Mejía Berdeja exige justicia y que no haya impunidad por el desplome de la mina “El Pinabete”, donde murieron 10 trabajadores


Nota No. 2857

Mejía Berdeja exige justicia y que no haya impunidad por el desplome de la mina “El Pinabete”, donde murieron 10 trabajadores


Palacio Legislativo de San Lázaro, 30-10-2025.-El diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) exigió justicia y que no haya impunidad por el desplome de la mina “El Pinabete”, ocurrida el 3 de agosto de 2022, en Sabinas, Coahuila, hace más de tres años, en el que murieron 10 mineros.

En conferencia de prensa, acompañado de viudas y familiares de las víctimas, dijo que se trata de un acto de impunidad, porque a más de tres años del accidente la carpeta de investigación por homicidio, que lleva la Fiscalía de Coahuila, no ha sido judicializada.


“Es inaudito que las empresas vinculadas de ‘El Pinabete’ hoy reciban contratos de carbón (…) Aquí hay una total impunidad, y no sólo hay impunidad para quienes están involucrados en los hechos, sino que además son premiados con contratos en la última asignación de la Comisión Federal de Electricidad”, denunció.

Mejía Berdeja señaló a Régulo Zapata Morales como uno de los principales responsables del caso, y precisó que la empresa Comercializaciones Industriales Dizna, presuntamente relacionada con él, recibió más de 420 mil toneladas de carbón por un monto superior a 642 millones de pesos.

El diputado recordó que el Gobierno Federal invirtió más de 2 mil 200 millones de pesos para las labores de rescate de los cuerpos, que tardaron más de un año en concluir; sin embargo, ninguna autoridad ha fincado responsabilidades penales, y reiteró que desde la Cámara de Diputados se mantendrá la exigencia de justicia.

“No sólo no están en la cárcel los responsables, no solamente el Estado mexicano pagó más de 2 mil 200 millones para recuperar los cuerpos, sino encima de ello todavía les dan contratos”, expresó.

Recordó que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se aprobó la solicitud que planteó a través de un punto de acuerdo para que la FGR acelere las investigaciones federales y subrayó que las familias no han recibido reparación del daño ni apoyo psicológico o económico suficiente.

“Es la Fiscalía de Coahuila la que no actúa, y es la Comisión (Federal de Electricidad) la que permitió que un homicida esté vinculado a contratos nuevos”.

El diputado se comprometió a seguir acompañando a las víctimas y mantener el caso en la agenda legislativa. “Seguiremos en la lucha aquí, acompañando todo aquello que sea para la justicia de la gente y de los coahuilenses”.

Por su parte, Carolina Álvarez Oviedo, viuda de uno de los mineros fallecidos, pidió que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, agilice las diligencias con la Fiscalía del estado y les informe cuánto tiempo tardarán en judicializar el caso, ya que solo recibieron tres semanas de pago después del accidente. “Queremos justicia para nuestros esposos, hijos y padres”.

Relató que desde el accidente han transcurrido más de tres años sin avances en la investigación y sin apoyo económico suficiente.

“Venimos aquí, porque no nos han escuchado, y le agradecemos al diputado Mejía que nos haya abierto las puertas de la Cámara para dar a conocer que estamos buscando la justicia desde hace tres años, desde que pasó el accidente, porque son muchas consecuencias que traemos nosotras y nuestros hijos, y que no se ha dado solución o judicializado”, expuso.

Denunció que el secretario del ayuntamiento de Sabinas, quien era representante legal de una de las empresas vinculadas al caso, se deslindó del apoyo a las familias tras los primeros tres pagos semanales, dejando en el abandono a las víctimas.

A su vez, el abogado Juan Héctor Rico González explicó que la carpeta de investigación lleva más de tres años sin judicializarse y que existe protección política hacia los presuntos responsables. Por ello, solicitó la intervención de la Cámara de Diputados para “poder sacar adelante este asunto y no pase a ser uno de los más casos relevantes impunes en Coahuila.

“La Fiscalía de Coahuila no ha hecho nada. Están protegiendo al señor Régulo Zapata, al alcalde y al secretario del Ayuntamiento de Sabinas. La carpeta está archivada”.

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