ESTABLECER PENAS MÁS DURAS FRENARÁ DEVASTACIÓN AMBIENTAL EN EL PAÍS: DIPUTADOS FEDERALES DEL PRI

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ESTABLECER PENAS MÁS DURAS FRENARÁ DEVASTACIÓN AMBIENTAL EN EL PAÍS: DIPUTADOS FEDERALES DEL PRI

•    Arturo Yáñez aseguró con sanciones más duras se rompe el negocio que llevan a cabo depredadores ambientales y se atacan los daños que estas conductas ocasionan en la flora, fauna y la salud humana.

•    Marcela Guerra precisó que los costos de degradación ambiental en el año 2023 representaron más del 4% del PIB.

•    Abigail Arredondo dijo que esta ley tendrá un mayor impacto si está acompañada de más recursos destinados a las instancias encargadas de la protección ambiental.

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, encabezados por el coordinador Rubén Moreira Valdez, votaron a favor del dictamen que reforma el Código Penal, en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, porque subrayaron con sanciones más duras se rompe este negocio que llevan a cabo depredadores ambientales y se ataca la gravedad de los daños que estas conductas ocasionan en la flora, fauna y la salud humana.

A nombre de la bancada del PRI, los legisladores Arturo Yáñez Cuéllar, Marcela Guerra Castillo y Abigail Arredondo Ramos, manifestaron que defender el medio ambiente es uno de los desafíos más urgentes para México y advirtieron que la protección efectiva de los ecosistemas no puede seguir posponiéndose.

Desde la Tribuna, Arturo Yáñez recordó que México es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo; sin embargo, los delitos ambientales continúan en aumento debido a la tala ilegal, el desarrollo urbano irregular, la contaminación de ríos y mares, el tráfico de vida silvestre y la devastación de áreas naturales protegidas.

Explicó que el dictamen fortalece e incrementa las sanciones por delitos ambientales y endurece las penas por el quebrantamiento de sellos, una práctica común entre desarrolladores y empresas que continúan obras confiando en que las sanciones serán mínimas.

Agregó que también establece penalidades específicas contra la tala ilegal, especialmente cuando afecta a áreas naturales protegidas, uno de los ecosistemas más vulnerables del país.

En su participación, Marcela Guerra Castillo precisó que los costos de degradación ambiental en el año 2023 representaron más del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto del país. Expuso el caso de Nuevo León, donde el mal uso de pedreras ilegales, sitio de donde se saca piedra, ha contaminado abiertamente el aire.

Dijo que también está el caso emblemático de contaminación que ha causado la Refinería de Cadereyta, una empresa del estado, por lo que llamó a tener una autocrítica, porque no solo dañan al medio ambiente las empresas privadas, sino muchas veces las empresas públicas, que son también de los mexicanos.

Por lo anterior, la diputada neoleonesa destacó que aumentan las sanciones para quienes contaminan el aire, el agua, el cielo, el suelo y quienes realicen descargas ilegales y que también dañan los ecosistemas con sustancias tóxicas. Agregó que otro foco es el mercado de tráfico de especies que alcanza los 20 mil millones de dólares al año, de acuerdo con la Organización Mundial de la Vida Silvestre.

“Necesitamos un Estado fuerte, que haga valer la ley, necesitamos que las instituciones sí funcionen, porque apoyar el fortalecimiento del marco penal es muy correcto, pero debe de ir acompañado”, puntualizó.

En su intervención, Abigail Arredondo Ramos destacó que esta ley incrementa las sanciones para actividades ilícitas relacionadas con las sustancias peligrosas, como la descarga de contaminantes en la atmósfera que dañan el medio ambiente, la generación de ruido, vibraciones o energía perjudicial, y la descarga ilegal de aguas residuales, químicos y desechos en cuerpos de aguas federales. 

Indicó que todas estas acciones alteran gravemente hoy nuestro entorno ecológico, las modificaciones propuestas siguen una misma lógica, evitar afectaciones excesivas en el patrimonio natural. 

No obstante, la congresista del PRI dijo que es necesario señalar que esta iniciativa tendrá un mayor impacto si está acompañada de más recursos destinados a las instancias encargadas de la protección ambiental, como la PROFEPA, que en los últimos tres años ha sufrido recortes que afectan sus funciones y eficacia. En 2025 recibió 839 millones de pesos, un 14 por ciento menos que en el 2024.

Los legisladores coincidieron que con esta reforma el PRI reafirma su compromiso con la defensa del medio ambiente ante los daños ecológicos presentes en diversas regiones del país y la urgente necesidad de fortalecer la protección.

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