Este domingo, las Comisiones Unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, realizaron en San Luis Potosí la Asamblea Regional para el proceso de Consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada en materia de educación indígena, ante el requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de llevarlo a cabo. Al respecto, el diputado Pablo Gil Delgado Ventura (MC), secretario de la Comisión de Educación, afirmó que, de acuerdo con el Censo de 2020 del INEGI, en México existen 23.2 millones de personas de tres años y más que se autoidentifican como indígenas, pero sólo 7.3 millones hablan alguna lengua. Lo anterior, indicó, es un claro reflejo de un abandono institucional y de la implementación de políticas públicas que durante décadas han padecido estas comunidades, que han significado barreras para preservar el número de hablantes de lenguas indígenas.
Ir a la notaCon el objetivo de garantizar que adolescentes y jóvenes accedan de forma gratuita a anticonceptivos y crear políticas públicas encaminadas a la promoción de la educación sexual y reproductiva, el diputado Jorge Álvarez Máynez (MC) propuso reformar la Ley General de Salud. Los cambios a diversos artículos de dicha norma legal establecen que, tratándose de la salud sexual y reproductiva de personas adolescentes y jóvenes, el Estado deberá garantizar el otorgamiento de anticonceptivos de manera gratuita, mediante la colaboración y coordinación con los distintos niveles de gobierno, estableciendo para ello las campañas necesarias a efecto de lograr su distribución. Además, que sea materia de salubridad general la organización y coordinación de la prestación de servicios de atención, programas de información y entrega de anticonceptivos de manera gratuita a las personas adolescentes y jóvenes.
Ir a la notaLa Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Congreso del Estado, que preside la diputada Norma Sirley Reyes Cabrera, avaló una respuesta a un oficio ciudadano donde se refrenda el compromiso del Poder Legislativo para la realización del proceso de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a los Pueblos y Comunidades Indígenas de la entidad, para fortalecer el trabajo legislativo.
Ir a la notaMorena echó a andar su "Plan C" para quedarse con la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). En la quinteta de mujeres para presidir el instituto, la cual se dio a conocer ayer, se concentraron los perfiles de cuatro aspirantes vinculadas a la Cuarta Transformación (4T). Sin embargo, esa quinteta no se aprobó por unanimidad de los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación. Bertha María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Iulisca Zircey Bautista Arreola y Guadalupe Taddei Zavala son las cuatro candidatas cercanas a la 4T que están en la quinteta para la presidencia del INE. Son a la vez cuatro de los seis candidatos contra los que Maite Azuela, integrante del Comité Evaluador, emitió un voto particular en contra al considerar que se trata de perfiles ligados al actual Gobierno federal.
Ir a la notaEste sábado tocó el turno al estado de Jalisco para realizar las Asambleas Regionales para la Consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada en materia de educación indígena, convocada por las Comisiones Unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados. Lo anterior, con base a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que exhorta al Congreso de la Unión a que lleve a cabo estas consultas. La diputada de Morena, Luz Adriana Candelario Figueroa, integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, afirmó que por más de 500 años los pueblos indígenas han librado una batalla contra el despojo y la discriminación, pero han demostrado ser guerreros, valiosos defensores de su raíz y por eso es necesario trabajar para transformar la vida de todas y todos los mexicanos, y lograr la igualdad y la justicia social.
Ir a la notaLa diputada Yessenia Leticia Olua González (Morena) propuso catalogar como un tipo de violencia contra la mujer, la ciberviolencia y definirla como cualquier acto que, de forma individual o grupal, tiene como fin dañar o molestar a una mujer mediante el uso de tecnologías de información y comunicación, específicamente el Internet. En la iniciativa, enviada a la Comisión de Igualdad de Género, que adiciona los articulo 6 y 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, expone que la ciberviolencia podrá constituirse en un tipo de delito que puede derivar en daños morales, psicológicos, económicos e incluso llevar al suicidio, y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. También, propone establecer coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los municipios, las instituciones impartidoras de justicia y los institutos o secretarías de la mujer, con el fin de lograr en la mujer una pronta recuperación física, social y psicológica del daño causado por la violencia familiar.
Ir a la notaEl diputado Miguel Ángel Varela Pinedo (PAN) y legisladores integrantes de su grupo parlamentario promueven reformas en materia de desaparición de personas. La iniciativa plantea modificar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para establecer que la divulgación que hagan o soliciten las autoridades responsables en cualquier medio de comunicación sobre la información de una persona menor de 18 años edad desaparecida o no localizada, se hará siempre respetando sus derechos humanos de la niña y del niño, evitando su revictimización. Además, señala que se impondrá pena de dos a siete años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que actúe de manera negligente o incumpla cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, en la investigación ministerial, pericial y policial, así como en los procedimientos establecidos en los protocolos correspondientes.
Ir a la notaEn el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) informó que impulsa iniciativas para contribuir en los esfuerzos por la conservación del agua.
Ir a la notaEs absolutamente reprobable que varias propuestas del Comité Técnico de Evaluación para Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), estén estrechamente ligadas al gobierno y a Morena, afirmó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien señaló que sólo por esa razón se debió declarar la no idoneidad de varios de esos perfiles. “Por el bien de México y nuestra democracia, para asegurar elecciones libres y creíbles, el Partido Acción Nacional demanda a la Cámara de Diputados, que en la última etapa legitime el proceso de selección de la Presidenta y de tres consejeros del INE, porque cada día resulta más sospechoso que varios personajes morenistas, sin ser expertos en materia electoral, hayan sacado las mejores calificaciones y posteriormente hayan avanzado a la última etapa, cuando, por sus evidentes vínculos con el gobierno y con el partido de Morena, el Comité Técnico de Evaluación tuvo que haber declarado su no idoneidad”, advirtió en un comunicado.
Ir a la notaAnte las estimaciones de que el 50 por ciento de medicinas tienen una prescripción y venta inadecuada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa que impulsó la diputada federal Frinné Azuara Yarzábal, a fin de incorporar entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud el uso racional de medicamentos en los establecimientos y unidades médicas, así como la promoción e impulso de programas y acciones para este fin. En la fundamentación, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI especificó que con esta propuesta pretende una adecuada prescripción médica, incorporar a licenciados en farmacias y otros profesionales en las unidades médicas donde haga falta y de manera gradual. Para complementar estas acciones, también propone impulsar la administración por dosis unitarias en las unidades hospitalarias, reducir mediante la profesionalización de los servicios de farmacia los eventos adversos y atender las recomendaciones internacionales en relación con el uso de antibióticos.
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