Alcaldes y legisladores del PAN denunciaron un atraco al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), luego que la mayoría en San Lázaro avaló una cláusula en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que le permite a la Secretaría de Bienestar confiscar de forma ilegal recursos que le corresponden a estados y municipios. Acusaron que a través de esta disposición, en 2025 al Fondo le quitaron 13 mil millones de pesos y para 2026, pretender repetir la medida. El vicecoordinador económico de la bancada, el diputado Héctor Saúl Téllez, dijo que a estos recortes se suman los subejercicios registrados por el Fondo en el primer semestre del año, los cuales ascienden a 6 mil 900 millones de pesos. El coordinador Elías Lixa explicó que del 100 por ciento del presupuesto, el 80 por ciento lo gasta el Gobierno federal y del 20 por ciento restante, el 16 por ciento es para los estados y sólo el 4 por ciento se destina a los municipios.
Ir a la notaDiputadas y diputados del grupo parlamentario del PT impulsan una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a fin de garantizar la reinserción social efectiva de las personas adolescentes infractores que hayan cumplido con sus medidas de sanción respectivas. La iniciativa, suscrita por las y los diputados Reginaldo Sandoval Flores, Mary Carmen Bernal Martínez, Greycy Marian Durán Alarcón y Luis Fernando Vilchis Contreras, propone modificar los artículos 2, 12, 46, 50, 71, 72, 77, 79, 81 y 154 de dicha norma; fue turnada a las comisiones de Justicia y de Juventud para dictamen y opinión, respectivamente. Plantea que en la Federación y en las entidades federativas haya un área de reinserción social, adscrita a la autoridad administrativa especializada en la materia de justicia para adolescentes. Dicha área tendría la atribución de gestionar el acceso de las personas jóvenes a programas sociales que permitan su libre desarrollo tras el cumplimiento de las medidas de sanción correspondientes, así como de realizar la articulación interinstitucional mediante la coordinación y colaboración con las autoridades corresponsables.
Ir a la notaEl diputado federal Rubén Moreira Valdez alertó sobre la grave disminución de recursos destinados a la conservación y mantenimiento de carreteras, caminos rurales, calles y avenidas en todo el país, particularmente en la Ciudad de México, que registra un deterioro histórico en la infraestructura urbana donde los baches y socavones han proliferado por todas las zonas de la capital. En el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, el legislador del PRI señaló que, mientras en 2018 se destinaron 34 mil millones de pesos a la conservación de carreteras, este 2025 apenas se presupuestaron 21 mil millones, y gran parte de esos recursos aún no están asignados. En mesa de análisis con los especialistas Mario Di Costanzo y Francisco Lezama y los abogados Miguel Ángel Sulub y Julián Proa, recordaron que el Ramo 23, que antes financiaba obras de infraestructura en municipios y ciudades, ha presentado reducciones drásticas, destinando más del 50 por ciento de su presupuesto actual a otras obras, sin etiquetar recursos específicos para vialidades.
Ir a la notaEl diputado federal Rubén Moreira Valdez advirtió que la reforma a la Ley de Amparo que impulsa el gobierno de Morena, "es un acto criminal", con el que se da un paso más hacia la dictadura, limita gravemente el derecho de los ciudadanos a defenderse de los abusos de autoridad y representa un retroceso histórico en materia de libertades y derechos humanos. “El juicio de amparo ha sido, por más de un siglo, el instrumento que los ciudadanos tenían para detener actos inconstitucionales de las autoridades; ahora Morena quiere convertirlo en un trámite inútil y proteger al Estado, no al gobernado”, señaló el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Destacó la desaparición de sanciones a autoridades que incumplen amparos, porque hoy un funcionario puede ser destituido o multado si no cumple, pero con la reforma las multas se pagarían con dinero público; candado contra la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, aun si un juez considera que una persona no debe ser encarcelada, la reforma lo obligaría a mantenerla en prisión.
Ir a la notaLa presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Cámara de Diputados reducir el presupuesto del Poder Judicial en unos 15 mil millones de pesos. Aseguró que el presupuesto que llegó a San Lázaro tiene un aumento propuesto por la gestión de la presidenta anterior de la Corte. Dice que el Congreso definirá el destino de esos recursos, pero la propuesta es redirigirlos a salud, educación e inversión pública.
Ir a la notaAlejandro Domínguez, diputado federal por el PRI, informó que el próximo miércoles comparecerá el Secretario de Hacienda Armando Zamora, a fin de explicar el paquete presupuestal. El legislador anticipó que no hay claridad en cuanto a lo que recibirá Chihuahua ni el resto de las entidades federativas y solo se visualiza el fortalecimiento de una hidroeléctrica en Juárez. En cuanto al rubro de la seguridad, el legislador dijo que hay un incremento en la milicia; sin embargo, hay reducción en las policías civiles. Del mismo modo se aumenta en el IMSS Bienestar, pero se descuida al resto del sector salud.
Ir a la notaEl diputado federal Asael Hernández Cerón (PAN) hizo un llamado a los legisladores federales de Morena para unir esfuerzos y atraer más recursos al estado de Hidalgo dentro del presupuesto 2026. Hernández Cerón señaló que el trabajo legislativo debe priorizar los intereses de la población, sin importar mayorías ni colores partidistas. De acuerdo con el legislador, México atraviesa un momento en el que la distribución de recursos debe atender las necesidades de los municipios. El legislador recordó que anteriormente existía un fondo en el Ramo 20, que permitía gestionar partidas específicas para proyectos locales, y destacó la importancia de recuperar esa visión de apoyo.
Ir a la notaEn días recientes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, un plan fiscal que propone incrementar la recaudación federal en productos de consumo cotidiano, como cigarros y refrescos, con el objetivo de mejorar la salud pública. La iniciativa plantea modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), un gravamen adicional al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica específicamente a artículos nocivos para la salud, como los cigarros. El proyecto no solo contempla los cigarros tradicionales, sino también productos relacionados, como bolsas de nicotina y dispositivos electrónicos, que estarán sujetos al ajuste que eleva la tasa ad valorem —calculada sobre el precio base de los productos de tabaco— del 160 % vigente a un nuevo 200 %.
Ir a la notaEl Paquete Económico 2026 ha generado fuertes críticas por parte de legisladoras del PAN, quienes advierten que representa un duro golpe al sector salud y compromete el futuro financiero del país con más deuda e impuestos. La diputada federal Verónica Pérez Herrera recordó que en 2025 ya se aplicó un recorte de 113 mil millones de pesos en salud, y para 2026 se sumarán 94 mil millones de pesos menos respecto a 2024. Esto, aseguró, pone en riesgo la atención médica de millones de mexicanos. Por su parte, la diputada Patricia Jiménez Delgado señaló que este Paquete Económico plantea un crecimiento de apenas entre 1.1 y 1.4%, cifras que contrastan con el optimismo del Gobierno Federal, que asegura llegar a 1.8 o 2.8%. Sin crecimiento real, advirtió, no habrá empleo ni ingresos suficientes para el país.
Ir a la notaPorque los mexicanos tienen derecho a saber cómo se gastará cada peso de su dinero, las y los diputados federales del PRI exigimos a la Secretaría de Hacienda que publique de inmediato los datos completos del Paquete Económico 2026. En comunicado de prensa, señalan «es muy grave que, por primera vez en más de una década, Hacienda oculte la información detallada del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Esta falta de transparencia impide que estados y municipios puedan elaborar sus propios presupuestos y priva a la ciudadanía de un análisis real sobre las prioridades del gasto». Se trata, dicen, de una irresponsabilidad gubernamental que oscurece el manejo de las finanzas públicas y abre la puerta a la duda, al desvío y a la corrupción.
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