Se realizaron mesas de análisis sobre economía social, como parte de la “Semana Internacional por la Abolición de las Deudas Ilegítimas”

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Nota N°. 4218

Se realizaron mesas de análisis sobre economía social, como parte de la “Semana Internacional por la Abolición de las Deudas Ilegítimas”

Palacio Legislativo, 12-10-2022 (Notilegis).- La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), promotora de la suspensión del pago de la deuda pública, informó que este miércoles se llevaron a cabo las mesas de análisis sobre el empleo, la economía social y las pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), el sindicalismo, los derechos laborales y las pensiones, áreas que tienen que ver con la deuda pública, durante el tercer día de la “Semana Internacional por la Abolición de las Deudas Ilegítimas”.

La parlamentaria indicó que los ponentes son expertos, académicos y miembros de organizaciones que pueden “ilustrarnos acerca de cómo es posible que se desarrolle la economía social” en el país.

Joaquín Vela Humberto González, integrante de la Organización Convergencia Nacional de la Economía Social (Coneso), explicó que la economía social es invisible y abarca un amplio espectro en el ámbito social, como ejemplo, dijo, en Estados Unidos, entre el Estado y las cooperativas generan electricidad; así como desarrollar otras iniciativas públicas sobre otros servicios y el cuidado de los bienes nacionales.

“La economía social abarca el cooperativismo y las economías solidaria, popular y feminista; y recientemente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) están desarrollando la administración social con oposición al manager, pero desafortunadamente en la Facultad de Economía aún nos hace falta este contacto con la sociedad y el desarrollo de currículo para trabajar conjuntamente por la economía social que ha quedado invisibilizada”, añadió.

A su vez, Eduardo Ignacio Torres Velázquez, exvicepresidente de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), dijo que es necesario considerar los antecedentes históricos de las políticas de las micro y pequeñas empresas (Mipymes), maquiladoras de la frontera norte, que dependen de grandes capitales como la industria maquiladora de exportación que generan una serie de problemáticas debido al financiamiento que ofreció a dicho sector.

Lo anterior, comentó, ha generado crecimiento sin desarrollo en la zona, empobrecimiento de la sociedad, desigualdad e inequidad, además pone en amplia desventaja de negociación a las Mipymes frente al poder que representa la gran empresa maquiladora de exportación. 

Señaló que dicha dependencia de las Mipymes en la zona fronteriza norte con los grandes capitales va generando una serie de problemáticas, por lo que consideró necesario impulsar propuestas para impulsar a la micro y pequeñas empresas con apoyo económico y regularizando los financiamientos de dicha industria, para evitar los problemas financieros en un futuro en dicho sector.

Por otro lado, Héctor Rubén Daza, secretario de Economía Popular Gobierno de la Provincia de Jujuy, Argentina, comparó las deudas y el Producto Interno Bruto (PIB) de México y Argentina, y dijo que nuestro país duplica la deuda respecto de dicho país; y en temas del gasto público “ellos con prácticamente la mitad de los recursos que nosotros empleamos pueden llevar a cabo diferentes iniciativas”.

Por lo anterior, consideró que es necesario trabajar para alinear los intereses de los productores y emprendedores, haciendo una currícula con los problemas que enfrentan en el mediano plazo para construir confianza con técnicos expertos en economía social que sepan sobre el tema y conozcan el territorio.

Finalmente, Guadalupe Quetzal, integrante del Colectivo de Cooperativas de la Nueva Central de Trabajadores, planteó que en la economía social y las cooperativas se deben integrar las condiciones necesarias para la protección social a los cooperativistas, ya que “parte de las consecuencias de las deudas, intereses, negociaciones económicas y políticas golpean a las economías sociales y solidarias, de manera particular a los cooperativistas por la ausencia de políticas de atención social”.

“Pugnamos para que las condiciones cambien y se considere la protección social a los cooperativistas de manera más inclusiva. Se necesita la revisión transversal de los marcos jurídicos nacionales y locales, en particular la Ley General de Sociedades Cooperativas y las legislaciones que reglamentan las sociedades mercantiles y los procesos que dan validez a las incidencias en el medio ambiente”, expuso.  

Lo anterior, dijo que se debe rediseñar a partir de la realidad del mercado laboral en México y las instituciones que operan la seguridad social para sumar mecanismos de participación política de la seguridad social en México, con el objeto de generar bienestar.

“Es el momento en que el movimiento cooperativo y de las organizaciones de la economía social y solidaria tengamos la oportunidad de cohesionar como una gran ciudadanía solidaria que tiene la oportunidad de sumar a los no organizados, no empleados y no incluidos en el mercado de trabajo formal y transformar sus aparentes debilidades en impulsos de crecimiento”, concluyó.

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