HACER OBLIGATORIO EL SEGURO PARA AUTOS ES PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS: PATRICIA MERCADO

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HACER OBLIGATORIO EL SEGURO PARA AUTOS ES PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS: PATRICIA MERCADO

En conferencia de prensa la representante Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Movilidad, presentó junto a organizaciones de víctimas de siniestros viales y la Coalición Movilidad Segura, una iniciativa para evitar que más familias en México pierdan su patrimonio a consecuencia de un hecho vial.

La iniciativa busca obligar a que todo automóvil en circulación en el país cuente con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, en la que se propone establecer garantías concretas con este seguro, con pólizas mínimas que no puedan cancelarse, coberturas claras y sin exclusiones que dejen desprotegidas a las víctimas.

La representante Patricia Mercado destacó que esta propuesta tuvo un respaldo sin precedentes con el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró constitucional la obligatoriedad del Seguro de Responsabilidad Civil. Agregó que actualmente solo 19 entidades obligan a las personas conductoras a tener seguro para circular, aunque solo 1 de cada 3 vehículos cuentan con póliza.

“Las familias pueden enfrentar gastos y deudas de hasta 3 millones de pesos en un siniestro vial fatal o con secuelas permanentes para quienes sobreviven con alguna discapacidad. Son las familias de menores ingresos quienes más necesitan contar con esta protección”, alertó la presidenta de la Comisión de Movilidad en compañía de familiares víctimas de siniestros viales.

Armando Pliego, representante de la Coalición Movilidad Segura, que agrupa más de 100 organizaciones en el país, y articula a víctimas para garantizar su atención, señaló que desde hace más de 10 años se impulsa una agenda de movilidad, que logró la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pero que persisten vacíos legales que deben atenderse, como es el caso del seguro obligatorio. Agregó que dicho seguro debe ser una herramienta legítima para garantizar que nadie quede en la indefensión después de un siniestro, por lo que el Congreso debe legislar para hacerlo posible.