PAN solicitará a la Comisión de Recursos Hidráulicos aplazar discusión de Ley de Aguas para encontrar coincidencia con sectores afectados

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Nota No. 3027

PAN solicitará a la Comisión de Recursos Hidráulicos aplazar discusión de Ley de Aguas para encontrar coincidencia con sectores afectados

• Diputadas y diputados de la bancada informan que la nueva norma lleva más de 90 correcciones

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 02-12-2025.- Diputadas y diputados del PAN, integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, encabezados por su vicecoordinadora Noemí Berenice Luna Ayala, informaron que las reformas a la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales que pretende realizar el Ejecutivo federal, lleva más de 90 correcciones, por lo que solicitarán el aplazamiento de su discusión para encontrar coincidencias con los sectores afectados.

 

En conferencia de prensa, Luna Ayala señaló que la “nociva” reforma en la Comisión lleva más de 90 parches, “eso nos da a entender lo mal planteada que está, y aún con todos estos parches, sigue afectando lo más valioso que tenemos en el país: las actividades primarias como el campo”. 

La diputada dijo que Samantha Margarita Garza de la Garza, Paulo Gonzalo Martínez López, Theodoros Kalionchiz de la Fuente, Marcelo Torres Cofiño y Francisco Pelayo Covarrubias han estado en continua comunicación con los sectores afectados y dando la cara en la Comisión.

“El campo habla y el gobierno no escucha. Agricultores, ganaderos, transportistas han alzado la voz todos los días a lo largo y ancho del país, y no son los enemigos políticos del régimen, no están auspiciados por la oposición, lo que están manifestando es desesperación”, subrayó.

El diputado Paulo Gonzalo Martínez López indicó que el documento está “sumamente parchado”, hecho de manera apresurada y con deficiencias. “Este dictamen sufrió más de 90 modificaciones en la comisión, como ajustes de redacción, correcciones de técnica legislativa, cambios forzados a la iniciativa presidencial que de origen estaba mal hecha”.

Aseveró que, incluso con dichos cambios, no se están atendiendo las preocupaciones reales de todos los usuarios del agua, particularmente del sector del campo: quienes producen alimentos, generan empleo y viven en municipios y comunidades.

Consideró que este dictamen debería intentar corregir de forma, pero se mantiene en los mismos errores de fondo: sigue centralizando el agua en manos de la Federación, elimina la certeza jurídica en los títulos de concesión que va ligado a la propiedad de la tierra, criminaliza a los trabajadores del campo porque impondrán sanciones de carácter penal, pone en riesgo a la industria, al comercio, municipios y organismos operadores que no garantizan el derecho humano al agua.

“No se puede votar una ley completamente parchada sin un sustento técnico y que, además, no fueron considerados los productores del campo, ni los municipios, ni la industria. Nosotros sí queremos una Ley de Aguas que esté consensuada, que sea justa, técnica, dé condiciones federalistas y jurídica, y sobre todo, que no criminalice a la gente del campo”.

Apuntó que Morena presume que en la ley no se prohíbe la transmisión de los derechos del agua, lo cual, aseguró, es una mentira, pues “el dictamen ya no prohíbe la transmisión, pero la condiciona completamente a la aprobación de la Federación y un Comité de Agua que estará conformado por instituciones como la Conagua, Semarnat, SHCP y la Secretaría del Bienestar para decirle a los trabajadores si tienen acceso al uso del agua.

“Este dictamen es centralizado, politiza un bien de la nación, como lo es el agua, y lo convierte en un instrumento de control. Éstos son los motivos por los cuales hoy este dictamen presentado en la Comisión no lo estaremos acompañando, y estamos exigiendo entrar a otro espacio de discusión con los productores, la industria, organismos operadores y gobiernos municipales para considerar sus opiniones y, entonces sí, podamos contar con una ley justa, y que atienda todas las demandas de los diferentes sectores del país”.

El diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente explicó lo que es Morena versus la realidad en dicho dictamen, ya que expuso que el dictamen no garantiza el derecho humano al agua, no se asigna presupuesto, ni infraestructura ni metas técnicas, y “lo único que garantiza es que la Federación decidirá si te da agua, cuánta y por un determinado tiempo”. 

Agregó que en el documento se reducen algunos montos, se crean nuevas sanciones y amplían supuestos delitos para encarcelar a productores, se centraliza el agua para administrar el acaparamiento, pues el fondo de reserva queda en la Federación sin reglas para devolver el vital líquido a los estados y las concesiones se transforman en permisos frágiles discrecionales, no heredables, ni transmisibles y sujetos a revisiones permanentes.

El diputado Marcelo Torres Cofiño dijo que dicha ley es “la gran mentira de Morena”, pues una reforma, tratándose de un sistema hídrico sin presupuesto, “queda en una simple propaganda”, porque “su plan no es resolver los problemas del agua en el país, es tener el control político, es ponerle el pie en el cuello al sector productivo del campo. 

“Hoy estamos ante la mayor simulación hídrica en décadas. Presumen una reforma histórica, pero no destinan recursos, no garantizan inversión, no fortalecen la infraestructura y no crean capacidades reales”. 

Enfatizó que para el próximo año hay una reducción para el tema del agua del orden de mil millones de pesos, para quedar en 36 mil millones de pesos y, en contraste, Conagua recibe 25 mil millones en derechos y obligaciones, por lo que “se deja al descubierto que hay un pésimo manejo de los recursos hídricos y de una gran red de corrupción”.

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