Las diputadas y los diputados federales del PAN por Michoacán reprobaron la violencia y la inseguridad imparable que se vive en el estado, luego de los hechos registrados este viernes, donde el legislador federal Enrique Godínez del Río fue víctima de un asalto a mano armada en un comercio ubicado en el municipio de Jacona. Michoacán es el peor evaluado en seguridad y democracia. Comando asalta a trabajadores y familias en hospital de Michoacán“ Es lamentable que como ciudadanos no podemos salir a nuestras calles. Hoy nuestro compañero, Enrique Godínez fue una víctima más de la violencia que se vive en Michoacán. Ya no estamos seguros, esto puede ocurrirnos a todos porque no hay una estrategia para contrarrestar los delitos en el estado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo así?”, señalaron los integrantes del Grupo Parlamentario en un comunicado. Ante esta situación, los panistas exhortaron a los gobiernos Federal y estatal a dar atención a la problemática que se vive en todo el estado y revisar la estrategia de seguridad, la cual argumentaron claramente no está funcionando.
Ir a la notaA fin de castigar hasta con 30 años de prisión a quien manipule o altere infraestructura de almacenamiento y distribución de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin consentimiento, el diputado Gerardo Peña Flores (PAN) propuso adicionar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. La adición de la fracción III al artículo 8 de dicha norma plantea sancionar de 20 a 30 años de prisión y multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien manipule, interfiera o altere las válvulas, equipos o cualquier otra infraestructura de instalaciones que almacenen, distribuyan o administren hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin el consentimiento explícito de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. El documento, turnado a la Comisión de Justicia, con opinión de la de Energía, estima que fijar penas más severas para la intervención o daño de la infraestructura, puede ayudar a proteger la seguridad energética porque desalienta a las personas y organizaciones de participar en estas actividades ilegales. También, puede permitir a los gobiernos recuperar de manera más rápida los costos de las reparaciones y las pérdidas económicas resultantes de estos actos.
Ir a la notaEn un esfuerzo por establecer la colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en las tareas de ubicación de personas migrantes, tanto nacionales como extranjeros, la diputada de Morena, Nelly Minerva Carrasco Godínez, ha presentado una propuesta de reforma a la Ley de Migración en México. La diputada destaca que aquellos que viajan solos se encuentran en situaciones complejas debido a la carencia de medios para mantener contacto con sus familiares. Esto es particularmente problemático para los migrantes extranjeros, ya que a menudo carecen de la posibilidad de que sus parientes ingresen al país y reporten la desaparición de alguien. De este modo, Carrasco Godínez subrayó que México actúa como país de origen, tránsito y destino para la migración, y en los últimos cinco años ha experimentado flujos notables y masivos conocidos como "caravanas".
Ir a la notaDe mano de la gobernadora Mara Lezama Espinosa mil 964 mujeres recibieron la Tarjeta de Apoyo Mujer es Poder, con la que se busca empoderarlas, transformar su condición social, así como prevenir, atender y erradicar la violencia de género. Acompañaron en este evento, los diputados federales, Anahí González Hernández y Alberto Batún Chulim; el director de la Fundación de Parques y Museos, José Luis Chacón Méndez; el presidente de la junta de Gobierno del Congreso del Estado, Renán Sánchez Tajonar; la directora del DIF, Abril Sabido Alcérreca y la coordinadora del Programa Mujer Es Poder, Jimena Lasa Aguilar.
Ir a la notaLa diputada Ana Laura Huerta Valdovinos (PVEM) propuso establecer penas de dos a ocho años de prisión a quien realice actos de tortura, maltrato o crueldad en contra de un animal de cualquier especie que no constituya plaga. De manera específica, señaló, en casos de mutilación, intervención quirúrgica, experimentación científica, abandono, sufrimiento por actos perversos o de diversión, peleas de perros, se les exponga en sitios que perjudiquen su salud o pongan en peligro su vida y por envenenamiento. En un comunicado, sostuvo que la propuesta de reforma al artículo 429 Bis del Código Penal Federal tiene la finalidad de castigar de forma ejemplar a toda persona que cometa este tipo de actos de crueldad que se realizan con dolo y provocan sufrimiento, estrés y hasta la muerte de perros y gatos que no tienen asegurado su bienestar, tomando en cuenta el ambiente que viven alrededor del ser humano.
Ir a la notaLa diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) presentó una iniciativa que reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que las guarderías o estancias infantiles privadas tengan el mismo carácter fiscal que el que reciben los pagos por servicios educativos, como son las colegiaturas, a fin de que puedan ser deducibles de impuestos. En un comunicado, precisó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) 2017, de los 14 millones de niñas y niños de 0 a 6 años, 3.1por ciento son atendidos por una estancia infantil pública y el 11por ciento en una de carácter privado, que representan 571 mil 594 menores inscritos en una guardería. “Resulta fundamental garantizar que las niñas y niños, en etapa de la primera infancia, reciban la atención, el cuidado y los aprendizajes que requieren para lograr su óptimo desarrollo. «Con este tipo de incentivos fiscales apoyamos a las madres y padres de familia que por diversas causas deben dejar a los menores en estos espacios mientras trabajan”, argumentó.
Ir a la notaEn la inauguración del “Foro Movilidad y Accesibilidad en el Transporte Público de Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores”, el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), consideró urgente que la infraestructura, tanto pública como privada, sea adaptada y favorezca las necesidades de movilidad de personas con discapacidad, toda vez que existen construcciones que no las contemplan. El presidente de la Comisión de Infraestructura sostuvo que en nuestro país existen inmuebles que carecen de estructuras que beneficien a este grupo, como escuelas primarias, secundarias y bachilleratos de México que no contemplan en sus inmuebles características que ayuden a este sector, por lo que exhortó a las universidades a enseñar a alumnos para que construyan e innoven con una visión incluyente.
Ir a la notaLa diputada María de Jesús Páez Güereca, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), lamentó que, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en México el 94.4% de las personas con discapacidad han sufrido algún tipo de discriminación. “Además, el 60% de la población con discapacidad se encuentra en los niveles más bajos del ingreso de los hogares del país, lo que muestra la grave vulnerabilidad en que vive este grupo social”, recalcó. La petista señaló que por años este sector ha enfrentado limitaciones y desventajas para acceder a la educación, al empleo, a la protección social, a la salud, a la cultura, a los medios de transporte, a la vida política, así como a ejercer otros derechos básicos. “Esta problemática se agudiza y profundiza ante la falta de espacios incluyentes que les permitan ser la voz de sus propias necesidades”.
Ir a la notaLa diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) propuso reformar el quinto párrafo del artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política para trasladar al ámbito de la Fiscalía General de la Republica (FGR) la materia de los delitos ambientales. La reforma busca adicionar a la FGR la competencia en materia ambiental, para quedar establecido que “contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, ambientales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos libremente por el Fiscal General de la República”. En su exposición de motivos, la legisladora señala que en la actualidad la materia de los delitos ambientales le corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero ésta “emite recomendaciones públicas, autónomas y no vinculatorias”, aun cuando el Código Penal Federal incluye delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
Ir a la notaEl diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) respaldó las demandas de las y los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), quienes exigen aumento salarial y mejores condiciones laborales. En rueda de prensa adelantó que el Grupo Parlamentario del PRD generará un punto de acuerdo para lograr abrir puentes de negociaciones con la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas para resolver el conflicto laboral.
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