Nota N°. 3970
Busca Pedro David Ortega Fonseca garantizar derechos de personas con discapacidad recluidas en centros penitenciarios
• Se trata de adicionar el artículo 35 Bis de Ley Nacional de Ejecución Penal para establecer que la autoridad penitenciaria debe adoptar las medidas necesarias en favor de los derechos de este sector en los penales, señala el diputado de Morena
Palacio Legislativo, 24-09-2022 (Notilegis).- El diputado Pedro David Ortega Fonseca (Morena) propuso modificar la Ley Nacional de Ejecución Penal para que las personas con discapacidad privadas de la libertad puedan ejercer plenamente sus derechos de manera efectiva.
A través de un comunicado, el legislador expresó que se trata de adicionar el artículo 35 Bis a este marco jurídico para establecer que la autoridad penitenciaria debe adoptar las medidas necesarias en favor de los derechos de este sector recluido en los penales.
Señaló que se busca que la ubicación y las instalaciones destinadas a las personas con discapacidad cuenten con elementos de accesibilidad, identificando y eliminando los obstáculos y barreras de acceso.
También se pretende establecer los mecanismos necesarios para que puedan acceder a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, que facilite su formación y desarrollo académico.
Además, se deberá promover un entorno favorable en materia de salud, bienestar y autonomía, a fin de prevenir casos de explotación, violencia y abuso; así como generar las oportunidades de empleo y laborales en condiciones justas, seguras, saludables y asequibles, que permitan su desarrollo pleno.
El parlamentario afirmó que “el contexto en el que se desenvuelven las personas con discapacidad privadas de su libertad es altamente vulnerable y están propensas a sufrir formas agraviadas e inespecíficas de discriminación”.
Informó que, de acuerdo con la Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito, las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en la sociedad se magnifican en la presión, dada la naturaleza y el entorno de la reclusión, restricción y la violencia resultante de la sobrepoblación y la falta de una correcta diferenciación y supervisión del preso, entre muchas más.
Señaló que, en México, según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a finales de 2021 había 219 mil a 27 personas recluidas en todos los centros penitenciarios del país, con un total de 9 mil 461 personas con discapacidad.
Aseveró que de cada 10 cárceles estatales y federales solo tres tienen espacios adaptados, lo que evidencia el rezago existente en el sistema penitenciario mexicano en la atención a las personas con discapacidad.
Además, señaló que, en el caso de los penales federales conocidos como Centros Federales de Readaptación Social, ninguno de los 15 que hay en México está adaptado para las personas con discapacidad, a pesar de que en ellos viven más de 3 mil en esta condición.
Manifestó que la iniciativa se presentó evocando la obligación del Estado mexicano de generar las acciones correspondientes para asegurar el goce y disfrute de los derechos humanos de este rubro poblacional al interior de los centros penitenciarios.
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