El diputado federal Francisco Pelayo Covarrubias (PAN) dio a conocer recientemente que solicitó a la dirección de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) la liberación de la caseta de cobro en San José del Cabo, durante las horas pico. Esto en respuesta a las complicaciones de movilidad en la carretera transpeninsular, luego del inicio de la construcción del paso inferior de la Glorieta Fonatur. Cabe recordar que la misma solicitud ya se habría hecho por parte del gobierno municipal y de la misma Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), además de la Subsecretaría de Protección Civil Estatal. "Esta solicitud nace del sentir profundo de muchas familias que, día con día, enfrentan largas filas, tráfico intenso y tiempos de espera agotadores por las obras de modernización en el Circuito Los Cabos. Lo que estamos pidiendo es algo simple, pero justo: que mientras duren los trabajos, se permita el libre paso en ciertos horarios clave, como una manera de aliviar una carga que ya pesa demasiado en la vida diaria de quienes viven, trabajan y se mueven por esta región", señaló el legislador.
Ir a la notaEl legislador federal Ricardo Mejía Berdeja advirtió que los estados gobernados por la oposición enfrentan una creciente inconformidad ciudadana ante hechos graves de corrupción que van desde el robo sistemático de combustible hasta el funcionamiento de redes vinculadas al cartel inmobiliario; “esta situación va a derivar en un giro electoral en las elecciones intermedias de 2027”. Mejía Berdeja, legislador federal por el Partido del Trabajo (PT) afirmó que la población está harta de gobiernos que simulan orden y seguridad mientras encubren actividades criminales. Señaló que en gobiernos como el de Coahuila, Chihuahua o Guanajuato, la corrupción ha alcanzado niveles preocupantes, particularmente en lo relacionado con la extracción ilegal de combustible, mejor conocido como el “huachicol”, y el tráfico de sustancias ilícitas.
Ir a la notaEl diputado Gerardo Olivares Mejía (PT) impulsa una iniciativa para que las personas trabajadoras del Estado activas al momento de la reforma de 2007, cuando cumplan 30 años de cotizaciones los hombres y 28 años las mujeres, la edad mínima para obtener la jubilación sea de 52 y 50 años, respectivamente. La propuesta de reforma es al artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007. El documento, turnado a la Comisión de Seguridad Social, plantea modificar la tabla contenida en dicho artículo que establece actualmente el requisito de la edad mínima, que se eleva cada año hasta alcanzar los 60 años en el caso de los hombres y 58 años de las mujeres. El objetivo, argumenta, es recuperar las condiciones y requisitos de jubilación vigentes al momento de la reforma de 2007, que cambió el régimen de pensiones en perjuicio de los trabajadores.
Ir a la notaLa legisladora priísta Socorro Jasso Nieto presentó una iniciativa a fin de modificar el Código Penal Federal, adicionando el artículo 387 Bis, en materia de oferta laboral fraudulenta, por medio de páginas de internet, redes sociales, plataformas digitales, servicios de mensajería instantánea o cualquier otro medio electrónico. La iniciativa plantea una pena de 5 a 10 años de prisión y una multa de 300 a 800 Unidades de Medida y Actualización, dependiendo de la gravedad del daño. Jasso explicó que, en los últimos años, la tecnología ha evolucionado y la información se ha transformado en las dinámicas del mercado laboral, aprovechado por actores mal intencionados para efectuar fraude laboral, engaños, extorsiones, robo de datos personales y delitos más graves como la trata de personas.
Ir a la notaPara que las entidades del Sistema Nacional de Salud establezcan protocolos de seguridad hospitalaria obligatorios para evitar el robo o la sustracción de recién nacidos, los cuales incluyan medidas como la trazabilidad biométrica entre madre e hijo, control de accesos, videovigilancia y activación inmediata del “Código Rosa”, la diputada Ana Isabel González González (PRI) impulsa una iniciativa. El documento, que adiciona un segundo párrafo del artículo 64 Bis de la Ley General de Salud, expone que el propósito fundamental es señalar la obligatoriedad y la implementación de filtros de seguridad en todas las instituciones de salud en México, así como la creación de protocolos estandarizados que prevengan la sustracción de recién nacidos.
Ir a la notaEl lunes 21 de julio, el priista Mario Zamora Gastélum revivió la polémica sobre si la prostitución debe considerarse como un trabajo informal, al insistir en su propuesta para agregar el "trabajo sexual" en la Ley Federal del Trabajo. Esa misma iniciativa la propuso en mayo pasado, según se lee en la gaceta parlamentaria, y hoy otra vez la difundió como nueva, pero en la Cámara de Diputados nadie sabe quién la discutirá y si logrará un diputado. Zamora, como diputado federal, hoy suma su iniciativa a otras seis en el mismo sentido que se han presentado entre 2019 y 2025. Ninguna de ellas ha prosperado. Sin embargo, esta se inscribe en un contexto internacional, con el mensaje que el 2 de junio envió la Organización de los Estados Americanos (OEA), al llamar urgentemente a los Estados en América Latina para que reconozcan, legalicen y regulen el trabajo sexual como una actividad laboral legítima, donde, dice, el fin es garantizar los derechos humanos, la dignidad y la protección de quienes lo ejercen.
Ir a la notaEn México, cuando hablamos de carreteras, casi siempre pensamos en desarrollo, conectividad y crecimiento económico. Y claro, nadie duda de que las autopistas ayudan a mover productos, personas y oportunidades. Pero hay una cara que no siempre se ve: muchas veces, esos mismos caminos que nos acercan, también destruyen lo que está a su paso. Esa es la preocupación que llevó al diputado Tecutli Gómez Villalobos, de Movimiento Ciudadano, a presentar una iniciativa que busca un cambio de fondo en cómo se construyen las carreteras federales. ¿La idea? Que ya no sea opcional cuidar el medio ambiente, sino una obligación legal.
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