Durante la discusión en lo particular del dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la diputada federal del PRI, Lorena Piñón Rivera, lanzó una crítica contundente al grupo mayoritario en la Cámara de Diputados, al advertir que Morena “usa el miedo a la extorsión como herramienta para avanzar en su ruta hacia el autoritarismo”. Desde tribuna, la legisladora veracruzana reconoció la urgencia de enfrentar el delito de extorsión, pero alertó que el dictamen aprobado mantiene figuras jurídicas que, a su juicio, vulneran derechos fundamentales. “Todos sabemos lo que la extorsión significa en la vida real: el miedo cotidiano, el negocio que cierra, la familia que huye. Pero bajo el discurso de la seguridad, Morena pretende institucionalizar una maquinaria de persecución y miedo”, afirmó.
Ir a la notaMás que reclamos y culpas al pasado, la seguridad en nuestro país requiere propuestas y acciones enfocadas en alcanzar la paz, pues las cifras mueven, irrefrenablemente, a la reflexión luego de los últimos datos del INEGI que revelan un importante incremento en la percepción de inseguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Dichos números reflejan las profundas preocupaciones ciudadanas que a su vez ponen de manifiesto todas las problemáticas derivadas de la criminalidad, ya ampliamente normalizada entre la población, particularmente en el tema de extorsión. Desde la Tribuna del Palacio de San Lázaro, durante la discusión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la Diputada del Grupo Parlamentario del PRI, Mónica Sandoval, sostuvo que el dictamen otorga un marco de actuación al Estado Mexicano para emprender acciones que enfrenten la problemática, pero no incluye propuestas concretas que pudieran robustecerlo, y al contrario, representa varios riesgos.
Ir a la notaAlejandro Domínguez- Muy buenos días amigas y amigos de los medios de comunicación, agradecerles la oportunidad que nos brindan de estar aquí con ustedes esta mañana. En días pasados presentó en esta cámara una Iniciativa de Reforma Constitucional para crear los tribunales especializados en violencia de género. Este es un modelo que está en dos estados de la república, en el estado de Coahuila y en el estado de Chihuahua, con la finalidad de poder acercar el tema familiar y el tema penal de los problemas que se generan dentro de una familia. El día de hoy vamos a tener una reunión en un momento más con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Leonel Godoy como iniciador, pero me tomé la libertad de solicitarle a la Presidenta del Poder Judicial en el estado de Chihuahua, a la Magistrada Marcela Herrera, previo trabajo que habíamos hecho con la Magistrada Miriam Hernández del Poder Judicial, anterior magistrada presidenta.
Ir a la notaLa Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley contra la Extorsión, que establece penas de hasta 15 años de cárcel por el citado delito que podrá ser denunciado de forma anónima. Con 456 votos a favor, la Cámara baja avaló la propuesta enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución del país. El dictamen también reforma el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La legislación determina una pena de 6 a 15 años de prisión, y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) -una referencia económica en pesos- por el delito de extorsión. Asimismo, define el delito como la acción de “quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico”.
Ir a la notaEl Pleno de la Cámara de Diputados conoció para trámite de declaratoria de publicidad e inició la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política. Además, reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El documento, que deriva del análisis de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de once impulsadas por diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM y PT, expone que el 9 de octubre de 2025 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara reformado el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de extorsión. Con ello, se otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir la ley general que establezca, como mínimo, el tipo penal y sus sanciones en materia de extorsión.
Ir a la notaEn el pleno de los Diputados, avanzó hoy la expedición de la Ley General de Extorsión, a iniciativa de la presidenta. (En dos sesiones) Se homologan leyes en todo el país y habrá 15 años o más de cárcel para este delito, según las agravantes. Este delito se perseguirá de oficio y se dará protección a las víctimas, señaló el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno (Morena). El dictamen de la Ley de Extorsión, que se aprueba por mayoría de votos, contempla que este delito se persiga de oficio, homologar el tipo penal y establecer 34 agravantes, entre ellos cobro de piso, violencia y montachoques. Así como imposición de precios a productos o servicios, el uso del sistema financiero para el depósito, y la comisión contra candidatos a cargos de elección popular, afectaciones a migrantes o menores de edad, el uso de información privada, “secuestro virtual” o simulación de ser servidor público. Propone una pena básica que va de 6 a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y que podría aumentar en una tercera parte por agravantes. Para legisladores del PAN, sin recursos esta reforma será letra muerta porque no habrá dinero para adquirir medios tecnológicos y de inteligencia, ni para la protección y cuidado de las víctimas, para las campañas de prevención o para que los penales adquieran equipo para el bloque de señales de celular.
Ir a la notaIntegrantes del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior se manifestaron afuera de la Cámara de Diputados para exigir el etiquetado de dos mil millones de pesos del Presupuesto 2026 para basificación, homologación y renivelación salarial. Celestino Jiménez Aparicio, integrante del Frente Nacional de Trabajadores de Telebachillerato, anunció que pedirán ser recibidos por miembros de diferentes comisiones legislativas a quienes pedirán abatir el rezago salarial de las y los profesores de educación media superior. Jiménez explicó que en otros subsistemas pagan retroactivos de forma inmediata y no tienen ninguna presión de gasto, mientras que en organismos descentralizados como Conalep, Colegio de Bachilleres, Telebachilleratos comunitarios y preparatorias populares, año tras año han solicitado a la Secretaria de Educación el etiquetado de recursos para el retroactivo de política salarial.
Ir a la notaEste martes, la Cámara de Diputados inició la discusión en el pleno de la reforma a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la propuesta recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios, bajo el compromiso de que ya no habrá excusas del gobierno federal para combatir el delito. La extorsión, se detalló en la exposición de motivos, se ha venido expandiendo en las últimas décadas, en un primer periodo durante la década de 1990 al enfrentar el país una crisis económica y posteriormente cuando se dio la expansión de la delincuencia organizada, junto a la colusión entre autoridades y grupos criminales. Durante la exposición de posiciones por las distintas bancadas que conforman la Cámara Baja, la crítica central de la oposición fue hacia la llamada política de “Abrazos, no balazos” del expresidente López Obrador de quien reclamaron dejó crecer el delito sin un combate apropiado. La presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, anunció la aprobación en lo general por 456 votos a favor, sin votos en contra y cero abstenciones La panista Margarita Zavala advirtió que el dictamen contempla la prisión preventiva, cuando es una sanción que debería medirse, ante la posibilidad de que la autoridad se equivoque.
Ir a la notaLa presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó esté lunes que las sesiones para discutir iniciativas como la Ley General contra las extorsiones el Presupuesto de Egresos de 2026, se realizarán de manera presencial, es decir con todos los diputados y diputadas presentes en el pleno de San Lázaro. “Como presidenta de la Cámara de Diputados: estoy absolutamente convencida que se necesita trabajar, se necesita debatir (…) esta semana estamos obligados a estar aquí presentes, estamos obligados a dar un debate respetuoso y las sesiones serán absolutamente presenciales”, dijo López Rabadán en entrevista con medios de comunicación. La panista detalló que la ruta para discutir el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión tendrá publicidad mañana martes en el pleno y será el miércoles cuando se apruebe. Desde el oficialismo, Ricardo Monreal, líder de los morenistas, también hizo circular un oficio para exigir a su bancada la asistencia presencial de al menos 80 diputados en las sesiones de pleno, es decir, una tercera parte de la fuerza guinda en la Cámara baja. Kenia López Rabadán aclaró que la convocatoria a sesiones presenciales no implica necesariamente el fin de las sesiones semipresenciales, mediante las cuales las y los legisladores pueden participar a distancia y que es un mecanismo impulsado a raíz de la pandemia por Covid-19. Explicó que no es competencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados poner fin a las sesiones semipresenciales y puntualizó que en dado caso, sería tema de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con aprobación del pleno de San Lázaro.
Ir a la notaCon el propósito de que la Mesa Directiva pueda aplicar las sanciones correspondientes en caso de que algún legislador contravenga lo establecido por la ley, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a las fuerzas políticas a construir los acuerdos necesarios para integrar el Comité de Ética previsto por el Código de Ética de esta representación. López Rabadán señaló que ser representante de la Nación no es solo un privilegio sino una responsabilidad, e insistió en que es necesario prestigiar la política. Asimismo, recordó que la normatividad interna prevé que la Mesa Directiva aplique sanciones aprobadas por el Comité de Ética y lamentó que la actuación de algunos legisladores haya afectado la imagen de la Cámara de Diputados. “La Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados habrá de ejecutar una sanción para algún legislador o legisladora cuando esa sanción sea definida por el Comité de Ética de esta Cámara de Diputados. Todos sabemos que no se ha constituido el Comité de Ética y yo, de manera muy respetuosa, lo digo de verdad de manera institucional, ojalá y se logren los acuerdos para que ese Comité de Ética se constituya”, indicó.
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