LEY GENERAL CONTRA LA EXTORSIÓN: UN PASO DECISIVO POR LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa una transformación profunda en la lucha contra uno de los delitos más extendidos y dañinos para el pueblo de México: la extorsión. Por primera vez, el país contará con una Ley General contra la Extorsión, un marco legal moderno y unificado que busca proteger a las víctimas, sancionar con firmeza a los criminales y reconstruir la tranquilidad de las comunidades.
Un delito que hiere al país entero
La extorsión no distingue clase, oficio ni región. Afecta por igual a comerciantes, agricultores, transportistas, empresarios y familias, desde Chiapas hasta Baja California.
En 2023, se estimaron 4.9 millones de actos de extorsión, con una tasa de 5,213 casos por cada 100 mil habitantes, y pérdidas económicas que superaron los 25,964 millones de pesos, según la COPARMEX.
Detrás de cada cifra hay miedo, violencia y despojo: el 85.6% de los casos ocurre por vía telefónica, y la cifra negra —los delitos no denunciados— alcanza el 97%, un reflejo del terror que sienten las víctimas ante la impunidad.
Un nuevo marco legal unificado
El Código Penal Federal tipifica la extorsión desde 1984 y no ha tenido reformas sustanciales desde 1994. Hoy existen más de 30 definiciones distintas del delito en los códigos estatales, lo que genera dispersión y debilidad institucional.
La nueva Ley General contra la Extorsión propone un solo tipo penal a nivel nacional, una definición clara de las agravantes y sanciones, y el reconocimiento del delito como de alto impacto y prisión preventiva oficiosa, en concordancia con el artículo 19 constitucional.
Reconocimiento integral de las modalidades criminales
Por primera vez, la ley abordará todas las formas modernas de extorsión, desde las llamadas anónimas y los cobros de piso, hasta los esquemas digitales conocidos como “montadeudas”, los “montachoques” o la extorsión bancaria en línea.
Cada modalidad será tipificada y sancionada con precisión, cerrando los espacios de impunidad que hoy aprovechan los grupos criminales.
Del lado de las víctimas, del lado del pueblo
El centro de esta reforma no está en el castigo, sino en la protección de las víctimas. Se establecerán protocolos de atención integral, mecanismos de prevención y denuncia segura, y una coordinación institucional entre Federación, estados y municipios basada en el federalismo cooperativo.
La meta es clara: reducir la cifra negra, prevenir la extorsión telefónica y restablecer la seguridad para el comercio, el empleo y la convivencia social.
Un país sin miedo
Como lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, esta ley es un paso hacia un México donde la extorsión deje de ser un negocio rentable para los delincuentes y se convierta en un delito de alto riesgo y castigo severo.
La aprobación de la Ley General contra la Extorsión representa un acto de justicia y dignidad nacional: proteger la vida, el trabajo y la paz del pueblo de México.
DIP. DOLORES PADIERNA LUNA
VICECOORDINADORA DE ORGANIZACIÓN LEGISLATIVA
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA