El diputado del Grupo Parlamentario del PRI, Jericó Abramo Masso, planteó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud en materia de triage, con el objetivo de que cada institución pública priorice la atención médica basándose en el nivel de gravedad a fin de clasificar y seleccionar a los pacientes que acuden para ser atendidos. Explicó que dicho sistema de triage deberá ser público y visible en las instalaciones de cada institución, especificando la clasificación y los tiempos aproximados de espera, apegándose en todo momento a los términos y tiempos de espera establecidos según el sistema implementado
Ir a la notaLas diputadas del PRI, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Laura Ivonne Ruiz Moreno, impulsan una iniciativa que plantea reformar el artículo 30 de la Ley General de Educación, a fin de que los planes y programas de estudio de la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares incorporen el fomento de la salud mental. La propuesta, turnada a la Comisión de Educación, refiere que la salud mental es un tema sumamente complejo y delicado, ya que los estudios-incorporen-el-fomento-de-la-salud-mental.html 1/3 padecimientos en la materia se incrementaron derivados de la pandemia por el Covid-19. Menciona que un estudio elaborado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) arrojó que alrededor de 50 por ciento de los universitarios padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Mientras que el 80 por ciento de los que sufren depresión no reciben tratamiento, a pesar de que esos padecimientos comienzan entre los 14 y 15 años.
Ir a la notaLa posible extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y los organismos locales de transparencia ha generado preocupación en diversos sectores. La presidenta del Congreso de Baja California Sur, Karina Olivas Parra, reconoció que la desaparición de siete organismos autónomos proveniente de la Cámara de Diputados a nivel federal podría ser discutida y votada en el Congreso local en los próximos días.
Ir a la notaA pesar de que el ilícito de extorsión es uno de los principales delitos cometidos en el país, también es uno de los menos denunciados, pues se estima que, por cada 100 casos, en sólo dos se abre una carpeta de investigación, según un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD). De acuerdo el documento “Propuestas para tipificar la extorsión como delito grave”, elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, las principales modalidades de extorsión en nuestro país son el cobro de piso y los engaños y amenazas vía telefónica. Destaca que, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se reportaron 10,337 denuncias por el delito de extorsión, cifra similar a la de 2022 (10,343). En ese año, las entidades federativas que registraron un mayor número de averiguaciones previas por el delito de extorsión en 2023 fueron: Estado de México (4,010); Veracruz (881); Guanajuato (801); Nuevo León (797) y Jalisco (588). En contraparte, los estados con menor número de averiguaciones previas por este delito fueron: Coahuila (30); Chiapas (18); Yucatán (14); Chihuahua (5); y Tlaxcala (3). El miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 19 constitucional que incluye a la extorsión en el catálogo de delitos en los que se debe aplicar la prisión preventiva oficiosa.
Ir a la notaYa sin los proyectos clave de la anterior administración federal, como el Tren Maya y Chapultepec: Naturaleza y Cultura, el sector cultural sufrirá un recorte de alrededor de 28 por ciento –es decir, poco más de una cuarta parte– en 2025 respecto de 2024, en caso de aprobarse el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que fue entregado el viernes al Poder Legislativo. El paquete económico presentado por Hacienda asigna a la Secretaría de Cultura federal (SC) para 2025 un presupuesto de 12 mil 81 millones de pesos (mdp), 4 mil 673 millones menos que este año, cuando se le otorgaron 16 mil 754 mdp, lo que representa una disminución de 27.8 por ciento. Esta es la menor asignación de recursos públicos en materia de cultura desde la creación de esa secretaría, en 2015, cuyo presupuesto más bajo había sido en 2017, cuando recibió 12 mil 428 millones de pesos.
Ir a la notaEl Instituto Nacional Electoral (INE) prevé iniciar el miércoles próximo los trabajos de la elección de juzgadores, a la par de interponer recursos ante el propio Poder Judicial en relación con más de medio millar de solicitudes de amparos en contra de la reforma constitucional en esta materia. También se abrirá una mesa de diálogo con los diputados para analizar el anteproyecto elaborado por el INE, duramente criticado por la presidenta Claudia Sheinbaum: 15 mil 295 millones para la operación del instituto y, como presupuesto precautorio, 13 mil 205 millones para la elección de jueces, magistrados y ministros, además de 4 mil 620 millones por si se requiere la realización de una consulta ciudadana. A esta bolsa político-electoral debe sumarse el financiamiento público para los seis partidos nacionales, por 7 mil 354 millones; a diferencia de las anteriores, esta última cifra es fija, pues se calcula a partir de una fórmula establecida en la Constitución. Acorde con la declaración de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, el INE ofrecería sensibilidad para revisar el anteproyecto presupuestal, pero también pide una actitud recíproca para que se considere que el dinero es el necesario para mover –dijo– toda la maquinaria del organismo. Tanto la consejera como Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE y presidente de la Cámara de Diputados, se refirieron a la importancia de definir dos aspectos fundamentales: ¿En la elección de juzgadores, programada para el primer domingo de junio de 2025, se instalarán 170 mil casillas?, como en el proceso federal pasado, o se optaría por sitios masivos, que concentren varias secciones electorales.
Ir a la notaA través de X, anteriormente Twitter, el senador Ricardo Monreal Ávila anunció que el Comité de Evaluación del Legislativo federal ya se encuentra registrando a las y los aspirantes a funcionarios judiciales, quienes serán elegidos o elegidas en junio de 2025. Además, detalló que al 15 de noviembre se han registrado dos mil 378 personas, la mayoría en proceso de validación. También llamó a las y los interesados a participar y recordó que el 24 de noviembre cierra el plazo para postularse. Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos para participar en la elección judicial: acta de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad mexicana; INE vigente; título que acredite al candidato o candidata con Licenciatura en Derecho.
Ir a la notaLos diputados federales morenistas Julia Olguín Serna y José Narro Céspedes consideraron justo el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 para la entidad. En tanto, la panista Noemí Luna Ayala reprochó que “Zacatecas vuelve a ser uno de los estados más castigados”. Lo anterior, luego de que el viernes el PPEF del próximo año diera a conocer que se contemplan 40 mil 272.9 millones de pesos en gasto programable para Zacatecas, lo que implica un recorte de 10.8 por ciento, ya que para 2024 se aprobaron 45 mil 162.5 millones. En relación a ello, Narro Céspedes argumentó: “es un proyecto responsable, pues cuida las finanzas del país y es una propuesta que va orientada a fortalecer los programas sociales”. Afirmó que se debe ser realista “en un punto donde hay una desaceleración de las economías” y destacó que se busca fortalecer la política de austeridad y eliminar gastos duplicados. Precisó que el esquema de apoyos como para mujeres de 60 a 64 años, Salud Casa por Casa, además de otros como becas escolares, “es parte de la estrategia de redistribuir la riqueza”.
Ir a la notaSegún las estadísticas del Inegi, en México hay 561 mil camiones de carga”. La misma Institución indica que cada año, más de cinco mil personas pierden la vida en accidentes viales, de los cuales más de mil 600 involucran tráileres, especialmente los de doble remolque. “Entendemos que la permanencia de este tipo de vehículos es un tema económico para las empresas que operan flotas de autotransporte de carga pues el uso de estas unidades les representa un recorte significativo de costos operativos al permitirles trasladar más del doble de toneladas de mercancías en cada recorrido”, advirtió el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM “Resulta inmoral que sigamos poniendo en riesgo la vida de las personas que transitan por nuestras carreteras sólo porque algunos buscan mantener intactas sus ganancias”. No se puede omitir el peligro que estas unidades representan para quienes circulan a diario por las arterias terrestres, principalmente porque exceden frecuentemente las dimensiones, los pesos regulados por la ley y violan los límites de velocidad por llegar pronto a entregar una carga porque ya tienen otra en puerta, y no sólo se expone los operadores y sus ayudantes, también a terceras personas que van desde una a varias familias afectadas.
Ir a la notaLa impunidad en este país tiene niveles espeluznantes. El año pasado se cometieron 31.3 millones de delitos, de los cuales 29.1 millones no se denunciaron o la autoridad no inició una carpeta de investigación, lo que el Inegi registra como la “cifra negra”. Millones de delitos sin perseguir ni castigar. Millones de víctimas que no han accedido a la justicia ni a la reparación del daño. Es de 82 homicidios al día el promedio que se cuenta este año. Lo peor es que de cada 100 delitos que se cometen, 95 de ellos quedan sin castigo. La impunidad en México es devastadora. Y el diputado Rubén Moreira se opone a la prisión preventiva oficiosa porque así lo dicta una Comisión Interamericana que está en Washington, pero que los gringos no respetan y mucho menos obedecen.
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