La diputada Yolanda De la Torre Valdez (PRI) propuso adicionar la Constitución Política, con el objetivo de instituir que el Estado deberá establecer el principio de accesibilidad como base de conducción en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. La iniciativa, que plantea adicionar un párrafo al artículo 4º de la Carta Magna y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, sostiene que, en el marco de la construcción de una sociedad inclusiva y equitativa, la adopción del principio de accesibilidad en la toma de decisiones públicas por parte del Estado se erige como una necesidad imperativa. Este precepto, indica, busca garantizar que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan participar plena y efectivamente en todos los ámbitos de la vida pública y política.
Ir a la notaLas heridas se suceden en una democracia que, desde hace décadas en la fundación del PRI en 1929, perdió el respeto de la clase política que desde las lógicas del antiguo régimen pretende burlar los principios de legitimidad y credibilidad social. La eternización en el control del Partido Revolucionario Institucional, desde un autoritarismo de cúpula de una reelección con matiz de cesarismo político de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano en su dirigencia, es un trazo de evidencia de las viejas prácticas políticas que no distinguen o avizoran ningún cambio en las lógicas de conducción para democratizar al PRI.
Ir a la notaLa diputada de Movimiento Ciudadano, Taygete Irisay Rodríguez González, propuso modificar el Código Civil Federal, a fin de eliminar las restricciones de tiempo para contraer matrimonio y para divorciarse, así como reemplazar el término “hijo ilegítimo” por el de “hijo concebido fuera del matrimonio”. Lo anterior, mediante una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 267, 274, 276 y 289 de dicho ordenamiento, misma que fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.
Ir a la notaEl diputado Rodolfo Cardona Pérez (PT) presentó una iniciativa que modifica los artículos 91 y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de establecer un plazo máximo de 365 días naturales para finalizar una investigación cuando exista una denuncia por presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por servidores públicos o particulares. Instituye que una vez que inicie formalmente la investigación, es decir, que se le haya notificado al denunciante, al área interna o a la autoridad gubernamental o externa que practicó la auditoría al inicio de la investigación, la autoridad investigadora tendrá como plazo máximo 365 días naturales para finalizar la investigación correspondiente
Ir a la notaLa diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) impulsa una iniciativa en materia de cuidado de animales de compañía, con la finalidad de contemplar en la ley que, en caso de perros y gatos, solo se podrán comercializar ejemplares que cuenten obligatoriamente con tratamientos veterinarios requeridos de vacunación y esterilización. El documento, turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, propone reformar el párrafo séptimo del artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En su exposición de motivos señala que cada vez hay más familias que se dedican a la crianza y reproducción de estas especies sin el control y conocimiento adecuado.
Ir a la notaCon el objetivo de que los estacionamientos tengan destinada una superficie para áreas verdes, la diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) planteó adicionar una fracción XXVI al artículo 10 la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Propone establecer que corresponderá a las entidades federativas emitir disposiciones normativas, con la finalidad de establecer la obligatoriedad de que los estacionamientos públicos y privados de superficie, entendidos como aquellos que cuentan con una sola planta, deberán contar con cuando menos 10 por ciento de su superficie total destinado para áreas verdes.
Ir a la notaAlrededor de mil 719 juzgadores federales del país, de los 931 órganos jurisdiccionales, además de secretarias y secretarios en funciones de juez, votarán este lunes si están de acuerdo o no en suspender temporalmente labores, a partir del primer minuto del próximo miércoles 21 de agosto, debido a la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que se discute en la Cámara de Diputados. La votación fue propuesta por la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), y se llevará a través de correo electrónico; dará inició a las nueve de la mañana y concluirá a las ocho de la noche.
Ir a la notaEl dictamen de reforma judicial de Morena y sus aliados obliga los 11 Ministros en funciones de la Suprema Corte de Justicia a decidir si renuncian a más tardar a finales de octubre, pero si quieren cobrar su haber de retiro, tendrían que seguir en el cargo hasta el 31 de agosto de 2025. Luego de dos días de revisión del dictamen que discutirá la Cámara de Diputados, fuentes de la Corte explicaron que el artículo séptimo transitorio está diseñado para obligar a los Ministros y Ministras a seguir laborando durante 2025, de tal forma que el tribunal no se quede sin los integrantes necesarios para operar mientras se lleva a cabo la elección judicial en junio.
Ir a la notaEl diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, confió que el Instituto Nacional Electoral (INE) actuará en estricto apego a la ley para la asignación de candidaturas por representación proporcional. “Vivimos en un Estado de derecho. Insistentemente, los partidos de oposición a nosotros han manifestado que se respete la ley, que haya estricto apego a la ley; pues nosotros le pedimos al INE que se apegue a la ley”. Nacho Mier subrayó que ley vigente fue avalada en las anteriores legislaturas donde era mayoría el PRI y el PAN y ellos en ese momento decidieron que fuera así.
Ir a la notaEl Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los organismos que lo integran, hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que realicen la asignación de las diputaciones plurinominales mediante una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución y a la voluntad del pueblo mexicano. “La representación proporcional constituye un mecanismo para hacer vigente el pluralismo político y que las minorías estén debidamente representadas en el seno legislativo”, señaló el CCE en un comunicado. En este sentido, "nuestra Constitución establece, en su artículo 54, que ningún partido puede tener una sobrerrepresentación en el Congreso mayor al ocho por ciento respecto de los votos obtenidos en las urnas, ni contar con más de 300 diputados en total", indicó.
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