LEY DE TRÁFICO DE FENTANILO DE TRUMP

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LEY DE TRÁFICO DE FENTANILO DE TRUMP

POSICIONAMIENTO

Estados Unidos vuelve a apostar por la vía punitiva para enfrentar su crisis de salud pública. El presidente Donald Trump firmó la Ley HALT Fentanilo, que endurece al máximo las sanciones contra quienes trafiquen, fabriquen o posean fentanilo y sus derivados. Esta legislación convierte en permanentes las medidas de emergencia que clasifican todas las variantes del fentanilo como sustancias de la Lista I, es decir, drogas de alto riesgo y sin uso médico reconocido.

El objetivo declarado es combatir la epidemia de sobredosis por opioides sintéticos, que ha cobrado miles de vidas en Estados Unidos. La ley establece penas mínimas de 10 años de prisión para los traficantes y hasta cadena perpetua si el tráfico resulta en la muerte de una persona. Además, impone estas mismas sanciones al comercio internacional, reforzando el control sobre las importaciones y exportaciones.

Sin embargo, hay varios elementos preocupantes. En primer lugar, esta ley no contempla ni un solo centavo, ni una sola medida para el tratamiento de adicciones, la reducción de daños o la salud mental. Endurecer las penas no ha demostrado frenar el tráfico, pero sí ha contribuido al encarcelamiento masivo, especialmente de minorías y personas en situación de vulnerabilidad.

Además, Trump ha vuelto a responsabilizar a México, China y Canadá del flujo de fentanilo y sus precursores. Una acusación que ignora los esfuerzos de México, donde los aseguramientos han aumentado y donde el gobierno sí combate activamente el tráfico. De hecho, México ha demostrado mayor actuación e inteligencia operativa que la propia estrategia estadounidense, que sigue enfocada en el castigo y no en la prevención.

Con esta ley, el mensaje es claro: más cárcel, más castigo, menos salud pública. Pero la evidencia muestra que el origen de la crisis está en la adicción de la gente de Estados Unidos, en un sistema de salud ineficiente y en la falta de regulación farmacéutica durante décadas en ese país. Apostar todo al garrote sin invertir en soluciones de fondo es, una vez más, verborrea punitiva con fines electorales.

Así que mientras se endurecen las penas, el problema sigue creciendo. El combate al fentanilo exige responsabilidad compartida, cooperación internacional y, sobre todo, políticas humanistas, eficaces y prevetnivas

 DIP. DOLORES PADIERNA LUNA

VICEPRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS