INICIATIVA DE NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS Y REFORMA DE LEY DE AGUAS NACIONALES GARANTIZARÁ EL DERECHO HUMANO AL AGUA

---

INICIATIVA DE NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS Y REFORMA DE LEY DE AGUAS NACIONALES GARANTIZARÁ EL DERECHO HUMANO AL AGUA

• Esta iniciativa devuelve al agua su carácter de bien público estratégico y restituye su sentido como derecho humano. Coloca por encima de cualquier interés particular la vida, la salud, los ecosistemas y la seguridad hídrica de las futuras generaciones. Cierra las puertas de la especulación sobre los recursos hídricos, dejando atrás la época neoliberal que hizo del agua una mercancía.

El derecho humano al agua es un pilar fundamental para la vida, la salud y el bienestar de toda persona. Desde 2012, este derecho quedó consagrado en el artículo 4º de nuestra Constitución, estableciendo que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y que es obligación del Estado garantizarlo.

Sin embargo, han pasado ya más de doce años desde que se mandató expedir una Ley General de Aguas en un plazo de 360 días, y ese mandato no se cumplió. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esta omisión legislativa, subrayando que la ausencia de esta ley impide delimitar adecuadamente las competencias de los tres órdenes de gobierno en materia hídrica. Este vacío normativo afecta directamente la gestión del agua en el país y, sobre todo, el ejercicio pleno del derecho humano al agua.

La Ley de Aguas Nacionales vigente, heredada de 1992, responde a un modelo propio de una época de políticas neoliberales. Es un marco legal rebasado, centrado en la explotación económica del agua y no en su carácter de derecho humano. Permitió tratar al agua como mercancía transferible, generando concentración, mercados opacos y sobreexplotación de cuencas y acuíferos. Hoy, su obsolescencia contrasta con la realidad hídrica del país y con las exigencias constitucionales actuales.

México enfrenta una crisis hídrica multifactorial:

• Entre 12 y 15 millones de personas carecen de agua potable, especialmente en zonas rurales y urbano-marginadas.

• Al menos 105 acuíferos están sobreexplotados y 70% de los ríos están contaminados.

• Se pierde alrededor del 30% del agua potable por fugas, y casi un tercio del agua entubada no llega en cantidad ni calidad suficiente a los hogares.

• Los costos ambientales y económicos derivados de la contaminación y sobreexplotación superan los 100 mil millones de pesos anuales.

En este contexto crítico, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una iniciativa integral y profundamente necesaria, que atiende la omisión legislativa, moderniza el marco jurídico y coloca en el centro el derecho humano al agua.

La iniciativa propone:

1. Expedir una Ley General de Aguas, reglamentaria del artículo 4º constitucional, que garantice el derecho humano al agua, priorizando su uso doméstico, el mínimo vital y prohibiendo la suspensión total del servicio.

2. Reformar integralmente la Ley de Aguas Nacionales, para devolver al agua su carácter de bien nacional estratégico y poner fin al enfoque mercantilista que prevaleció durante las décadas pasadas.

Entre los avances más relevantes de la iniciativa: limita a los particulares en favor del interés público, garantizando el derecho humano al agua, la seguridad hídrica y la integridad de los ecosistemas; prioriza el uso humano; cierra las puertas de la especulación sobre los recursos hídricos, dejando atrás la época neoliberal que hizo del agua una mercancía; fortalece la planeación y la información pública y habilita herramientas de emergencia para proteger poblaciones y ecosistemas.

Por ello, la aprobación de esta Ley General de Aguas y la actualización de la Ley de Aguas Nacionales no solo es urgente: es un acto de justicia ambiental, social y constitucional largamente postergado. Ante la creciente frecuencia de sequías, el incremento de conflictos por el agua y los compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible, no podemos seguir aplazando esta responsabilidad.

Desde la Cámara de Diputados reiteramos nuestro compromiso con la defensa del derecho humano al agua, con la protección de nuestros ecosistemas y con un modelo de gestión hídrica justo, sustentable y al servicio del pueblo de México.

Es momento de dejar atrás las inercias neoliberales que trataron al agua como mercancía y avanzar hacia un nuevo paradigma donde el agua sea reconocida, gestionada y protegida como lo que es: un bien público indispensable para la vida.