo, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, indicó que, si bien hoy los niños no votan, sí participan y se requiere darles no solo calidad de vida, sino bienestar. Es vital, dijo, seguir siendo portavoces de las realidad y necesidades de niñas, niños y adolescentes, así como lograr un presupuesto 2024 con una visión humanista e íntegra. 

Falta lograr una educación inicial universal

Al presentar el estudio “Identificación de la inversión pública de la educación inicial en México”, Sunny Arely Villa, consultora para el Banco Mundial, afirmó que una política pública sin presupuesto tendrá dificultades en su implementación; en educación inicial hay una cobertura del 3 por ciento, por lo que falta mucho para lograr una educación inicial universal; el 48.5 por ciento está en modalidad escolarizada y 57 por ciento a través de servicios privados. 

En el presupuesto 2023, refirió, hay 28 mil 280 millones de pesos destinados para la educación inicial, lo que representa menos de 0.5 por ciento del gasto programable. Se gasta en pago de nómina de los profesionales de educación y servicios generales. “La expansión de la cobertura y la mejora en la calidad de los servicios de educación inicial deben ser prioridad en el presupuesto 2024; es momento de hacer una reorientación del gasto”.

Alberto Sotomayor, coordinador de Investigación del Pacto por la Primera Infancia, A.C, dijo que en el presupuesto para la primera infancia hay una disminución importante, por lo que planteó dejar atrás los inerciales y reflexionar sobre la magnitud de la inversión que se requiere para incrementar de manera sustancial las coberturas y cerrar las brechas de los programas clave para el bienestar.

Propuso fijar una meta nacional con miras a 2030 e invertir 1.5 por ciento del PIB en el tema; reponer los recursos recortados a programas esenciales sobre todo en materia de alimentación. Es importante, agregó, incorporar los principios de progresividad, no regresión e interés superior de la niñez en la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto. Puntualizó que es necesario avanzar con un subanexo transversal.

Durante la presentación del Boletín de Investigación “Desarrollo Infantil Temprano: Desafíos Presupuestales”, Tania Beltrán Castillo, Investigadora en Economía de los Cuidados del CIEP, A.C., indicó que el 80 por ciento de los infantes se desarrollan adecuadamente; sin embargo, las niñas presentan mayor rezago frente a los niños, aunado a que donde hay menores ingresos presentan más dificultades en su desarrollo socioemocional.

Señaló que actualmente 8.2 millones de niñas y niños no asisten a programas de educación inicial y preescolar; además, debido a la pandemia hay 296 mil infantes que no asisten a la escuela. Asimismo, la ausencia de inversión pública en el desarrollo infantil generará mayores desigualdades en su futuro.

Dámaris Sosa de Antuñano, del Pacto por la Primera Infancia A.C, consideró que el Anexo Trasversal 18 debería tener correspondencia con el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Planteó crear un subanexo transversal de primera infancia, el cual abonaría a distinguir la clasificación por rangos de edad que ya existe en el sistema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

“No se trata de un trabajo adicional, sino distinguir los recursos que ya se asignan por rangos de 0-5 años primera infancia, 6-10 años niñez, y 11-17 años adolescencia”, detalló.

Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C., mencionó que la asignación del presupuesto se tiene que entender con una visión intergeneracional y sostenibilidad. Consideró que falta información, seguimiento y rendición de cuentas sobre cómo se ejecutan los recursos asignados a la primera infancia. 

Añadió que el resultado que se ve para el Paquete Económico es que el espacio fiscal va a caer 60 por ciento en un año, de 2023 a 2024, y esto deja pocos recursos para asignarlos a este sector de la población.

La coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia A.C, Aranzazu Alonso, pidió luchar por un incremento en la inversión y programas estratégicos claves para la primera infancia, ya que es un tema de bienes y servicios, así como de derechos “no se resuelve solo ni el mercado; las y los niños del país nos necesitan”.

En el mismo evento, se realizó el lanzamiento del Observatorio de Programas Presupuestarios vinculados a la Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia, y se impartió un taller para su utilización y comprensión. 

La diputada Herrera Anzaldo subrayó que esta “plataforma también será una herramienta muy importante para el trabajo legislativo, de cara a la discusión del PEF 2024”. 

Alberto Sotomayor señaló que el Observatorio es una herramienta de interlocución política, tanto de ejecutores y responsables de gasto como las y los legisladores que lo deben aprobar, y representa un espacio para proporcionar periódicamente información del presupuesto aprobado y ejercido.

Apuntó que esta plataforma analiza programas que, que por sus componentes, alcance e impacto, son clave para impulsar el desarrollo integral de este sector en vacunación, salud materna, sexual y reproductiva, así como para el Fondo de Aportaciones Múltiples en la vertiente de Asistencia Social, Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños hijos de Madres trabajadoras, Educación Inicial y Básica Comunitaria, Expansión de la Educación Inicial, Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Registro e Identificación de Población, así como la coordinación del SIPINNA.

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