Continúan Foros de Diálogo Nacional sobre las reformas constitucionales enviadas por el Ejecutivo Federal

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Boletín No. 6102

• Diputadas, diputados y especialistas analizan las reformas constitucionales para la libertad

Durante el segundo día de trabajos de los Foros de Diálogo Nacional. Súmate al Debate de las reformas por la Libertad, el Bienestar, la Justicia y la Democracia —organizados por la Jucopo—, con el tema: Reformas Constitucionales para la Libertad, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y PRD manifestaron sus inquietudes respecto a las iniciativas del Ejecutivo Federal, sobre bienestar animal, energía, salarios y pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

El diputado Ignacio Mier Velazco (Morena), integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó “podemos estar satisfechos de que el diálogo que se impulsó desde la Cámara de Diputados puso de manifiesto la interpretación de la realidad de los estudiosos en materia energética, económica, educativa, indigenismo y de bienestar de los animales como seres sintientes y corresponderá a cada diputado fijar una postura desde su propia interpretación de la realidad”. 

La diputada Gabriela Sodi (PRD), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, dijo que en las iniciativas que envió el Ejecutivo Federal en materia de bienestar animal, prohíben su maltrato y obliga al Estado a garantizar su protección y trato adecuado, pero no dejan de ser considerados como mascotas, objetos y talismanes. Por ello, cuestionó sobre cuál es el estado jurídico de los animales en la Carta Magna e insistió en considerarlos como seres sintientes.

Por su parte, la diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señaló que la aprobación de estas reformas será un paso fundamental para la protección animal y poner alto definitivo a los actos de crueldad. Destacó la importancia de conocer los elementos técnicos a tomar en cuenta para construir el concepto de maltrato animal que debe ser considerado en la reforma Constitucional y la legislación secundaria. 

A su vez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) explicó que con la sentencia de los ministros sobre la reforma eléctrica quedó como se encontraba en 2013, por lo que es fundamental conocer de qué manera opera la Comisión Federal de Electricidad (CFE), toda vez que este órgano no debe tener como divisa la productividad, la ganancia y el esquema de costo beneficio, sino provocar bienestar en la población.

Del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell señaló que las empresas del Estado deben ser productivas y tener buenas prácticas, Cuestionó “por qué debe prevalecer CFE sin importar si es la más eficiente o no, si es capaz de producir a mejor precio o no, o si es capaz de garantizar la generación y desaparecer la Comisión Reguladora de Energía”.

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Carlos Madrazo Limón destacó que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa que es un monopolio en transmisión, distribución y comercialización que pierde dinero, que sólo quiere enfocarse en la construcción de centrales eléctricas y no camina en la dirección de emergías limpias, por lo que es fundamental que compita y dé un bajo costo a la ciudadanía 

La diputada del PRI, Eufrosina Cruz Mendoza, manifestó que las reformas al 2° constitucional deben garantizar la consulta real a los 68 pueblos originarios y afromexicanos, toda vez que lo que no se nombra no existe. Asimismo, indicó que es preciso analizar si la autodeterminación está por encima de la paridad, ya que los grupos indígenas argumentan que este término llegó después.

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos, cuestionó si la propuesta del Ejecutivo sobre el artículo 2° constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, personalidad jurídica y patrimonio propios, es una propuesta electoral o si cumple con una de las deudas históricas del Estado con los pueblos indígenas.

La diputada Margarita García García (PT) dijo que las reformas propuestas al artículo 123 de la Constitución Política terminan con la deuda histórica en el tema de salarios mínimos de enfermeras, policías, maestros, y otras profesiones que han sido marginadas y olvidadas. 

En tanto, el diputado Iran Santiago Manuel (Morena) planteó que se deben generar mecanismos para que el salario entre las y los trabajadores que cotizan al IMSS y el ISSSTE sea asimilado, ya que existe una diferencia abismal. 

La presidenta de la Comisión de Reforma- Política-electoral, Graciela Sánchez Ortiz (Morena), se pronunció porque nunca más lo salarios tengan aumento por debajo de inflación. Añadió que las reformas propuestas brindan la justicia social ante medidas tomadas en los últimos 30 años que no consideraron un incremento justo a los trabajadores, ya que generaron desigualdad, pobreza, inseguridad y la expulsión de mexicanos al extranjero. 

Participación de especialistas

Dulce Ramírez, directora ejecutiva de México y vicepresidenta para Latinoamérica de “Igualdad Animal”, pidió que se apruebe la reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a legislar en materia de bienestar animal. Dijo que la pertenencia a otra especie no es razón válida para excluirlos de la moral y el derecho; por ello, se deben incorporar a la Constitución Política disposiciones para proteger, respetar, promover y garantizar el bienestar de los animales y sancionar la crueldad animal. “No podemos seguir ignorando la urgente necesidad de reconocer su sintiencia”. 

Expresó que en las dos cámaras del Congreso hay iniciativas de protección animal, además del paquete del Ejecutivo Federal, “y eso es por la sociedad civil que demanda esos cambios”. Vengo a representar a los animales, subrayó, y es muy importante buscar su beneficio a partir de las comisiones que tienen una gran responsabilidad para revisar exhaustivamente la evidencia científica y los avances en los estados y otras partes mundo. 

Por su parte, el investigador del centro de investigaciones de prospectiva y altos estudios, Luis Benavides Ilizaliturri, se pronunció por que los pueblos originarios tengan un futuro en el que gocen de libertad e independencia y propuso apoyarlos motodológicamente para que, mediante una real y amplia participación social, sean ellos quienes labren el porvenir de sus nietos, sus lenguas sus familias, sus esparcimientos, su gobierno, su entorno y su comunidad.

Expresó que los pueblos indígenas tienen mucho que dar, pero no los hemos dejado porque los seguimos controlando. “Debemos dejar que ellos sean los que se expresen y sean dueños de su futuro, porque ellos así lo decidan, no porque desde leyes o intentos normativos se les dicte qué ser y cómo ser” 

Añadió que las acciones que se hagan en favor de los pueblos indígenas u otros segmentos no deben considerarse como pago de deudas. “Lo que debemos hacer es reparar lo que sea necesario en la circunstancia actual. No se va a cambiar la realidad, pero se abrirán espacios de nuevos comportamientos, de acuerdo a la realidad”. 

Daniel Martínez Cunill, analista especializado en Política de América Latina y el Caribe, expuso que la iniciativa de salarios e inflación debe verse como una inversión estratégica; por ello, planteó que las remuneraciones sean similares y equitativas para que haya una estabilidad económica y paz social en el país.

Enfatizó que el tema salarial requiere de un diálogo cercano entre gobierno y empresas productivas. Apuntó que la reforma que se analiza busca beneficiar a 1.5 de cada 10 trabajadores, lo cual va más allá de la institución a donde coticen. Comentó que hay naciones que han tomado medidas compensatorias para que el impacto presupuestal no se cargue en los patrones, a través de subsidio al transporte o excepción de impuesto a quienes ganen menos de 500 dólares.

Detalló que la propuesta del Ejecutivo promueve que haya un salario digno, de acuerdo con las condiciones económicas; además, el poder adquisitivo de la ciudadanía no estará en peligro como lo ha estado en el periodo neoliberal. Agregó que en el Continente Americano el salario perdió entre el 50 y el 70 por ciento de su valor adquisitivo en la última década. 

Juan Antonio Fernández Correa, director corporativo de Planeación Estratégica de Comisión Federal de Electricidad (CFE), mencionó que el sistema eléctrico es complejo y requiere una matriz diversificada para mitigar los riesgos en su operación y con ello brindar eficiencia en el servicio. Aclaró que la iniciativa en la materia no regresa al esquema previo del 2013, se respeta la participación de generadores privados, pero se precisa que no tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado.

Destacó que en esta iniciativa no se toca y agrede ninguna facultad de los generadores, sino se concentra en retomar la responsabilidad de una empresa de beneficio social que privilegia a los menos afortunados y permita tomar el control técnico del sistema eléctrico y lograr garantizar la continuidad del suministro, la confiabilidad en el sistema y la suficiencia al mínimo costo.

Agregó que la iniciativa no trastoca al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, el cual, de 2019 a 2023 permitió la construcción de 14 mil 484 obras de electrificación para beneficiar a un millón 125 mil habitantes, y para 2024 se proyectan ocho mil 152 obras con una inversión de 5 mil 501 millones de pesos.  

Los foros, organizados por la Jucopo, continuarán la próxima semana para abordar el tema de Bienestar.

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