PAN ALERTA DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2026 QUE DEBILITARÁN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: "DESMANTELAN EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN MIENTRAS EL HUACHICOL FISCAL SIGUE INTACTO"

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PAN ALERTA DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2026 QUE DEBILITARÁN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: "DESMANTELAN EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN MIENTRAS EL HUACHICOL FISCAL SIGUE INTACTO"

Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), denunció un "plan de desmantelamiento silencioso" de los programas e instituciones contra la corrupción en el país, articulado a través del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026.

El legislador panista fue categórico al señalar que, mientras el país enfrenta actos de corrupción descarada, como el denominado "huachicol fiscal, que costó a los mexicanos 600 mil millones de pesos", las modificaciones al presupuesto 2026 en el denominado Anexo Anticorrupción, están diseñadas para garantizar la opacidad y la impunidad.

1. Este presupuesto está sacrificando el derecho a la información pública:

• El Secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción citó el desmantelamiento del derecho a la información como el primer y más grave atentado.

• Tras la reforma de marzo de 2025 que eliminó al INAI, un órgano constitucional autónomo y contrapeso del Ejecutivo, la nueva autoridad garante federal, "Transparencia para el Pueblo" (un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), ha sido condenada a la inoperancia por estrangulamiento presupuestal.

• El INAI manejó $993 millones en 2025, pero a la nueva institución se le asignan apenas $25 millones en el Ramo 27 para 2026, una diferencia que, a juicio del legislador, es la prueba de la "nula prioridad que se le otorga a la transparencia".

• Ramírez Barba citó a la organización civil Artículo 19, que ha documentado cómo el nuevo organismo desecha el 99.6% de los recursos de revisión por simples fallas de forma, sin implementar mecanismos para subsanar los errores ciudadanos.

• Por ello, el PAN propuso una ampliación de $100 millones para garantizar su adecuada operación, elevando su presupuesto a $125 millones, aunque advirtió que no se espera una corrección a este "atentado contra el derecho a la información".

2. Desmantelamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA):

En su crítica, el diputado Ramírez Barba señaló que el Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) del PPEF 2026 es un engaño. Si bien el monto global etiquetado en estos programas aumenta un 21% (de $7,939 millones a $9,599 millones de pesos), este incremento se utiliza para esconder el desmantelamiento de la capacidad operativa de las instituciones centrales del SNA.

Expertos de FUNDAR e IMCO coinciden en que se trata de más dinero global en el Anexo, pero menos recursos en las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción.

• El caso más grave es la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA), el corazón que articula la política anticorrupción, que sufre un recorte de más del 95% en su presupuesto etiquetado, al pasar de $128.8 millones a solo $6.3 millones de pesos. "¡Ya no hay rectoría en la lucha contra la corrupción!", sentenció el Secretario de la Comisión.

• La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a pesar de haber absorbido las funciones del INAI, ve su presupuesto etiquetado en el anexo reducido en un 32% (de $1,225 millones a $834 millones).

• La Auditoría Superior de la Federación (ASF) sufrirá un recorte de $386.59 millones en términos reales, mientras que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), clave en la sanción de faltas graves, disminuirá sus recursos anticorrupción en un 24%. 

• El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), institución encargada de la sanción de faltas administrativas graves, sufrirá una disminución del 24% en sus recursos etiquetados para el rubro anticorrupción, pasando de 122 millones a $93 millones.

• En la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, su presupuesto se mantiene estancado en $227.7 millones, lo que se traduce en una pérdida de capacidad real debido a la inflación.

3. Nuevo diseño del Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) del PPEF 2026:

El PAN explicó que el incremento nominal del ATA se explica por la inclusión de 16 secretarías y organismos sin una función central en el SNA, generando opacidad y desvío de recursos.

• El legislador puso como ejemplos la asignación de $1,693 millones al ISSSTE y $339.7 millones al IMSS para acciones de "control interno" o la "socialización de su Código de Ética", lo cual calificó como una "simulación de acciones contra la corrupción". Osea que habrá menos fiscalización, menos acceso a la información pública, pero más “códigos de ética”.

• Para dar más ejemplos de esta dispersión, vemos cómo se asignan fondos con propósitos ajenos a la lucha anticorrupción: la Secretaría de Agricultura tendrá 33 millones para supuestamente combatir la corrupción impulsando la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

• La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones recibirá 13 millones de pesos para establecer criterios técnicos para la supervisión arquitectónica y mantenimiento preventivo. ¡No hay lucha contra la corrupción, hay desvíos de recursos!

"No les interesa la transparencia. Quieren seguir ocultando actos descarados de corrupción," aseveró Ramírez Barba, al recordar que, según Transparencia Mexicana, de las 3,350 posibles responsabilidades administrativas iniciadas entre 2017 y 2024, solamente 281 casos (un 8.4%) terminaron en sanción por tribunales administrativos.

En este rediseño del Anexo Anticorrupción, los tres grandes perdedores son: el Sistema Nacional Anticorrupción, el gobierno —al reducir su capacidad real de combate— y, sobre todo, los mexicanos, que seguirán viendo cómo los servidores públicos se enriquecen impunemente a costa del presupuesto público.

El Secretario de la Comisión concluyó que, ante la negativa anticipada a corregir este rumbo, el PAN presentará reservas en el pleno para forzar un rescate presupuestal urgente en la lucha contra la corrupción.