IMPULSA DIPUTADA ANA GONZÁLEZ INICIATIVA PARA GARANTIZAR ACCESO CONSTANTE A AGUA POTABLE EN ESCUELAS

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IMPULSA DIPUTADA ANA GONZÁLEZ INICIATIVA PARA GARANTIZAR ACCESO CONSTANTE A AGUA POTABLE EN ESCUELAS

• La legisladora subrayó que la falta del vital líquido en los planteles vulnera derechos constitucionales como la educación, la salud y el desarrollo integral de la infancia.

• Señaló que de acuerdo con diagnósticos más del 20% de las escuelas públicas en México carecen de acceso regular a agua potable.

La diputada federal Ana González González presentó una iniciativa para adicionar el artículo 99 Bis a la Ley General de Educación, con el objetivo de establecer como requisito indispensable para el funcionamiento de cualquier institución educativa el suministro constante de agua potable, así como la disponibilidad de bebederos y sanitarios en buen estado.

Al presentar su propuesta, subrayó que la falta de agua en las escuelas no solo vulnera el derecho a la educación, sino también el derecho a la salud, conforme al artículo 4º de la Constitución. Asimismo, señaló que esta carencia afecta el desarrollo integral de la infancia, en concordancia con el artículo 1º constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio de progresividad de los derechos humanos.

“La ausencia de agua potable y de instalaciones sanitarias adecuadas compromete la salud física, mental y emocional de los estudiantes, generando un entorno que propicia la deserción y el fracaso escolar”, advirtió la legisladora.

Enfatizó la necesidad de articular las políticas educativas y de salud para garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con condiciones dignas que favorezcan su aprendizaje y desarrollo en ambientes seguros y saludables.

La congresista del PRI aseguró que el proyecto de ley reconoce el agua como un elemento esencial en el entorno escolar y establece la responsabilidad del Estado para asegurar su provisión, mantenimiento y supervisión. Este enfoque contempla la equidad territorial, la participación comunitaria y la corresponsabilidad institucional.

“La propuesta busca transformar una carencia histórica en una política pública vinculante y efectiva. No se trata solo de mejorar la infraestructura, sino de responder a principios éticos y constitucionales que promuevan un entorno educativo justo y equitativo”, afirmó.

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