Realiza Evangelina Moreno el foro “Mujeres indígenas y el acceso a la justicia. Una discriminación persistente”


Nota 2581


Realiza Evangelina Moreno el foro “Mujeres indígenas y el acceso a la justicia. Una discriminación persistente”


• La diputada de Morena exige la incorporación de un enfoque interseccional para atender la triple discriminación de género, origen étnico y pobreza que enfrentan las mujeres indígenas en el país


Palacio Legislativo de San Lázaro, 20-09-2025.- La diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, realizó el foro “Mujeres indígenas y el acceso a la justicia. Una discriminación persistente”, en el que exigió la incorporación de un enfoque interseccional para atender la triple discriminación de género, origen étnico y pobreza que enfrentan las mujeres indígenas en el país.


“Hoy en este foro de esperanza y acción nos reunimos para hablar de un tema que late en el corazón de la nación: la discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en su acceso a la justicia”, expresó.


Demandó también la implementación efectiva de las leyes, jueces con visión intercultural y mayor presencia de mujeres indígenas en puestos de liderazgo, como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, proponiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el instituto sea dirigido por una mujer.


Recordó que el Gobierno Federal ha decretado el 2025 como el Año de la Mujer Indígena, y que el pasado 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Indígenas; es decir, “podemos constatar que el tema de las condiciones estructurales, en el que se encuentran las mujeres indígenas, se ha visibilizado gradualmente; sin embargo, quedan aún muchas asignaciones pendientes”. 


Refirió que, según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), México aún enfrenta obstáculos graves para estás mujeres agravados por la pobreza, la discapacidad, la migración, la violencia. 


En ese contexto, expuso que en la Cámara de Diputados se presentaron las medidas y políticas públicas para romper esas cadenas y garantizar una justicia inclusiva intercultural y con perspectiva de género.


Entre ellas, destacó la reforma al artículo 2° de la Constitución Política, que representa un hito transformador para los pueblos indígenas y afromexicanos, la cual obliga a la Federación, estados y municipios a implementar políticas que abonen a la erradicación de la discriminación, el racismo y la exclusión, reconociendo a las comunidades indígenas como sujetos de derechos públicos.


Para las mujeres indígenas, mencionó, dicha reforma garantiza su participación equitativa en la toma de decisiones, acceso a la educación, salud y tierras, y protege contra la violencia de género en contextos migrantes, además del acceso a la justicia estatal, considerando los sistemas normativos indígenas y proporcionando intérpretes, defensores y expertos en derechos indígenas pluralismo jurídico y diversidad cultural.


Comentó que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), establece un enfoque diferencial que visibiliza la vulnerabilidad por origen étnico y de género; sin embargo, dijo que las leyes solas no bastan, se necesitan políticas públicas que les den vida.


En materia de políticas públicas, resaltó el trabajo de las casas de las mujeres indígenas, las cuales son centros en todo el país que ofrecen atención integral contra la violencia con perspectiva cultural, salud reproductiva y asesoría legal en lenguajes originarios, además del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos.


Por otro lado, subrayó que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del 2019 al 2024 se convirtió en un instrumento para la redistribución de la riqueza en México, lo cual permitió hacer una transferencia directa tanto a personas, como a comunidades indígenas, que además de reducir la pobreza, ha fortalecido el tejido social y dinamizado la economía en las zonas con mayores rezagos del país. 


“Estas acciones legislativas y de políticas públicas no son promesas vacías, son herramientas concretas para una justicia que no discrimina. Ahora, bajo el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo integra con un enfoque interseccional, atendiendo la triple discriminación de género, origen étnico y pobreza, pero el cambio requiere de nosotros”, expresó.


En su oportunidad, la diputada Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, informó que actualmente está en consulta la Ley General derivada de dicha reforma, con el objetivo de que las constituciones estatales también integren los derechos de las personas indígenas.


Añadió que se aprobó un presupuesto específico en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y una reforma constitucional que otorga personalidad jurídica a las comunidades para administrar directamente recursos públicos.


Resaltó que la presidenta de la República ha sido firme en los planes de justicia y en las acciones afirmativas, y que hoy existe un mando indígena en el Poder Judicial, lo que consideró un signo positivo de avance y recordó que se modificó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para proteger con mayor eficacia a las mujeres.


En este periodo legislativo, dijo, se aprobarán 18 leyes en favor de los derechos de las mujeres. Entre ellas, las reglamentarias de cuatro reformas constitucionales recientes que incluyen: la eliminación de la brecha salarial de género, la modificación del Código Nacional de Procedimientos Penales para juzgar con perspectiva de género, y el fortalecimiento de medidas para garantizar una vida libre de violencia.


Padierna Luna subrayó que en el presupuesto federal de 2025 y para 2026 está contemplado el Anexo 13, con un presupuesto transversal para políticas públicas en favor de las mujeres, además de otro específico para las poblaciones indígenas.


Calificó este proceso como histórico, ya que busca la plena igualdad, la eliminación de la discriminación y la incorporación de todos los derechos, en especial de los pueblos indígenas que llevan más de 500 años de resistencia, y dijo estar “orgullosa de formar parte de una Legislatura que cuenta con una bancada indígena tan fuerte, grande y participativa como nunca antes”.


Por otro lado, la diputada Rocío López Gorosave (Morena) consideró que es importante que las mujeres indígenas se sientan escuchadas y respaldadas. 


“Nosotros, que somos encargados de modificar, de hacer leyes, pues qué mejor que vengan las propuestas de ustedes, de los que viven día a día, de las injusticias, de las discriminaciones, y tengan la seguridad que en nosotras y en nosotros tienen grandes aliados.


“No debe haber discriminación, no debe haber rezago y nosotros vamos a escuchar muy atentamente sus propuestas y vamos a hacer nuestra tarea, que es legislar. Así que cuenten con nosotros como aliados. Y felicidades nuevamente”, afirmó.


La diputada Gloria Sánchez López (Morena) indicó que, en la reforma político-electoral en construcción, se debe garantizar la participación indígena y dejar de depender únicamente de acciones afirmativas del INE y se reconozca directamente en la Constitución.


Recalcó la importancia de incluir las formas propias de representación política de los pueblos indígenas, promoviendo la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones comunitarias y nacionales.


La legisladora también se refirió a la reforma en materia de aguas, por su impacto directo en las comunidades y en las mujeres que asumen tareas de cuidado de la casa y la parcela; así como la reforma en materia de cuidados, donde planteó que se reconozcan en la ley las formas tradicionales de cuidado de los pueblos indígenas, evitando imponer una visión monocultural.


En su intervención, la diputada Amalia López De la Cruz (Morena) señaló que todas las mujeres han enfrentado históricamente brechas de discriminación, pero en el caso de las mujeres indígenas esta exclusión es más compleja y dura, por lo que se requieren políticas y presupuestos específicos que atiendan sus necesidades y reduzcan desigualdades.


Resaltó que las mujeres indígenas viven una doble o triple lucha: ser reconocidas por el Estado y al mismo tiempo transformar usos y costumbres que aún limitan sus derechos. “Este es un proceso histórico que nos acerca a la plena igualdad y a las cero discriminaciones, después de 500 años de resistencia de los pueblos indígenas”.


En su oportunidad, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena) expresó su reconocimiento a las mujeres indígenas que se organizan y encabezan movimientos en la búsqueda del buen vivir, y señaló que hoy los pueblos originarios deben ser protagonistas de una nueva historia en México.


Enfatizó que el último censo reporta que más del 23 por ciento de la población mexicana es indígena, además de la población afromexicana, lo que debería traducirse en una representación política más amplia dentro del Congreso, y denunció que muchas de las curules asignadas a representantes indígenas son ocupadas por personas que no conocen ni trabajan la agenda de los pueblos originarios.


Sin embargo, señaló que, tras la reforma al artículo segundo constitucional, publicada en 2023, el Congreso no cumplió en tiempo con la creación de una ley general de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, cuyo plazo venció en marzo de 2024.


La diputada Marta Aracely Cruz Jiménez (PT) destacó la necesidad de seguir legislando desde la Cámara de Diputados para que las leyes garanticen verdaderamente justicia, y subrayó la obligación de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga los casos de mujeres indígenas y afromexicanas, al tratarse de un grupo en situación de especial vulnerabilidad y riesgo.


Resaltó también que persisten vacíos en la perspectiva intercultural de jueces y autoridades, lo cual obliga a redoblar el trabajo en los años restantes de la Legislatura. 

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