“NO AVALAREMOS REFORMAS QUE IGNOREN LA INJERENCIA DEL DINERO SUCIO EN PARTIDOS Y EL DINERO ILÍCITO EN CAMPAÑAS”


“NO AVALAREMOS REFORMAS QUE IGNOREN LA INJERENCIA DEL DINERO SUCIO EN PARTIDOS Y EL DINERO ILÍCITO EN CAMPAÑAS”


• “El problema no es cuánto dinero público reciben los partidos, sino cuánto dinero ilícito entra sin consecuencias.”

• Se detienen a operadores, se procesa a mandos medios, se entregan criminales, pero no se investiga a quienes se beneficiaron políticamente.


El diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez advirtió que la reforma electoral que impulsa Morena y presentó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum no puede analizarse como un ajuste técnico ni como una simple redistribución administrativa. “Lo que debe discutirse es el contexto marcado por la infiltración del crimen organizado en campañas políticas, el financiamiento ilícito y la ausencia sistemática de consecuencias para actores de alto nivel”.

Los indicios ya no son aislados. Se acumulan testimonios públicos, expedientes filtrados, investigaciones abiertas, sanciones internacionales y señalamientos documentados. Y, sin embargo, no hay responsabilidades políticas firmes.

“El patrón es constante: se detiene a operadores, se procesa a mandos medios, se entregan criminales, pero no se investiga a quienes pudieron beneficiarse políticamente”.

Por ello, Acción Nacional fija una línea roja clara e innegociable: No nos vamos a sentar en una mesa de negociación sobre una Reforma Electoral que no incluya como eje central el combate frontal a la infiltración del crimen organizado en la política, el financiamiento ilícito de campañas y sus consecuencias legales.

“Sin sanciones reales, sin nulidad de elecciones cuando haya dinero criminal, sin pérdida de registro para partidos que postulen candidatos vinculados a estructuras delictivas y sin mecanismos estrictos de detección de recursos ilegales, cualquier reforma es simulación”.

La reforma electoral no puede discutirse como si estuviéramos en condiciones normales. México viene de la elección más violenta de su historia y existen múltiples indicios de infiltración del crimen organizado en campañas políticas.

Acción Nacional no se va a sentar a legitimar una reforma que ignore el financiamiento ilícito, la narcopolítica y la impunidad.

“Aquí no se trata de cuántos diputados plurinominales habrá. Se trata de quién está financiando las campañas en este país; Acción Nacional no participará en ninguna negociación de reforma electoral que no incluya mecanismos estrictos para detectar dinero ilícito en campañas, fiscalización en tiempo real con acceso a inteligencia financiera, nulidad de elecciones cuando se acredite financiamiento criminal, pérdida de registro para partidos que postulen candidatos vinculados al crimen organizado y responsabilidad penal para dirigentes que avalen candidaturas con nexos criminales.

Jorge Triana Tena, vocero del CEN PAN, sostuvo que la Reforma Electoral presentada por Claudia Sheinbaum es simulación y blindaje político a Morena.

“La elección federal de 2024 fue la más violenta registrada; hubo asesinatos, amenazas, renuncias forzadas y control territorial por parte del crimen organizado. Pretender discutir la Reforma Electoral sin tocar la infiltración criminal es ignorar la realidad del país”.

Triana agregó que no se puede reformar el árbitro sin limpiar el terreno de juego. Más allá del fondo de la reforma de Morena y Sheinbaum, es inadmisible que no ponga al centro la captura del sistema por el crimen organizado. 

Puso como ejemplo testimonios públicos y materiales difundidos que señalan que Sergio Carmona financió campañas de Morena en distintos estados del país. De acuerdo con esos señalamientos, el responsable de distribuir esos recursos hacia candidaturas habría sido Mario Delgado, entonces presidente nacional de Morena y hoy secretario de Educación Pública. Se le señala como el intermediario político entre el grupo Carmona y diversas campañas estatales.

Existen bitácoras de vuelo que documentan que Mario Delgado utilizó aeronaves propiedad de Carmona. Hay registros formales que acreditan que voló en aviones vinculados al empresario señalado como operador del huachicol fiscal.


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